El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado directamente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su reciente crítica a la llamada “ley de nietos”. Según Bustinduy, Feijóo no solo se comprometió públicamente a respaldar esta norma durante la pasada legislatura, sino que la incluyó de forma explícita en el programa electoral del PP para las elecciones generales de 2023.
La reacción del ministro se produjo este miércoles en Madrid tras conocerse las declaraciones de Feijóo, quien calificó la tramitación de la ley como “ingeniería electoral” destinada a beneficiar al PSOE. Bustinduy respondió que resulta contradictorio que el presidente del PP reniegue ahora de una medida que él mismo defendió en su programa y en intervenciones parlamentarias anteriores.
Contexto de la norma y su recorrido parlamentario
La “ley de nietos” forma parte de las disposiciones adicionales de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Su objetivo principal es facilitar el acceso a la nacionalidad española a los nietos de quienes perdieron la ciudadanía por razones políticas durante la Guerra Civil y el franquismo, o por el exilio posterior. Hasta la fecha, más de 200.000 solicitudes han sido presentadas en consulados españoles en el extranjero, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Durante la tramitación de la ley, el PP presentó enmiendas parciales pero no se opuso frontalmente al texto definitivo. En varias intervenciones públicas de 2022 y 2023, Feijóo llegó a afirmar que su partido respaldaría cualquier medida que ampliara los derechos de los descendientes de españoles en el exterior, siempre que se respetaran los plazos y requisitos administrativos.
Posiciones de Vox y el debate sobre el voto exterior
La crítica de Bustinduy se produce en un momento de creciente tensión entre el PP y Vox. El partido de Santiago Abascal ha calificado la norma de “golpe de Estado encubierto” y ha solicitado formalmente la supresión del derecho al voto para millones de españoles residentes en el extranjero. Según Abascal, la ley permitiría a ciudadanos sin vínculo directo con España influir en resultados electorales futuros.
Feijóo ha evitado alinearse completamente con esta postura de Vox, aunque ha endurecido su lenguaje al referirse a la ley como un instrumento electoral. Esta ambigüedad ha sido interpretada por el Gobierno como un intento de contentar simultáneamente a su base moderada y a su socio de investidura en varias comunidades autónomas.
Repercusiones políticas y coherencia programática
El intercambio de acusaciones pone de relieve la dificultad que enfrenta el PP para mantener una posición coherente entre su programa electoral anterior y las exigencias de la actual aritmética parlamentaria. La inclusión de la ley de nietos en el programa de 2023 respondía, según fuentes del propio partido, a la necesidad de captar apoyo entre la diáspora española en América Latina, donde el PP ha mantenido históricamente una ventaja sobre el PSOE.
Analistas consultados señalan que el cambio de tono de Feijóo responde más a la presión de Vox que a una reevaluación técnica de la norma. El propio Bustinduy ha recordado que la ley ya estaba en fase avanzada de tramitación cuando el PP la respaldó en el Congreso, por lo que el argumento de “sorpresa” resulta difícil de sostener.
El ministro también ha criticado lo que considera “ramalazos autoritarios” en las propuestas de Vox, especialmente la sugerencia de limitar el sufragio de los residentes en el exterior. Esta medida, según el Gobierno, afectaría a más de dos millones de personas con derecho a voto reconocido por la Constitución.
Perspectivas futuras y posibles escenarios
La tramitación definitiva de la ley de nietos depende ahora de los plazos administrativos y de posibles recursos ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el debate ha trasladado la atención de los partidos hacia el electorado exterior, un colectivo que ha demostrado capacidad de movilización en consultas previas.
El Gobierno mantiene que la norma cumple con compromisos internacionales de España en materia de memoria histórica y reparación a las víctimas del exilio. El PP, por su parte, ha anunciado que presentará iniciativas parlamentarias para revisar algunos aspectos del texto, aunque sin detallar aún qué modificaciones concretas propone.
El cruce de declaraciones entre Bustinduy y Feijóo refleja, más allá de la polémica puntual, las tensiones estructurales que atraviesa la oposición española ante temas que combinan memoria histórica, derechos de la diáspora y cálculo electoral de corto plazo.
