Un tribunal chino condenó a Jiang Chaoliang, exjefe del Partido Comunista de China en Hubei durante el inicio de la pandemia de covid-19, a pena de muerte suspendida durante dos años por aceptar sobornos superiores a 746 millones de yuanes, equivalentes a unos 104 millones de dólares. La resolución prevé que, tras el periodo de suspensión, la condena sea conmutada por cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena ni libertad condicional.
Confiscación de bienes y pérdida de derechos políticos
El Tribunal Popular Intermedio de Nanjing, situado en la provincia oriental de Jiangsu, también privó a Jiang de sus derechos políticos de por vida y ordenó la confiscación de todos sus bienes personales. Los activos obtenidos de forma ilícita y los rendimientos derivados de ellos deberán ser entregados al Tesoro estatal, según la sentencia.
El fallo sostiene que Jiang aprovechó distintos cargos desempeñados entre 1995 y 2025, tanto en entidades financieras estatales como en gobiernos provinciales. De acuerdo con el tribunal, favoreció a empresas y particulares en operaciones empresariales, concesión de préstamos, adjudicación de proyectos y promociones laborales a cambio de sobornos.
Una condena no inmediata
La corte valoró que el exdirigente confesó sus delitos, aportó información sobre otros casos y devolvió las ganancias ilícitas. Por esos factores atenuantes, determinó que la pena capital no debía ejecutarse de manera inmediata. En China, las sentencias de muerte suspendidas durante dos años son habituales en los grandes procesos por corrupción y, si el condenado no comete nuevos delitos en ese lapso, suelen convertirse en cadena perpetua.
Las penas de muerte sin suspensión son menos frecuentes en este tipo de causas y se reservan para casos considerados de extrema gravedad. En el caso de Jiang, la sentencia fija de antemano que la eventual conmutación no abrirá la puerta a beneficios posteriores de reducción de condena o libertad condicional.
Su salida de Hubei en 2020
Jiang fue gobernador de Jilin entre 2013 y 2016 y dirigió el Partido Comunista en Hubei desde 2016 hasta 2020. Fue destituido de este último puesto en febrero de 2020, durante las primeras semanas de la pandemia, en medio de críticas por la gestión inicial del brote de coronavirus detectado en Wuhan.
El proceso se inscribe en la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012. Esa campaña ha alcanzado a funcionarios de distintos niveles y a responsables de empresas estatales.
