La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó que se han iniciado más de 460 investigaciones penales por hechos que afectan al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) entre 2025 y el primer semestre de 2026. Los expedientes incluyen acusaciones de sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación, en un período marcado por prolongados cortes de electricidad y por una creciente fragilidad de la infraestructura energética del país.
El comunicado fiscal sitúa la ofensiva judicial dentro de una estrategia estatal para proteger instalaciones consideradas esenciales para la generación y distribución de energía. La entidad sostuvo que los delitos contra el SEN tienen consecuencias que trascienden el daño material, al afectar servicios vinculados al suministro de agua, las comunicaciones, el transporte y la actividad económica. Sin embargo, las cifras divulgadas no establecen qué proporción de los apagones registrados responde a acciones delictivas y cuál se deriva de fallas técnicas, falta de combustible o averías en las plantas generadoras.
El sabotaje pasa a ocupar el centro de la respuesta penal
Según la FGR, el Tribunal Supremo Popular determinó desde mayo de 2025 que pueden ser calificados como sabotaje los actos vandálicos mediante los cuales se sustraigan, dañen, alteren o perjudiquen entidades, componentes, piezas o partes destinadas al sistema eléctrico. Esa interpretación incorpora al ámbito de un delito de alta gravedad conductas relacionadas con instalaciones y equipos de la red nacional.
El Código Penal cubano prevé para el sabotaje sanciones que van de siete a 30 años de privación de libertad, además de prisión perpetua o pena de muerte en los supuestos contemplados por la legislación. La fiscalía aseguró que las personas juzgadas durante 2026 por hechos vinculados a este delito contra el SEN han recibido, mayoritariamente, condenas de entre nueve y 20 años de cárcel.
El organismo señaló asimismo que ha solicitado penas severas atendiendo a la gravedad de los hechos, los daños económicos y la afectación a la población. De los imputados presentados ante los tribunales, el 87% quedó bajo prisión provisional, de acuerdo con la nota oficial. Las consecuencias también pueden incluir el decomiso o la confiscación de bienes asociados a la actividad investigada, entre ellos vehículos, maquinaria agrícola y otros medios utilizados presuntamente para cometer los delitos.
Robos de aceite y metales concentran las denuncias
La sustracción de aceite dieléctrico de transformadores y de angulares empleados en torres de alta tensión figura entre los hechos más recurrentes. La FGR contabilizó más de 300 denuncias por esas conductas desde mayo de 2025 hasta la primera mitad de 2026. Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa concentraron los mayores registros, según la información divulgada.
También se reportaron cortes y robos de cables, alambres y tornillos de las redes de distribución, así como daños en parques solares fotovoltaicos. El hurto de estos materiales suele tener un impacto operativo superior a su valor de reventa: una pieza retirada de una torre o un transformador afectado puede obligar a desconectar circuitos, prolongar reparaciones y reducir la capacidad de respuesta de una red que ya funciona con márgenes limitados.
La fiscalía advirtió que algunas personas han muerto mientras intentaban sustraer componentes de líneas energizadas. El señalamiento pone de relieve un riesgo adicional: las instalaciones eléctricas no solo son vulnerables a robos y daños, sino que representan un peligro inmediato para quienes manipulan equipos de alta tensión sin condiciones de seguridad ni conocimientos técnicos.
Una red deteriorada bajo presión de combustible e inversiones
La persecución penal ocurre mientras Cuba atraviesa una profunda crisis energética que se intensificó desde mediados de 2024. El SEN depende en gran medida de termoeléctricas envejecidas, sometidas a averías frecuentes y a mantenimientos prolongados. La insuficiencia de inversiones acumulada durante años ha limitado la renovación de unidades de generación, redes de transmisión y equipos de distribución, mientras la demanda eléctrica mantiene presión sobre una capacidad disponible inestable.
La situación se agravó desde enero de 2026, cuando el bloqueo petrolero de Estados Unidos redujo las importaciones de crudo hacia la isla, según el contexto expuesto en la información oficial. La FGR atribuyó parte de las contingencias al “cerco energético” estadounidense. Al mismo tiempo, el deterioro técnico de las plantas y la escasez de combustible son factores reconocidos en los reportes oficiales sobre déficit de generación, por lo que el problema combina condicionantes externos con debilidades estructurales internas.
En casi 24 meses, el país ha sufrido 12 apagones generales, siete de ellos durante 2026. Esos colapsos nacionales se suman a los cortes programados y no programados que afectan cotidianamente a hogares, comercios, servicios públicos e industrias. En ese escenario, los daños deliberados contra la red pueden profundizar interrupciones locales, pero no explican por sí solos una crisis caracterizada por déficits de generación a escala nacional.
El alcance de la estrategia será medido por la recuperación del servicio
La apertura de cientos de procesos refleja la decisión de las autoridades de emplear el sistema penal como instrumento de disuasión ante delitos contra infraestructura crítica. La severidad de las sanciones anunciadas busca elevar el costo de acciones que comprometan equipos escasos o de difícil reposición. Para las autoridades, proteger transformadores, cables, torres y parques solares es una condición necesaria para evitar que incidentes puntuales agraven un sistema ya sometido a contingencias recurrentes.
No obstante, la eficacia de esa respuesta dependerá también de la capacidad para reparar, modernizar y abastecer el sistema eléctrico. La judicialización puede reducir determinados robos o actos de vandalismo, pero la estabilidad del servicio seguirá vinculada a la disponibilidad de combustible, al mantenimiento de las termoeléctricas, a la expansión de fuentes renovables y a inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de la red. Mientras esos factores no mejoren de forma sostenida, la población continuará expuesta a cortes de electricidad incluso si disminuyen los delitos denunciados contra el SEN.
