El Centro de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud ha recibido durante este año dos reportes de personas que intentaron vender sangre, una práctica prohibida por la Ley General de Salud y que puede poner en riesgo a pacientes y familiares que buscan con urgencia un donador. Los casos fueron canalizados para orientar a los afectados y facilitar, cuando corresponda, la presentación de denuncias ante las autoridades competentes.
Edgar Velázquez Vega, director de la institución, explicó que la sangre es considerada legalmente un tejido. Por esa razón, no puede tratarse como una mercancía ni intercambiarse a cambio de dinero. Su obtención debe realizarse mediante una donación voluntaria, altruista y solidaria, bajo los procedimientos establecidos por las instituciones sanitarias.
La urgencia de un paciente no convierte la sangre en un producto comercial
El funcionario recordó que el artículo 327 de la Ley General de Salud establece la prohibición de comercializar órganos y tejidos. Al estar incluida en esta categoría, la sangre no puede venderse ni comprarse de manera legítima, aunque la solicitud surja en un contexto de emergencia médica o ante la presión de una familia que necesita reunir unidades para una intervención.
La diferencia es relevante porque, en situaciones de necesidad, la rapidez puede llevar a las personas a aceptar ofertas sin verificar quién las formula, qué condiciones impone o si el supuesto donador cumple con los requisitos médicos. La donación formal exige identificación, valoración clínica y pruebas destinadas a reducir riesgos para quien recibe la sangre. Un intercambio informal elimina buena parte de esas salvaguardas y puede convertir la vulnerabilidad del paciente en una oportunidad de abuso.
Dos reportes, una ruta de atención que depende de otras autoridades
Velázquez Vega señaló que los dos casos conocidos no fueron investigados ni sancionados directamente por la Secretaría de Salud, debido a que esa dependencia no tiene atribuciones de seguridad pública o procuración de justicia. Su intervención se concentró en orientar a las personas afectadas y explicarles los mecanismos disponibles para denunciar.
De acuerdo con el director, las quejas pueden presentarse con apoyo de la Secretaría de Salud y mediante la coordinación con la Procuraduría General de la República, además de las instancias responsables de investigar posibles abusos. La distinción entre orientar, investigar y sancionar resulta clave: el sector sanitario puede detectar señales de riesgo y promover prácticas seguras, pero la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.
La existencia de dos reportes no permite dimensionar por sí sola la magnitud del fenómeno. Sin embargo, sí muestra que la compraventa ilegal puede aparecer en el momento en que una familia difunde una petición de ayuda y queda expuesta ante personas que rastrean ese tipo de publicaciones. El dato más importante, por tanto, no es únicamente el número de casos, sino el canal que los facilita.
Las redes sociales amplían el alcance de las solicitudes y también los riesgos
Las plataformas digitales se han convertido en una herramienta habitual para localizar donadores. Una publicación puede reunir en poco tiempo a personas dispuestas a colaborar, pero también puede exhibir nombres, teléfonos, hospitales, diagnósticos, horarios y otros datos que permiten identificar a alguien en una situación de presión económica o emocional.
La Secretaría de Salud llamó a la población a tener precaución al compartir esa información. El riesgo no se limita a recibir una propuesta de venta de sangre. También puede incluir solicitudes de depósitos, cobros por supuestas pruebas, intermediarios que prometen conseguir donadores o contactos que intentan obtener datos personales con el pretexto de coordinar la donación.
Una petición difundida en redes debería dirigirse, siempre que sea posible, a los canales oficiales del hospital o del centro de transfusión. La institución puede confirmar qué tipo de sangre se requiere, cuántas unidades son necesarias, cuáles son los requisitos para donar y cómo debe realizarse el proceso. Esa verificación reduce la posibilidad de que la familia dependa de intermediarios desconocidos.
La prevención también exige fortalecer la donación voluntaria
El llamado institucional no se agota en denunciar a quienes intentan lucrar con la sangre. También apunta a una presión estructural: cuando las reservas son insuficientes o las familias desconocen los procedimientos, crece la dependencia de mensajes urgentes y de soluciones improvisadas. Promover la donación voluntaria y solidaria permite atender la demanda mediante un sistema regulado, con controles médicos y trazabilidad.
La donación altruista no elimina la necesidad de mejorar la información pública. Las personas deben saber dónde acudir, qué documentos presentar, qué condiciones impiden donar temporal o permanentemente y cómo pueden confirmar que su apoyo fue registrado por una institución autorizada. Una comunicación clara puede reducir tanto la desinformación como el espacio para quienes buscan beneficiarse de una emergencia.
Los reportes conocidos funcionan así como una señal de alerta para las autoridades y para la sociedad. La sangre no es un bien que pueda negociarse entre particulares; es un recurso sanitario cuya obtención y uso requieren controles específicos. Cuando una solicitud de ayuda se transforma en una transacción, no solo se viola una disposición legal: también se debilita la confianza en la donación y se expone a los pacientes a riesgos que la atención médica formal busca evitar.
