La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga escalonada para el registro obligatorio de líneas de telefonía celular que se extenderá hasta el 31 de diciembre. La medida responde al bajo cumplimiento alcanzado hasta ahora: de las más de 144 millones de líneas activas, solo 63 millones han sido vinculadas a un titular identificado, lo que representa apenas el 43,7 por ciento del total.
El calendario establece plazos diferenciados según el último dígito de cada número. Las líneas terminadas en 0 tendrán hasta el 15 de agosto; las que finalizan en 1, hasta el 31 de agosto; las terminadas en 2, hasta el 15 de septiembre, y así sucesivamente hasta las que acaban en 9, que contarán con plazo hasta el 31 de diciembre. Una vez vencido cada periodo, las compañías suspenderán el servicio en un lapso de 72 horas, limitando las funciones a llamadas de emergencia y a la propia operadora.
Contexto de la medida y alcance internacional
La decisión sitúa a México entre los 166 países que ya exigen identificación para adquirir una línea telefónica. La CRT argumenta que eliminar el anonimato reducirá delitos como extorsión y fraude. Sin embargo, el ritmo de adhesión ha sido inferior al esperado, lo que obligó a modificar los plazos originales y a establecer un esquema gradual que busca evitar un colapso operativo en las empresas de telecomunicaciones.
El bajo porcentaje de registro refleja dificultades tanto de difusión como de confianza institucional. Datos oficiales muestran que 40,2 millones de líneas de prepago y 22,8 millones de pospago ya están vinculadas, mientras que más de 81 millones permanecen sin identificar. Esta brecha plantea interrogantes sobre la efectividad de las campañas de información previas y sobre los mecanismos de verificación empleados por las operadoras.
Análisis de especialistas en seguridad y datos
Expertos consultados coinciden en que el registro por sí solo no resuelve el problema de la extorsión. David Saucedo, analista en seguridad, señala que el crimen organizado ya comercializa chips prerregistrados con identidades ajenas en el mercado negro, lo que debilita el objetivo de trazabilidad. A su juicio, la ausencia de una campaña clara y sostenida impidió que la población comprendiera los alcances y límites de la medida.
Anahiby Becerril, especialista en ciberseguridad, advierte que la delincuencia utiliza cada vez más líneas extranjeras, voz sobre IP e identidades sintéticas. Por tanto, considera necesario complementar el registro con mejoras en investigación criminal, cooperación internacional y capacidades forenses. Además, recuerda que cualquier política debe equilibrarse con el artículo 6 constitucional, que garantiza el acceso a las telecomunicaciones, evitando que las restricciones afecten desproporcionadamente a sectores vulnerables.
Transparencia y protección de datos
José Torres, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, subraya la necesidad de compromisos concretos de transparencia por parte de la CRT y las operadoras. Entre las demandas figuran protocolos claros de desvinculación, plazos de conservación de datos y mecanismos independientes de supervisión. La exposición reciente de bases de datos tanto públicas como privadas ha erosionado la confianza ciudadana, por lo que la percepción de riesgo sobre el uso indebido de la información personal influye en la resistencia al registro.
El análisis de la prórroga revela un equilibrio delicado entre seguridad pública y derechos digitales. Mientras el gobierno busca cerrar la ventana de anonimato que facilita ciertos delitos, la sociedad civil exige garantías de que los datos recolectados no serán utilizados más allá de los fines declarados ni permanecerán indefinidamente en poder de terceros. La extensión hasta diciembre ofrece un margen para corregir fallas de comunicación y fortalecer los controles, pero también pone a prueba la capacidad de las autoridades para generar adhesión voluntaria antes de que se activen las suspensiones masivas.
