El arancel del 12,5% que Estados Unidos aplica a determinados productos colombianos podría ser reducido a cero en los próximos días, de acuerdo con la información divulgada por Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). La eventual decisión dependería de la publicación definitiva de un decreto colombiano destinado a impedir el ingreso de bienes, materias primas e insumos fabricados mediante trabajo forzoso en otros países.
Díaz aseguró durante el 38° Congreso Nacional de Exportadores que la medida estadounidense estaría cerca de desmontarse y que el alivio beneficiaría a 1.751 empresas colombianas, especialmente aquellas pertenecientes a sectores intensivos en mano de obra. El dirigente gremial aclaró que el gravamen no se originó en una acusación de que Colombia utilice directamente trabajo forzoso, sino en la exigencia de Washington de contar con un instrumento jurídico que controle el riesgo de entrada de productos elaborados bajo esas condiciones.
Un alivio condicionado a una norma colombiana
La exigencia central de Estados Unidos consiste en establecer un mecanismo de gestión del riesgo para identificar y limitar el ingreso de mercancías vinculadas con trabajo forzoso. Según Analdex, no se trata de una prohibición absoluta para todas las importaciones, sino de un sistema que permita a las autoridades evaluar el origen y las condiciones de producción de determinados bienes.
El retraso en la expedición de esa regulación se convirtió en uno de los principales obstáculos para eliminar el arancel. Díaz cuestionó que el instrumento no hubiera sido aprobado durante el gobierno de Gustavo Petro y atribuyó la demora a diferencias burocráticas entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El proceso, afirmó, estuvo marcado por un prolongado “tire y afloje” institucional.
La publicación del proyecto de decreto para comentarios abrió una ventana para que Colombia cumpla con la condición planteada por Estados Unidos. Sin embargo, la reducción del arancel todavía depende de la expedición definitiva de la norma y de la evaluación que haga Washington sobre su alcance. Por ello, la fecha señalada por el gremio exportador representa una expectativa con fundamentos concretos, pero no una decisión formal ya ejecutada.
El terremoto aceleró las gestiones con Washington
La discusión arancelaria adquirió una dimensión adicional después del terremoto del 10 de agosto de 2026. Ante el impacto de la emergencia sobre empresas y cadenas productivas, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó al presidente Donald Trump la suspensión de los gravámenes como una medida de apoyo para la recuperación económica.
En ese contexto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió el 20 de agosto con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Greer expresó la solidaridad de la administración estadounidense con el Gobierno y la población colombiana, y respaldó los trabajos de recuperación y reconstrucción. También calificó el sismo como un desafío temprano y difícil para la administración colombiana.
El encuentro tuvo además un componente comercial. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) reiteró su interés en fortalecer los vínculos económicos bilaterales y avanzar hacia la negociación expedita de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco. Para Bogotá, la reconstrucción no depende únicamente de la ayuda de emergencia: también requiere preservar el acceso a mercados, recuperar la capacidad exportadora y atraer nuevas oportunidades de inversión.
Una reducción importante, pero insuficiente
Si el arancel baja a cero, las empresas colombianas recuperarían margen de competencia en el mercado estadounidense y enfrentarían menores costos para colocar sus productos. El efecto sería especialmente relevante para actividades intensivas en trabajo, en las que unos pocos puntos porcentuales pueden definir si una operación resulta rentable o pierde participación frente a proveedores de otros países.
No obstante, Analdex advirtió que la agenda pendiente es más amplia. Los aranceles estadounidenses sobre hierro, acero y aluminio siguen afectando a cerca de 2.490 empresas colombianas. Estas medidas tienen un impacto que puede extenderse más allá de los exportadores directos, pues encarecen insumos, alteran contratos de suministro y reducen la capacidad de competir en sectores industriales relacionados.
Díaz sostuvo que Estados Unidos concentra cerca del 30% de las ventas externas de Colombia y, por esa razón, no puede ser considerado un destino más dentro de la estrategia comercial. La dependencia tiene un doble efecto: ofrece un mercado de gran escala y con demanda estable, pero también expone a Colombia a decisiones regulatorias y arancelarias adoptadas en Washington. La prioridad, por tanto, es conservar ese mercado mientras se reducen los riesgos de concentración.
Diversificar sin debilitar la relación principal
La posición de Analdex es que fortalecer los vínculos con Estados Unidos y diversificar los destinos de exportación no son objetivos incompatibles. Colombia necesita aumentar sus ventas al mercado estadounidense, pero también ampliar la base de compradores para evitar que cambios políticos o regulatorios en un solo país condicionen el desempeño de todo el sector externo.
En esa estrategia aparece Israel, con el interés de reanudar las exportaciones de carbón colombiano. Díaz afirmó que representantes de la Embajada de Israel le transmitieron la disposición de su país a retomar las compras y que existe una preferencia por el carbón procedente de Colombia. El Gobierno nacional estaría evaluando autorizar nuevamente esos despachos.
El TLC con Israel enfrenta un asunto jurídico
Para Analdex, la reapertura de las ventas de carbón debería estar acompañada por la plena reactivación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. El gremio indicó que, aunque el gobierno de Petro anunció la denuncia del acuerdo, la ley que lo ratifica continúa vigente dentro del ordenamiento colombiano.
La discusión no es únicamente comercial. Díaz señaló que un decreto del Ejecutivo no tendría facultades para derogar una ley de la República, por lo que el restablecimiento completo del tratado requeriría un intercambio de notas diplomáticas entre las cancillerías de ambos países. La publicación definitiva del decreto colombiano sobre trabajo forzoso y la definición de la situación jurídica del TLC con Israel serán, así, dos decisiones distintas, pero conectadas por una misma prioridad: ampliar las oportunidades de exportación en un momento en que la reconstrucción exige ingresos, empleo y mercados abiertos.
