La alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas mantiene sus funciones al frente del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, sin haber solicitado licencia alguna, mientras la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició este lunes la revisión integral de las finanzas municipales. El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que el proceso fiscalizador busca esclarecer las acusaciones de opacidad y presuntos chantajes que originaron el conflicto con un grupo de regidores opositores.
Aguilar Pala descartó cualquier riesgo de ingobernabilidad en el municipio de la Mixteca. Durante la conferencia matutina del gobierno estatal, el funcionario precisó que las solicitudes de destitución carecen de sustento legal y que la ley no contempla la ausencia de la presidenta municipal. “En el Palacio Municipal no ha pedido permiso ni está contemplado que se ausente. Si no, contéstense: ¿A quién van a auditar los compañeros auditores?”, cuestionó el secretario, subrayando que Bárcenas debe permanecer para responder a los hallazgos de la auditoría.
Cronología del conflicto y desescalada
El enfrentamiento político se intensificó a partir del 15 de junio, cuando un bloque de regidores disidentes realizó una toma simbólica del Palacio Municipal. Las negociaciones impulsadas por la Secretaría de Gobernación lograron desactivar esa medida, permitiendo la normalización de trámites y servicios para la población. Aguilar Pala destacó que las mesas de diálogo establecieron compromisos de neutralidad institucional que ahora deben respetar todas las partes del cabildo.
La decisión de mantener a Bárcenas en funciones responde a criterios operativos claros: la ASE necesita contar con la titular del Ejecutivo municipal para realizar las aclaraciones correspondientes. Retirarla del cargo habría dejado sin contraparte al órgano fiscalizador, complicando el ejercicio de rendición de cuentas que se busca realizar.
Alcance de la auditoría y marco legal
La auditoría integral que comenzó este lunes examinará el manejo de recursos financieros del ayuntamiento. El proceso está a cargo de la ASE, órgano autónomo vinculado al Congreso del Estado, y sus resultados determinarán posibles responsabilidades administrativas. Aguilar Pala reiteró que “la ley se aplica tal y como es”, sin contemplaciones políticas para ninguno de los actores involucrados.
Este mecanismo de fiscalización representa un paso institucional para resolver acusaciones mutuas de opacidad. Al mismo tiempo, pone a prueba la capacidad del sistema de control estatal para actuar con independencia frente a disputas locales que suelen escalar en regiones como la Mixteca.
Investigaciones penales en curso
De manera paralela, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las carpetas de investigación contra ocho regidores disidentes por presuntos delitos de extorsión, lesiones, intentos de secuestro y uso irregular de patrullas. Estas indagatorias, a cargo de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, avanzan con independencia de la revisión administrativa de la ASE.
El resguardo del Palacio Municipal permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Esta presencia busca evitar nuevos enfrentamientos en una zona fronteriza con Oaxaca que ha registrado tensiones políticas recurrentes.
Implicaciones para la gobernanza municipal
El caso de Acatlán ilustra las tensiones que surgen cuando disputas internas del cabildo se superponen a procesos de fiscalización. Mantener a la alcaldesa en funciones permite que la auditoría cuente con interlocutor directo, pero también deja expuesta la fragilidad de los equilibrios políticos locales cuando las mayorías en el ayuntamiento se rompen.
La prioridad expresada por el gobierno estatal de anteponer el bienestar social a las pugnas internas marca un criterio de actuación que podría repetirse en otros municipios donde surjan conflictos similares. La combinación de auditoría técnica, investigación penal y presencia de fuerzas federales configura una respuesta multidimensional que busca restablecer la normalidad institucional sin ceder a presiones de ningún sector.
Los resultados de la ASE y el avance de las carpetas ministeriales serán determinantes para definir el rumbo político del ayuntamiento en los próximos meses. Mientras tanto, la administración municipal continúa operando con normalidad bajo la conducción de Bárcenas, tal como lo confirmó la propia alcaldesa al señalar que no ha solicitado licencia.
