Entre enero y los primeros días de septiembre de 2026, al menos 16 feminicidios fueron documentados por Diario CAMBIO en nueve municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla. Los casos ocurrieron en Huauchinango, Zacapoaxtla, Pantepec, Venustiano Carranza, Ixtacamaxtitlán, Huehuetla, Tlatlauquitepec, Tenampulco y Cuetzalan, una distribución que muestra que la violencia contra las mujeres no se concentró en un solo punto, sino que atravesó comunidades rurales, cabeceras municipales y localidades de difícil acceso.
El recuento hemerográfico incluye ataques cometidos por parejas o familiares, secuestros, agresiones con armas de fuego y armas blancas, así como hechos atribuidos a grupos armados. La diversidad de escenarios impide reducir la crisis a un único patrón criminal. Sin embargo, varios expedientes comparten elementos de extrema violencia, abandono de cuerpos en caminos o barrancas y, en algunos casos, ausencia de personas detenidas o de información pública suficiente sobre el avance de las investigaciones.
Un mapa de violencia que se extendió por nueve municipios
El año comenzó con el hallazgo de Nadia Sampayo Sánchez, de 33 años, localizada el 16 de enero junto a la autopista México-Tuxpan, en Xilocuautla, Huauchinango. Presentaba signos de tortura, golpes y un alambre colocado en la boca. El 4 de febrero, Natividad, de 49 años, fue asesinada dentro de su vivienda en Texocoyohuac, Zacapoaxtla. La víctima recibió cuatro impactos de bala y tenía lesiones que llevaron a iniciar la investigación bajo protocolo de feminicidio.
En Pantepec, el 20 de febrero, Juana Francisca, de 58 años, y su nieta Evelyn, de 13, fueron asesinadas con machetes afuera de una clínica de salud en Mecapalapa. El doble crimen provocó una marcha pacífica el 1 de marzo para exigir justicia. Días después, en Venustiano Carranza, Yoana Lizet Vargas, madre de dos menores, fue encontrada sin vida en una zanja de la colonia La Libertad, en Villa Lázaro Cárdenas. Había sido reportada como posiblemente secuestrada cuando salió a correr y presentaba huellas de tortura y heridas de machete.
El triple crimen de Ixtacamaxtitlán marcó el primer trimestre
El caso de mayor número de víctimas en un solo hecho ocurrió en Ixtacamaxtitlán. Después de 19 días de búsqueda, el 23 de marzo fueron localizados los cuerpos de Félix Bentura Martínez, de 42 años, y de sus hijas Johana María, de 20, y Yeraldine, de 9, en un camino de terracería. Las tres habían sido privadas de la libertad el 4 de marzo en Cuyoaco por un grupo armado que irrumpió en su domicilio. Los cuerpos presentaban huellas de tortura y exposición de órganos, mientras que un bebé de meses de nacido fue sustraído y posteriormente localizado con vida.
El 1 de abril se informó sobre la detención de dos personas. De acuerdo con la información difundida entonces, dos mujeres habrían ordenado el levantón para entregar a las víctimas a presuntas bandas dedicadas a la trata de personas en Veracruz. La hipótesis muestra una posible conexión entre la violencia feminicida y otras redes delictivas, aunque la responsabilidad penal de los señalados deberá establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.
La violencia también ocurrió dentro de los hogares
Una parte relevante de los casos documentados tuvo como escenario el ámbito familiar o de pareja. En Zacapoaxtla, Susana, de 34 años, fue apuñalada en múltiples ocasiones por su esposo, Marco Antonio, después de una discusión ocurrida el 14 de junio en la comunidad de Xaltetela. El hombre intentó suicidarse tras el ataque. En Venustiano Carranza, Mónica, de 40 años, murió la noche del 5 de julio luego de que Rafael N. la atacara con un machete dentro de su domicilio, en La Uno. Según los reportes, la agresión comenzó después de que ella le reclamara por encontrarse en estado de ebriedad. El presunto agresor fue detenido en el lugar, pero intentó atacar a los policías con la misma arma y resultó herido.
En Tlatlauquitepec, Miriam Peña Posadas, una enfermera de 34 años, fue asesinada a balazos presuntamente por su pareja, Patricio N., alias “El Pato”, quien escapó en un automóvil Chevrolet Corsa gris. El ataque ocurrió el 13 de julio en una vivienda ubicada frente al Panteón Comunitario de Ixmatlaco, en una zona donde convergen los municipios de Tlatlauquitepec, Zaragoza y Zautla. La ubicación evidencia una dificultad adicional para la atención institucional: los hechos pueden ocurrir en áreas limítrofes donde la respuesta y la coordinación entre autoridades municipales requieren mayor claridad.
Los últimos casos elevan la presión sobre las autoridades
El 30 de agosto fueron encontrados en Tenampulco los cuerpos de Claudia Martínez, de 46 años, y Margarita Hernández, de 38. Ambas habían sido privadas de la libertad; fueron localizadas atadas, amordazadas y degolladas en la comunidad de Salsipuedes, cerca de una barranca y de la carretera El Chacal-Salsipuedes. Reportes locales señalaron que cuatro hombres armados, que circulaban en tres motocicletas, fueron vistos en la zona y huyeron hacia Veracruz. Ese señalamiento orienta una línea de investigación, pero por sí solo no sustituye la identificación formal de los responsables.
El caso más reciente ocurrió en Cuetzalan el 2 de septiembre. María Francisca Hernández, de 62 años, e Isabel Díaz, de 30, fueron halladas sin vida en una vivienda de Cuamayta, junta auxiliar de Santiago Yancuitlalpan. Madre e hija presentaban heridas provocadas por un arma punzocortante. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Hernán N. y Santiago N. como presuntos responsables y señaló inicialmente una discusión familiar entre una madrastra y su hijastro como posible origen del ataque. La detención representa un avance procesal, aunque la investigación deberá esclarecer la mecánica completa de los hechos y la eventual responsabilidad individual de cada acusado.
Más que una cifra: fallas de prevención y acceso a justicia
El recuento de 16 víctimas en nueve municipios permite observar dos dimensiones simultáneas. Por un lado, están los asesinatos cometidos en contextos de violencia doméstica, donde las amenazas, el consumo problemático de alcohol y los conflictos de pareja pueden convertirse en agresiones letales. Por otro, aparecen secuestros, ataques colectivos y posibles vínculos con estructuras criminales. La respuesta pública, por tanto, no puede limitarse a investigar cada homicidio de manera aislada: requiere fortalecer las medidas de protección, la detección temprana de riesgo, la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y la coordinación entre municipios, Fiscalía y autoridades estatales.
También es necesario distinguir entre el conteo periodístico y las cifras oficiales definitivas. Diario CAMBIO identifica los casos mediante seguimiento hemerográfico y varios fueron investigados bajo el protocolo de feminicidio; la clasificación jurídica puede modificarse conforme avancen las carpetas y los procesos judiciales. Aun con esa precisión, la repetición de hechos violentos, la presencia de cuerpos en zonas apartadas y la participación presunta de parejas, familiares o grupos armados revelan una emergencia regional que exige resultados verificables: esclarecimiento de los crímenes, detenciones sustentadas, protección para las familias y prevención efectiva para evitar que la violencia siga ampliándose por la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.
