El Gobierno cubano acusó este jueves a Estados Unidos de aplicar una política de “agresión cruel y despiadada” contra la población de la isla, tras el anuncio de nuevas sanciones contra un nieto del expresidente Raúl Castro, el Banco Exterior de Cuba y varias empresas vinculadas al sector energético. La reacción de La Habana llega en un momento de severas dificultades económicas y de prolongados apagones, que han situado la disponibilidad de combustible y la generación eléctrica en el centro de la tensión entre ambos países.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, sostuvo en redes sociales que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha difundido información falsa sobre Cuba para justificar las medidas de Washington. Según el canciller, las sanciones buscan causar sufrimiento a la población mediante decisiones “fríamente calculadas” para inducir una crisis humanitaria. También calificó de “castigo colectivo” el conjunto de restricciones estadounidenses y exigió el fin del embargo económico que Washington mantiene sobre la isla desde hace más de seis décadas.
Las nuevas designaciones y la posición de Washington
Las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado incluyen a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, al Banco Exterior de Cuba y a varias compañías energéticas estatales. Washington no detalló en el texto difundido todos los efectos prácticos de cada designación, pero este tipo de medidas suele implicar restricciones financieras, limitaciones para realizar operaciones con personas o entidades sujetas a jurisdicción estadounidense y un aumento de los riesgos para terceros que mantengan vínculos comerciales con los sancionados.
Rubio afirmó que las nuevas medidas reflejan la “visión inquebrantable” del presidente Donald Trump de una Cuba libre. La Administración estadounidense ha presentado las sanciones como una herramienta para presionar al Gobierno cubano, al que responsabiliza de violaciones de derechos humanos, corrupción y falta de apertura política. Desde esta perspectiva, limitar los recursos de estructuras estatales y de altos funcionarios busca reducir la capacidad de control del Ejecutivo de La Habana y elevar el costo internacional de sus actuaciones.
La diferencia de enfoques es central para entender el nuevo choque diplomático. Mientras Washington sostiene que sus decisiones se dirigen contra el aparato estatal y quienes considera responsables de abusos, La Habana afirma que las restricciones afectan inevitablemente a la economía en su conjunto, encarecen las importaciones, dificultan los pagos internacionales y reducen la capacidad del país para adquirir combustibles, alimentos, medicamentos y piezas de repuesto. La disputa no es solo política: también gira en torno al impacto real de las sanciones sobre una economía con escaso acceso al crédito y alta dependencia de las importaciones.
Una ofensiva sostenida desde mayo
La actual ronda de sanciones forma parte de una estrategia más amplia puesta en marcha tras la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo. La disposición contempla sanciones contra personas y entidades que proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico al Gobierno cubano o que operen en sectores considerados estratégicos, entre ellos energía, defensa, finanzas y minería. También prevé restricciones de entrada a Estados Unidos para extranjeros vinculados con entidades gubernamentales cubanas, casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Desde entonces, los anuncios se han sucedido aproximadamente cada dos semanas. Las primeras medidas se dirigieron contra el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres. Posteriormente fueron incluidos los ministros de Comunicaciones, Mayra Arevich, y de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, además de organismos como los ministerios de Turismo y de la Construcción.
La lista también ha incorporado a empresas de sectores industriales y extractivos, como Moa Nickel S.A., Geominera S.A., Cubapetróleo y la Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero. La amplitud de los sectores alcanzados revela que la política estadounidense ya no se concentra exclusivamente en figuras políticas o de seguridad, sino que abarca áreas relevantes para la obtención de divisas, el abastecimiento energético y la actividad productiva cubana.
Apagones y deterioro económico elevan el impacto
La presión externa coincide con una crisis energética especialmente aguda. Cuba atraviesa dificultades persistentes en su sistema eléctrico desde mediados de 2024, agravadas este año por los problemas para garantizar suministros de combustible. Las autoridades cubanas han denunciado un “asedio petrolero” de Estados Unidos, mientras que Washington vincula sus decisiones a la necesidad de impedir que recursos externos sostengan al aparato estatal de la isla.
El resultado visible para la población son apagones de más de 20 horas diarias en La Habana y de hasta 72 horas consecutivas en otras zonas del país, según los datos difundidos en la información oficial cubana. Los cortes afectan el transporte, la conservación de alimentos, el funcionamiento de pequeños negocios, la producción industrial y los servicios domésticos. En una economía ya marcada por la escasez y la inflación, la interrupción eléctrica amplifica problemas que no se limitan al suministro de energía.
La economía estatal cubana se encuentra prácticamente paralizada en varios ámbitos, de acuerdo con el contexto descrito por las autoridades y analistas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé una contracción de al menos 6,5 % para la economía del país, mientras economistas independientes estiman que la caída acumulada entre 2020 y 2025 supera el 15 %. Las cifras reflejan una crisis de varios años en la que confluyen la reducción de ingresos externos, problemas de productividad, limitaciones financieras y el deterioro de infraestructuras.
Una disputa con efectos regionales y humanitarios
La nueva escalada mantiene abierto un conflicto de larga data entre La Habana y Washington. El Gobierno cubano atribuye al embargo estadounidense una parte decisiva de sus dificultades para comerciar y financiarse, aunque críticos de las autoridades cubanas señalan también el peso de la gestión económica interna, la centralización productiva y la falta de reformas estructurales. Ambas dimensiones condicionan el debate: las sanciones añaden obstáculos concretos, pero operan sobre una economía que ya arrastraba fragilidades profundas.
El alcance de las medidas dependerá de su aplicación efectiva y de la respuesta de socios comerciales, bancos y proveedores internacionales. La inclusión de entidades financieras y energéticas puede elevar la cautela de actores extranjeros, incluso cuando no estén formalmente obligados por la legislación estadounidense, por temor a sanciones secundarias o dificultades para operar en dólares. En ese escenario, la crisis energética y la confrontación diplomática amenazan con reforzarse mutuamente, mientras la población cubana continúa enfrentando el costo cotidiano de la escasez y los apagones.
