El estado de Coahuila reporta que el 99.9 por ciento de su plantilla activa de seguridad ha sido sometida a las pruebas de control de confianza, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al cierre de junio de 2026. Esta cifra ubica a la entidad entre las mejor evaluadas del país y refleja un proceso sostenido de revisión que el gobierno estatal vincula directamente con la reducción de riesgos de infiltración y el fortalecimiento institucional.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que estos resultados derivan de una política de evaluaciones permanentes que combina exámenes psicológicos, poligráficos, médicos y patrimoniales. El objetivo declarado es garantizar que quienes integran las corporaciones policiales cumplan con estándares de integridad que la ciudadanía percibe como indispensables para mantener los niveles de seguridad que distinguen a Coahuila frente a otras entidades.
Indicadores de aprobación y seguimiento
De manera complementaria, el estado registra únicamente un 0.8 por ciento de elementos que no aprobaron las evaluaciones y que permanecen en activo. Las autoridades informan que estos casos se encuentran en distintas etapas de separación del servicio o sujetos a procedimientos administrativos y legales, con respeto a los derechos laborales correspondientes. Esta proporción resulta inferior al promedio nacional reportado por el SESNSP, donde varios estados superan el 5 por ciento de personal no aprobado sin resolución definitiva.
El seguimiento de estos casos se realiza a través de una coordinación que involucra a la Fiscalía General del Estado y a las propias corporaciones municipales. El proceso busca evitar tanto la permanencia de personal no apto como la vulneración de garantías individuales, un equilibrio que el gobierno presenta como parte de su estrategia integral de profesionalización.
Coordinación con fuerzas federales
Los resultados no se atribuyen exclusivamente a acciones estatales. El Ejecutivo coahuilense destaca la colaboración permanente con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las fiscalías federales. Esta articulación permite cruzar información de inteligencia y estandarizar criterios de evaluación, lo que reduce la posibilidad de que personal reprobado en una entidad sea contratado en otra sin que se detecte el antecedente.
En el contexto nacional, el control de confianza surgió como respuesta a la necesidad de depurar corporaciones tras la expansión del crimen organizado en la década de 2000. Estados con menor porcentaje de personal evaluado enfrentan críticas recurrentes por la falta de transparencia en los procesos de reclutamiento y por la persistencia de vínculos con grupos delictivos. Coahuila, al alcanzar prácticamente la totalidad de su plantilla revisada, presenta un contraste que las autoridades locales vinculan con la percepción favorable de seguridad en municipios como Saltillo, Piedras Negras y Torreón.
Impacto en la percepción ciudadana
Las encuestas de victimización y percepción de seguridad que publica el INEGI de manera periódica ubican consistentemente a estas tres ciudades entre las mejor evaluadas del país. Aunque la correlación entre evaluaciones de confianza y reducción de delitos no es automática, el gobierno estatal sostiene que la profesionalización de las fuerzas policiales contribuye a mejorar la confianza ciudadana y, con ello, la disposición de la población a denunciar y cooperar con las autoridades.
El proceso de evaluación no se limita a una sola aplicación. Las corporaciones coahuilenses realizan revisiones periódicas que incluyen actualizaciones de datos patrimoniales y pruebas de integridad. Esta continuidad busca evitar que elementos que aprueban en un momento dado modifiquen su conducta posteriormente sin que las instancias de control lo detecten.
El posicionamiento de Coahuila como una de las entidades con menores índices de incidencia delictiva de alto impacto se mantiene estable en los reportes mensuales del SESNSP. Las autoridades estatales consideran que la alta cobertura de evaluaciones de confianza constituye un factor estructural que sustenta esa tendencia, aunque reconocen que la seguridad también depende de factores económicos, sociales y de coordinación interestatal que exceden el ámbito policial.
El compromiso expresado por el gobernador apunta a mantener los procesos de evaluación y capacitación como política de Estado, sin interrupciones por cambios de administración o coyunturas políticas. Esa continuidad, según el discurso oficial, es la que permite que Coahuila preserve los indicadores que lo distinguen en el panorama nacional de seguridad pública.
