El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) pidió restablecer de inmediato las credenciales de los abogados y notarios afectados por una suspensión masiva en Nicaragua. El organismo denunció que cerca de 2.000 profesionales, tanto dentro del país como en el exilio, descubrieron en las últimas semanas que ya no estaban habilitados para ejercer, sin haber recibido en numerosos casos una notificación previa ni una explicación pública.
La medida tiene un efecto inmediato sobre el funcionamiento de la justicia: los profesionales inhabilitados no pueden presentar escritos, asistir a audiencias ni actuar ante los tribunales. Para el IBAHRI, el problema no se limita a la situación laboral de los abogados. También compromete la posibilidad de que los ciudadanos elijan una representación legal independiente cuando enfrentan procesos judiciales o actuaciones de las autoridades.
La suspensión se conoció al intentar ejercer
Varios afectados se enteraron de la revocación cuando intentaron realizar trámites judiciales y comprobaron que sus nombres y números de registro habían desaparecido de los sistemas oficiales. Otros observaron modificaciones en el registro electrónico de la Corte Suprema de Justicia. Según la información citada por el instituto, muchos no recibieron comunicación formal antes de quedar excluidos de esas plataformas.
La ausencia de una notificación previa dificulta incluso la posibilidad de impugnar la decisión. Sin conocer los hechos atribuidos, la norma aplicada o la autoridad responsable, un profesional no puede preparar una defensa efectiva. El IBAHRI señaló además que no se han hecho públicos los motivos jurídicos de las revocaciones ni se han ofrecido, de manera general, instancias de descargo, audiencia o revisión independiente.
Una medida que alcanza más allá de los abogados críticos
El instituto indicó que las suspensiones afectan a profesionales que permanecen en Nicaragua y a otros que se encuentran fuera del país. Entre ellos figuran abogados conocidos por sus posiciones críticas frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también especialistas cuya práctica no tiene una relación política directa, incluidos profesionales del derecho de familia.
Ese alcance es relevante para interpretar la naturaleza de la medida. Si la inhabilitación se aplicara únicamente a personas identificadas públicamente con la oposición, podría presentarse como una acción selectiva. La inclusión de abogados de distintas áreas y perfiles, según el IBAHRI, apunta a una afectación más amplia de la autonomía profesional. El patrón descrito sugiere que la incertidumbre puede convertirse en un mecanismo de presión incluso para quienes no participan de manera visible en la disputa política.
En algunos casos, los clientes de abogados inhabilitados recibieron notificaciones sobre la designación de defensores de oficio. Aunque esa figura puede garantizar formalmente que exista alguien presente en un proceso, no equivale necesariamente a conservar la libertad de elegir abogado. La sustitución impuesta puede interrumpir la relación de confianza, alterar la estrategia de defensa y provocar retrasos en causas que ya estaban en curso.
El debido proceso es el punto central del reclamo
El IBAHRI recordó que los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados exigen que las sanciones disciplinarias se apoyen en normas profesionales reconocidas y se tramiten mediante procedimientos con garantías. En ese marco, la notificación, la posibilidad de responder, una decisión motivada y una revisión independiente no son formalidades secundarias: son los controles que permiten distinguir una sanción legítima de una decisión arbitraria.
La organización no pidió que los abogados queden exentos de responsabilidad profesional. Su demanda consiste en que cualquier caso sea examinado individualmente mediante procesos legales, transparentes e independientes. Esa precisión establece una diferencia importante: el debate no gira en torno a la existencia de facultades disciplinarias, sino a la falta de reglas verificables y de oportunidades de defensa en las revocaciones conocidas.
Una pieza más en la concentración del poder
El instituto situó las suspensiones dentro de un proceso más amplio de concentración institucional en Nicaragua. Su comunicado menciona cambios que reforzaron el control de las autoridades sobre el Poder Judicial y otros organismos estatales, así como reformas constitucionales que, a su juicio, ampliaron las atribuciones del Ejecutivo.
El IBAHRI también recordó que el 19 de julio de 2026 Ortega declaró que Nicaragua no celebraría más elecciones. La afirmación puso en duda, según el organismo, el proceso electoral previsto para noviembre de 2027. La referencia conecta la situación de los abogados con una cuestión más amplia: cuando disminuyen los controles electorales e institucionales, la defensa jurídica independiente adquiere un peso mayor como vía para cuestionar decisiones del Estado.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas ya había advertido sobre una “purga silenciosa de la profesión legal”. Para ese grupo, el deterioro de las garantías de defensa y el desmantelamiento del Estado de derecho forman parte de una misma dinámica. El IBAHRI considera que la revocación de licencias puede eliminar uno de los últimos espacios profesionales capaces de asistir a ciudadanos frente a actuaciones oficiales.
Mark Stephens, copresidente del IBAHRI, afirmó que retirar licencias sin explicación ni posibilidad de respuesta vulnera garantías básicas de cualquier procedimiento disciplinario. Hina Jilani, también copresidenta, sostuvo que una profesión legal autónoma es una condición necesaria para el Estado de derecho. La exigencia del organismo queda así definida: restituir las credenciales, salvo en aquellos casos en que una autoridad independiente demuestre, mediante un proceso transparente y con derecho de defensa, que existe una infracción que justifique la sanción.
