El expresidente ecuatoriano Rafael Correa elevó este miércoles las condiciones que, a su juicio, permitirían reabrir el canal diplomático entre Ecuador y México: una disculpa formal del Gobierno de Daniel Noboa, la reparación de los daños derivados de la irrupción policial en la Embajada mexicana en Quito y la entrega del exvicepresidente Jorge Glas al país que le había concedido asilo. La posición, expuesta en una entrevista con EFE en Ciudad de México, vuelve a situar el caso Glas como el punto de mayor fricción en una ruptura bilateral que ya cumple dos años.
Para Correa, la devolución de Glas a México sería una señal inicial indispensable para reconstruir la relación. “Debe entregar a Jorge Glas a México para ver si se puede empezar a restablecer las relaciones bilaterales”, afirmó. El exmandatario sostuvo además que Noboa debe ofrecer “una gran disculpa” a México, planteando que la normalización no puede limitarse a un intercambio de gestos diplomáticos, sino que requiere medidas concretas frente a un hecho que Quito y Ciudad de México interpretan desde posiciones irreconciliables.
La entrada a la embajada sigue siendo el núcleo de la crisis
La ruptura se originó en abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas ingresaron en la Embajada de México en Quito para detener a Glas. El entonces exvicepresidente, que enfrenta procesos y condenas por corrupción en Ecuador, se encontraba dentro de la sede diplomática después de que México le concediera asilo. La operación provocó la reacción inmediata del Gobierno mexicano, que rompió relaciones con Ecuador y llevó el asunto ante instancias internacionales.
Correa calificó el ingreso como un hecho “gravísimo” y sin antecedentes comparables, especialmente por haber sido ejecutado por agentes estatales y autorizado por el Gobierno ecuatoriano. Su argumento se apoya en un principio central de las relaciones internacionales: la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. La Convención de Viena establece que los locales de una embajada no pueden ser penetrados por autoridades del Estado receptor sin consentimiento del jefe de misión, una garantía diseñada para impedir que las tensiones políticas o judiciales se trasladen por la fuerza al interior de las legaciones.
Asilo y justicia nacional, dos lógicas en conflicto
El desacuerdo no se explica únicamente por el operativo policial. También refleja una disputa sobre los límites del asilo diplomático cuando la persona protegida es requerida por la justicia del país donde se ubica la embajada. México defendió la concesión de asilo a Glas; Ecuador consideró que el exvicepresidente no podía quedar fuera del alcance de sus tribunales. Esa colisión entre protección diplomática y persecución penal había generado tensiones antes de la entrada a la sede, pero la intervención física transformó una controversia jurídica en una crisis de soberanía y de confianza.
La exigencia de Correa de que Glas sea entregado a México coloca el debate en un terreno particularmente difícil. Para Quito, acceder a esa demanda implicaría renunciar a la custodia de una figura sometida a procesos judiciales internos. Para México, cualquier negociación que ignore el asilo concedido podría interpretarse como una aceptación implícita de que la irrupción en su embajada produjo los resultados buscados. Por eso, la disputa sobre una persona concentra en realidad un conflicto más amplio sobre reglas diplomáticas, jurisdicción y precedentes regionales.
Una reparación con alcance político y jurídico
La petición de disculpas y reparación formulada por Correa tiene una dimensión política, pero también conecta con las consecuencias que puede tener el caso en foros internacionales. Una disculpa oficial no resolvería por sí sola las diferencias sobre Glas ni anularía los procedimientos judiciales ecuatorianos, aunque podría funcionar como reconocimiento de que la actuación estatal afectó obligaciones diplomáticas. La reparación, en cambio, abre un campo más complejo: puede abarcar garantías de no repetición, compromisos institucionales o mecanismos acordados por las partes, además de las decisiones que eventualmente adopten tribunales internacionales.
La relevancia de esos elementos supera el vínculo bilateral. América Latina ha atravesado numerosas disputas por asilos, exilios y persecuciones judiciales, pero la protección física de las embajadas ha sido una regla especialmente sensible. Si los gobiernos concluyen que la presión policial puede sustituir los canales diplomáticos o judiciales, se debilita la previsibilidad que permite a las misiones operar incluso durante crisis políticas. De ahí que México haya presentado el episodio no solo como una controversia con Ecuador, sino como una cuestión que afecta al sistema diplomático en su conjunto.
El costo de una relación suspendida
La ausencia de relaciones diplomáticas plenas limita la capacidad de ambos gobiernos para tramitar desacuerdos mediante interlocutores permanentes y complica la cooperación consular, política y económica. Aunque los Estados pueden mantener contactos indirectos y mecanismos mínimos para atender asuntos urgentes, la falta de embajadores y de una relación institucional normalizada reduce los márgenes para resolver incidentes futuros. También deja a los ciudadanos y empresas con menos herramientas de acompañamiento estatal en asuntos que requieren coordinación bilateral.
Hasta ahora, la declaración de Correa expresa la postura de un expresidente y dirigente político, no una propuesta oficial acordada entre los gobiernos. Sin embargo, identifica los obstáculos que probablemente seguirán presentes en cualquier intento de acercamiento: el estatus de Glas, la evaluación jurídica de la entrada a la embajada y la forma en que Ecuador responda a la demanda mexicana de responsabilidad. Mientras esos tres asuntos permanezcan sin una salida aceptable para ambas partes, el restablecimiento de relaciones seguirá dependiendo menos de la voluntad declarada de diálogo que de la capacidad de transformar una crisis de principios en compromisos verificables.
