La investigación contra el exjuez federal Marcelo Martín Bailaque por la presunta extorsión de los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto llegará a la Cámara Federal de Casación Penal. El juez Aníbal Pineda, integrante de la Cámara Federal de Rosario, concedió este martes el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión que había frenado el avance del expediente hacia el juicio oral.
La controversia no gira todavía en torno a la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino sobre una cuestión procesal con consecuencias directas para el ritmo de la causa. Casación deberá determinar si el expediente puede continuar hasta el debate oral o si debe permanecer suspendido hasta que la Corte Suprema defina qué régimen corresponde aplicar: el Código Procesal Penal Federal o el sistema procesal anterior.
Una suspensión que detuvo la etapa previa al juicio
El conflicto comenzó el 25 de agosto, cuando Pineda resolvió que el proceso podía avanzar hasta un eventual auto de apertura a juicio. Sin embargo, ordenó suspender la tramitación desde ese momento y mantener el expediente bajo la jurisdicción del Colegio de Jueces de Garantías hasta que el máximo tribunal se pronuncie sobre la normativa aplicable.
La medida permitió que la Fiscalía continuara investigando a terceras personas vinculadas con el caso, pero impidió que el expediente avanzara plenamente hacia el debate. La decisión fue adoptada durante la audiencia de control de la acusación, una instancia en la que se revisa si la imputación reúne las condiciones necesarias para ser enviada a juicio y con qué alcance.
Para Pineda, la suspensión produce efectos similares a los de una sentencia definitiva. Según explicó al habilitar la revisión, una vez alcanzada la apertura a juicio se vuelve imposible continuar la causa judicial respecto de los tres acusados por parte del Ministerio Público Fiscal. El camarista aclaró, no obstante, que conceder el recurso no implica aceptar los argumentos de la Fiscalía ni considerar arbitraria su propia resolución anterior.
El argumento de los fiscales
La Fiscalía cuestionó que una discusión sobre competencia o régimen procesal pueda paralizar una etapa tan avanzada. Su planteo se apoya en el artículo 49 del Código Procesal Penal Federal, que establece como regla que una cuestión de competencia no suspende la investigación preparatoria ni el control de la acusación, salvo en relación con determinadas decisiones finales.
Desde esa perspectiva, extender la excepción a la etapa posterior introduciría una suspensión que la ley no contempla expresamente. Los fiscales advirtieron que la demora podría fragmentar el juzgamiento de hechos relacionados, dificultar una estrategia de persecución penal coherente y mantener el proceso detenido durante un período cuya duración resulta incierta.
En el recurso, calificaron el perjuicio como actual, concreto, de magnitud institucional y de imposible reparación ulterior. También señalaron que el paso del tiempo puede deteriorar la prueba y comprometer el derecho de las partes a obtener una resolución dentro de un plazo razonable. El planteo adquiere una dimensión adicional porque Bailaque permanece detenido bajo prisión preventiva domiciliaria: una suspensión prolongada podría extender su privación de libertad sin que exista una actividad procesal concreta orientada a llevar el caso a juicio.
La acusación contra el exjuez
La causa es una de las investigaciones más avanzadas contra Bailaque. Según la acusación fiscal, desde el juzgado federal que encabezaba se habría impulsado y direccionado una investigación contra Iglesias y Oneto para presionarlos y exigirles dinero a cambio de evitar consecuencias judiciales. La maniobra habría comenzado en 2019, a partir de una denuncia anónima que vinculaba a los empresarios con operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico y con el clan Los Monos.
Los fiscales sostienen que esa denuncia terminó judicializada en el juzgado de Bailaque y que el expediente habría sido utilizado como instrumento de presión. En la trama también aparecen Carlos Vaudagna, quien era responsable regional de la AFIP en Rosario, y el empresario Fernando Whpei. Para el Ministerio Público, Vaudagna habría intervenido en la denuncia, mientras que Whpei se habría presentado ante Iglesias y Oneto como una persona capaz de destrabar su situación judicial.
La acusación indica que inicialmente se les reclamaron 200.000 dólares y que Iglesias terminó entregando 160.000 dólares en distintos pagos. En febrero de este año, el Ministerio Público formalizó la acusación y anticipó que solicitará una pena de diez años de prisión para Bailaque si el caso llega al juicio oral.
Un expediente dentro de una investigación más amplia
Los hechos atribuidos al exmagistrado abarcan presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. La amplitud de la imputación refleja que la Fiscalía no analiza un episodio aislado, sino una posible utilización irregular de la estructura judicial para obtener beneficios económicos y ejercer presión sobre particulares.
Bailaque enfrenta además otras acusaciones. Una de ellas examina su actuación en una investigación contra Esteban Lindor Alvarado, condenado por narcocriminalidad. Otro tramo se relaciona con el presunto direccionamiento de fondos judiciales de una cooperativa portuaria. La eventual conexión entre esos expedientes puede convertirse en un factor relevante para definir cómo se organiza la prueba y si los hechos deben ser juzgados de manera conjunta o separada.
La trayectoria de Bailaque y lo que está en juego
Marcelo Martín Bailaque desarrolló casi toda su carrera en el Poder Judicial. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario en 1987, comenzó como secretario judicial en 1989, fue defensor oficial y desde 1997 se desempeñó como juez de Instrucción. En febrero de 2008 asumió como titular del Juzgado Federal n.º 4 de Rosario, donde intervino durante años en causas de narcotráfico, lavado de activos y criminalidad económica.
Su carrera terminó en 2025, cuando ya enfrentaba investigaciones penales y un expediente disciplinario ante el Consejo de la Magistratura. Tras presentar su renuncia y perder los fueros, comenzó a hacerse efectiva la prisión preventiva domiciliaria. Por eso, la resolución de Casación tendrá un impacto que excede el calendario judicial: definirá si el proceso conserva impulso hacia un juicio público o si queda condicionado por una disputa normativa de alcance general.
La decisión también podría fijar un criterio para otros expedientes tramitados durante la transición entre sistemas procesales. Si Casación avala la continuidad, la causa podrá avanzar hacia el debate mientras la Corte resuelve la cuestión de fondo. Si mantiene la suspensión, el proceso quedará atado a una definición del máximo tribunal cuyo plazo no está determinado, con efectos sobre la producción de prueba, la situación cautelar de Bailaque y la posibilidad de esclarecer en un tiempo razonable una acusación de gravedad institucional.
