El conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023 entre Israel y las milicias de Gaza, lideradas por Hamás, representa un punto de inflexión en la larga disputa territorial y política entre israelíes y palestinos. Ese día, los ataques coordinados desde Gaza provocaron la muerte de aproximadamente 1.200 personas en territorio israelí y la captura de 251 rehenes. La respuesta militar israelí, que continúa hasta la fecha, ha generado más de 73.000 muertes en Gaza según cifras acumuladas hasta junio de 2026. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU, en su informe más reciente, pide que cada soldado israelí implicado sea investigado por posibles crímenes de lesa humanidad y genocidio, elevando el debate jurídico a un nivel sin precedentes.
El miembro de la comisión Chris Sidoti enfatizó que el Ejército israelí ha disparado intencionadamente contra niños, una afirmación respaldada por patrones de ataques documentados en zonas residenciales y escuelas. Esta conclusión no surge de manera aislada: se inscribe en una serie de resoluciones previas de organismos internacionales que han señalado el uso desproporcionado de fuerza desde el inicio de la ofensiva. La lógica subyacente es que, si se demuestra intención sistemática de destruir parcial o totalmente a un grupo protegido por la Convención de Genocidio de 1948, los individuos responsables pueden ser procesados independientemente de su jerarquía militar.
Antecedentes históricos y jurídicos del conflicto
La disputa entre Israel y Palestina tiene orígenes que se remontan al mandato británico y la partición de 1947. Desde entonces, múltiples guerras y acuerdos de paz fallidos han dejado como saldo la ocupación de Cisjordania, el bloqueo de Gaza desde 2007 y ciclos recurrentes de violencia. El ataque de Hamás del 7 de octubre rompió una relativa calma que duraba desde la última escalada importante en 2021. La respuesta israelí, denominada “Espadas de Hierro”, se justificó inicialmente como operación de autodefensa, pero rápidamente escaló hacia objetivos más amplios de desmantelamiento de infraestructura militar y gubernamental en Gaza. La presencia de más de 13.000 estadounidenses combatiendo junto a las fuerzas israelíes en marzo de 2024, según datos oficiales israelíes, añade una dimensión transnacional que complica aún más la atribución de responsabilidades.
La jurisdicción universal, invocada por Sidoti, permite que tribunales nacionales de cualquier país juzguen crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cometidos en cualquier parte del mundo. Casos previos como el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998 o las investigaciones contra oficiales sirios en Alemania demuestran que esta herramienta puede activarse incluso cuando el Estado de origen no coopera. Aplicada al contexto de Gaza, implica que soldados israelíes o voluntarios extranjeros podrían enfrentar detenciones al regresar a Europa, Canadá o Australia, siempre que existan pruebas suficientes y voluntad política de los fiscales locales.
Repercusiones en el comercio de armas y la cooperación militar
La recomendación de suspender completamente el comercio de armas con Israel afecta directamente a países que han mantenido flujos constantes de suministros. Alemania, por ejemplo, autorizó exportaciones por valor de cientos de millones de euros en los primeros meses posteriores al 7 de octubre, mientras que Estados Unidos aprobó paquetes de ayuda militar suplementaria que superan los 14.000 millones de dólares. Si varios Estados europeos deciden acatar la recomendación de la comisión, se generaría un efecto dominó en las cadenas de suministro de municiones y sistemas de precisión. Este cambio no solo impactaría la capacidad operativa israelí a corto plazo, sino que también podría alterar equilibrios estratégicos en Oriente Medio, donde otros actores como Irán observan de cerca cualquier señal de debilitamiento de las alianzas occidentales con Israel.
Además, la mención explícita a los asentamientos ilegales en Cisjordania y la necesidad de suspender el apoyo financiero a los mismos abre un frente adicional. Empresas y bancos que financian proyectos en esos territorios podrían enfrentar sanciones secundarias o demandas civiles en jurisdicciones europeas, similar a lo ocurrido con compañías involucradas en actividades en territorios ocupados en otros conflictos. La presión económica resultante podría acelerar debates internos en Israel sobre el costo de mantener la ocupación frente a posibles aislamientos diplomáticos y financieros.
Impacto en el derecho internacional humanitario y la ayuda humanitaria
El llamado a adaptar la ayuda humanitaria a las necesidades reales de Gaza y a restablecer la escolarización y los servicios sanitarios apunta a una crisis que trasciende el conteo de víctimas. Más de 600.000 niños han perdido acceso regular a la educación desde octubre de 2023, según estimaciones de agencias de la ONU. La destrucción sistemática de infraestructura hospitalaria ha provocado un colapso en la capacidad de atender heridas de guerra y enfermedades crónicas. Si los Estados donantes comienzan a condicionar la ayuda a garantías de cumplimiento del derecho internacional humanitario, se podría establecer un precedente para futuros conflictos donde la protección de civiles se vincule directamente al flujo de recursos.
La recomendación de investigar a miles de ciudadanos de terceros países que han combatido junto al Ejército israelí introduce un elemento de responsabilidad individual que hasta ahora había permanecido en segundo plano. Estos voluntarios, al regresar a sus países de origen, podrían ser sometidos a investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal. Países como Francia o el Reino Unido ya han abierto expedientes preliminares en casos similares de ciudadanos que participaron en conflictos extranjeros, lo que sugiere que el mecanismo está operativo y solo requiere pruebas concretas para activarse.
Consecuencias a largo plazo para la estabilidad regional
Si las investigaciones avanzan y derivan en condenas, el precedente podría modificar la forma en que los ejércitos estatales planifican operaciones en zonas urbanas densamente pobladas. La doctrina de “daños colaterales aceptables” enfrentaría mayor escrutinio legal, obligando a revisiones doctrinales en fuerzas armadas de múltiples países. Al mismo tiempo, la percepción de impunidad o de justicia selectiva podría erosionar la credibilidad de las instituciones internacionales entre poblaciones del Sur Global, que ya cuestionan la aplicación desigual del derecho internacional en conflictos como el de Ucrania versus el de Gaza.
El restablecimiento de la escolarización y los servicios sanitarios no es solo una medida humanitaria inmediata; constituye una inversión en la estabilidad futura de la región. Generaciones de niños palestinos sin acceso a educación formal representan un riesgo estructural de radicalización y de perpetuación del ciclo de violencia. Por el contrario, una reconstrucción coordinada bajo supervisión internacional podría sentar las bases para procesos de reconciliación más amplios, aunque estos requerirían voluntad política que actualmente parece lejana tanto en Israel como entre las facciones palestinas.
En última instancia, el informe de la comisión coloca sobre la mesa una pregunta central: si el sistema de justicia internacional puede responder de manera efectiva cuando las víctimas son palestinas y el presunto agresor es un Estado aliado de potencias occidentales. La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro de Gaza, sino también la viabilidad del derecho internacional como herramienta de contención de conflictos armados en las próximas décadas.
