La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que Monsanto, propiedad de Bayer desde 2018, no puede ser demandada en tribunales estatales por omitir advertencias sobre cáncer en las etiquetas de Roundup. El fallo se basa en que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) consideró improbable el vínculo cancerígeno cuando el producto se usa según instrucciones y rechazó exigir tal advertencia. Esta decisión bloquea miles de reclamos presentados por usuarios que alegan haber desarrollado linfoma no Hodgkin tras exposiciones prolongadas.
El expediente central fue el de John Durnell, un residente de Misuri de 75 años que utilizó el herbicida durante más de dos décadas en parques públicos. Un jurado le otorgó 1,25 millones de dólares en 2023, suma que nunca cobró debido a la apelación. El caso llegó al máximo tribunal bajo la interpretación de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), que impide a los estados imponer requisitos de etiquetado distintos a los aprobados por la EPA.
Precedentes regulatorios y efectos sectoriales
La sentencia refuerza la preeminencia de la regulación federal sobre las normas estatales en materia de etiquetado de pesticidas. Esta doctrina de preempción afecta directamente a fabricantes de productos fitosanitarios, ya que reduce la exposición a litigios por omisión de advertencias cuando la EPA ha evaluado el riesgo. Bayer, que ya destinó 16.000 millones de dólares a resolver reclamos previos, mantiene una oferta de acuerdo colectivo por 7.250 millones que aún debe ser revisada en Misuri.
La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas estima que el glifosato se aplica en cerca de 300 millones de acres de cultivo en Estados Unidos. Su retirada obligaría a muchos productores a adoptar herbicidas más agresivos y costosos, alterando cadenas de suministro y márgenes de rentabilidad. La decisión de Bayer de retirar las formulaciones residenciales con glifosato del mercado estadounidense ya refleja un ajuste estratégico para limitar la exposición legal en el segmento doméstico.
Tensiones entre evidencia científica y protección regulatoria
El núcleo del conflicto radica en la divergencia entre la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que en 2015 clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno para humanos, y las revisiones de la EPA de 2019 y 2020, que lo consideraron poco probable que cause cáncer. La Corte privilegió la evaluación federal al interpretar que FIFRA obliga al fabricante a usar la etiqueta aprobada salvo autorización expresa de cambio.
Una de las consecuencias estructurales es que la aprobación regulatoria adquiere mayor peso como escudo frente a demandas por falta de advertencia. Sin embargo, el fallo no cierra todas las vías: acciones por defectos de diseño del producto o por negligencia en la formulación siguen abiertas. Durnell ya anunció que evalúa presentar una nueva demanda bajo fundamentos distintos, lo que podría generar un segundo frente litigioso.
Perspectivas de actores involucrados
La administración Trump respaldó a Monsanto ante la Corte, argumentando que la EPA realizó un análisis exhaustivo de la evidencia. En cambio, el movimiento Make America Healthy Again, vinculado al secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., criticó la decisión por contradecir advertencias previas del propio Kennedy sobre riesgos oncológicos del glifosato. Kennedy reconoció simultáneamente la necesidad de mantener el suministro por razones de seguridad alimentaria y nacional.
Grupos ambientalistas como Beyond Pesticides y Earthjustice calificaron el fallo como un retroceso para la salud pública, señalando que la aprobación de la EPA no equivale a prueba de inocuidad absoluta. Abogados de demandantes, como Christopher Seeger, advirtieron que miles de casos quedarán sin resolución judicial, aunque el acuerdo colectivo propuesto podría compensar parcialmente a algunos afectados.
Escenarios futuros y riesgos residuales
El fallo podría incentivar a reguladores estatales a explorar mecanismos alternativos, como restricciones al uso o requisitos de registro más estrictos, en lugar de depender exclusivamente de advertencias en etiquetas. Al mismo tiempo, la posibilidad de litigios por defectos de diseño abre un canal que fabricantes deberán monitorear con atención en próximos años.
Entre los riesgos identificados se encuentra el aumento potencial de exposición crónica si el glifosato mantiene o amplía su uso agrícola sin nuevas advertencias. Esto podría generar mayor presión sobre sistemas de salud pública y seguros médicos en regiones con alta aplicación del producto. Otro riesgo es la fragmentación regulatoria: si estados intentan sortear la preempción mediante otras vías legales, la industria enfrentaría un mosaico de normas que elevaría costos de cumplimiento.
La decisión también podría influir en debates legislativos sobre reforma de FIFRA o mayor transparencia en evaluaciones de la EPA. Mientras tanto, Bayer continúa defendiendo que Roundup no causa cáncer y busca cerrar la mayor cantidad posible de casos mediante acuerdos extrajudiciales. El equilibrio entre protección regulatoria federal, demandas estatales y evidencia científica seguirá definiendo el panorama de los herbicidas a base de glifosato en los próximos años.
