El 26 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la sustitución del general Óscar David Lozano Águila al frente del Tren Maya por el general Manuel Jaime Ramírez Camacho, hasta entonces director de Banjército. El relevo, ordenado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, responde a la práctica institucional de rotar mandos cada dos a cuatro años. Aunque la medida se presenta como rutinaria, su contexto histórico y sus posibles consecuencias merecen un examen detallado.
El Tren Maya surgió en 2018 como uno de los proyectos emblemáticos del gobierno anterior. Desde su concepción, la Secretaría de la Defensa Nacional asumió la construcción y operación mediante empresas paraestatales como Fonatur y, posteriormente, el propio ejército. Esta decisión respondió a la necesidad de acelerar plazos y controlar recursos en una zona de alta complejidad logística y social. La participación castrense permitió concluir tramos clave antes de 2024, pero también generó debates sobre la militarización de obras civiles y la transparencia en el manejo de contratos.
Antecedentes de la presencia militar en infraestructura
La asignación de proyectos estratégicos a las fuerzas armadas no es nueva en México. Desde la década de 2010, el ejército ha participado en tareas de distribución de medicinas, construcción de aeropuertos y guarderías. En el caso del Tren Maya, la decisión se justificó por la urgencia de integrar regiones marginadas del sureste y por la capacidad de respuesta rápida del personal militar. Sin embargo, esta modalidad ha producido resultados mixtos: mientras algunos tramos avanzaron con menor corrupción que en esquemas tradicionales, otros enfrentaron retrasos por falta de experiencia específica en operación turística y mantenimiento ferroviario.
El general Lozano Águila dirigió el proyecto durante su fase de consolidación operativa. Bajo su gestión se completaron pruebas de velocidad y se negociaron convenios con gobiernos estatales para el desarrollo de estaciones. Su salida, por tanto, no responde a irregularidades detectadas, sino a la norma interna de la Sedena que limita la permanencia en cargos civiles para evitar concentración de poder y mantener la disciplina interna. Esta misma norma explica el ascenso de Ramírez Camacho, quien aporta experiencia en administración financiera desde Banjército, un banco militar con amplia trayectoria en crédito y proyectos de infraestructura.
Impacto en la operación y el mantenimiento
El relevo plantea interrogantes sobre la continuidad de los protocolos de seguridad y mantenimiento. El Tren Maya opera en una región con condiciones climáticas extremas y suelos kársticos que exigen revisiones frecuentes de vía y sistemas de señalización. Un cambio de mando puede retrasar decisiones técnicas si el nuevo director necesita tiempo para familiarizarse con los contratos vigentes y los equipos especializados. Casos similares, como la rotación en el Aeropuerto de Santa Lucía, mostraron que la curva de aprendizaje suele durar entre cuatro y seis meses antes de alcanzar el ritmo anterior.
Por otro lado, la llegada de un perfil financiero como Ramírez Camacho podría reforzar el control de costos y la renegociación de deudas contraídas durante la construcción. Banjército ha demostrado capacidad para estructurar créditos a largo plazo; aplicar esa experiencia al Tren Maya podría mejorar la rentabilidad de estaciones y servicios complementarios, siempre que se mantenga la prioridad en el servicio público sobre objetivos puramente comerciales.
Consecuencias políticas y sociales
La decisión también envía señales sobre el estilo de gobierno de Sheinbaum. Al respetar la autonomía de la Sedena en materia de rotaciones, la presidenta evita confrontaciones con el alto mando militar y refuerza la imagen de continuidad institucional. Sin embargo, grupos de la sociedad civil que cuestionan la presencia militar en proyectos turísticos podrían interpretar el cambio como una oportunidad para exigir mayor rendición de cuentas. Organizaciones en Quintana Roo y Yucatán ya han solicitado auditorías independientes sobre el impacto ambiental y el cumplimiento de consultas comunitarias.
A nivel regional, el Tren Maya influye directamente en el empleo y la movilidad. Una transición fluida del mando podría acelerar la puesta en marcha de rutas de carga ligera y el desarrollo de polos de desarrollo alrededor de las estaciones. En cambio, cualquier interrupción prolongada afectaría la confianza de inversionistas hoteleros que esperan la conexión ferroviaria para ampliar sus operaciones. El caso del tramo Cancún-Tulum ilustra esta dependencia: su apertura parcial elevó la ocupación hotelera en un 12 % durante la temporada alta de 2025, según datos de la Secretaría de Turismo estatal.
Perspectivas de largo plazo
Más allá del relevo inmediato, el episodio revela la necesidad de definir con mayor claridad los límites de la participación militar en infraestructura civil. Modelos híbridos que combinen experiencia castrense en logística con supervisión civil especializada podrían reducir riesgos de opacidad y mejorar la adaptación a necesidades locales. Países como Colombia han implementado esquemas similares en vías férreas regionales, donde mandos militares rotan pero equipos técnicos permanecen estables bajo contratos de largo plazo.
En conclusión, el nombramiento de Manuel Jaime Ramírez Camacho representa una rotación institucional más que una ruptura. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad para preservar la memoria operativa acumulada y de la disposición a abrir espacios de colaboración con actores civiles. El futuro del Tren Maya, y por extensión el del modelo de desarrollo del sureste mexicano, se juega tanto en la estabilidad de sus mandos como en la calidad de las decisiones técnicas que tomen en los próximos meses.
