Estados Unidos deportó a Cuba a Fernando Armando Valdés Pérez, un ciudadano cubano de 61 años acusado de trabajar durante décadas para los servicios de inteligencia de La Habana y de infiltrarse en círculos de exiliados y opositores. La expulsión se concretó el 7 de agosto, después de una investigación federal que concluyó que ocultó esos presuntos vínculos al solicitar y obtener la residencia permanente estadounidense.
Valdés, residente en Kendall, Florida, fue detenido el 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante un operativo en el que participaron el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). También tenía ciudadanía guatemalteca, un dato incorporado a los antecedentes revisados por las autoridades migratorias.
Una operación prolongada dentro del exilio
Según ICE, Valdés habría actuado como agente de inteligencia cubano desde mediados de los años noventa. Su función consistía en acercarse a comunidades de exiliados y disidentes, recopilar información sobre sus actividades y transmitirla a estructuras del régimen, tanto en Estados Unidos como en otros países de América Latina.
Los investigadores destacaron su capacidad para ganarse la confianza de sectores del sur de Florida. ICE sostiene que mantuvo una relación cercana con el fallecido Luis Posada Carriles, conocido por su oposición al castrismo, y con otras figuras de la comunidad cubanoamericana hasta poco antes de su arresto. Ese nivel de acceso explica por qué el caso fue tratado no solo como un asunto migratorio, sino también como un posible riesgo de seguridad nacional.
Matthew Elliston, director de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE en Miami, afirmó que quienes ocultan vínculos con servicios de inteligencia extranjeros para obtener beneficios migratorios amenazan la integridad del sistema. Las autoridades no revelaron qué información habría recopilado Valdés ni si existen investigaciones contra otras personas. La deportación quedó sustentada principalmente en dos acusaciones: colaboración con la inteligencia cubana y ocultamiento deliberado de esa relación durante su proceso migratorio.
