El 29 de junio de 2026 Pakistán ejecutó ataques aéreos y terrestres en las provincias afganas de Paktia, Paktika y Kunar. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó al menos 28 civiles muertos y 49 heridos, mientras el gobierno talibán elevó la cifra a 36 fallecidos y más de 163 heridos. Los objetivos declarados eran campamentos de Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al-Khwarij, grupos vinculados al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). El detonante inmediato fue el ataque del 28 de junio contra el cuartel de los Rangers en Karachi, que dejó tres soldados pakistaníes muertos.
Los bombardeos se produjeron en un contexto de deterioro acelerado de las relaciones bilaterales desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. La frontera permanece mayoritariamente cerrada desde octubre de 2025 y las negociaciones mediadas por China en abril no lograron un alto el fuego sostenible. Entre enero y marzo de 2026, UNAMA ya había registrado 372 civiles afganos muertos por violencia relacionada con la frontera.
El impacto humanitario y en la población desplazada
Los ataques no solo causaron víctimas inmediatas. En el distrito de Chamkani, el segundo bombardeo impactó directamente sobre vecinos que acudían a socorrer a los heridos, un patrón que recuerda tácticas de castigo colectivo observadas en conflictos anteriores. Esta dinámica afecta especialmente a las comunidades pastoriles de la frontera, donde la pérdida de 30 cabezas de ganado en Kunar representa la destrucción de medios de vida enteros para familias que ya enfrentan restricciones de movimiento.
La directiva pakistaní que ordena, a partir del 10 de julio, la detención de cualquier ciudadano afgano sin visado válido añade presión sobre los casi dos millones de afganos que residen en Pakistán. De ellos, 800.000 están registrados como refugiados según datos de la ONU. El 30 % de los afganos que cruzaron la frontera en la última semana carecía de documentación, lo que anticipa un incremento de retornos forzados en un contexto de inseguridad alimentaria y escasez de servicios básicos en Afganistán.
Perspectivas contrastadas de los actores estatales
Para el gobierno pakistaní, los bombardeos constituyen una respuesta legítima a la infraestructura terrorista que opera desde territorio afgano. El ministro de Información Attaullah Tarar presentó videos de los impactos y sostuvo que 25 combatientes fueron eliminados. Sin embargo, la falta de acceso independiente a las zonas afectadas dificulta verificar la proporción entre combatientes y civiles. Islamabad también convocó al diplomático afgano para protestar por la participación de nacionales afganos en el atentado de Karachi.
Desde Kabul, el Ministerio de Exteriores calificó las operaciones de “violación clara de la soberanía nacional” y convocó al encargado de negocios pakistaní. El portavoz talibán Zabihullah Mujahid habló de “acto de brutalidad cobarde”. El viceministro de Publicaciones advirtió que Afganistán responderá “a su debido tiempo”, aunque sin precisar el tipo de respuesta. La retórica sugiere que el gobierno talibán busca evitar una escalada militar directa mientras utiliza el incidente para consolidar cohesión interna.
El factor regional y la competencia entre potencias
India condenó los ataques como “flagrante acto de agresión” y rechazó las acusaciones pakistaníes sobre su supuesto apoyo al TTP. Esta postura refuerza la narrativa de Nueva Delhi de que Islamabad utiliza el terrorismo como pretexto para desviar atención de sus propias fallas de seguridad interna. Al mismo tiempo, China, que había mediado en abril, enfrenta ahora el riesgo de ver comprometida su inversión en el Corredor Económico China-Pakistán si la inestabilidad fronteriza se prolonga.
La postura de India introduce un elemento de triangulación que complica cualquier solución bilateral. Si Pakistán percibe que Nueva Delhi está instrumentalizando su relación con facciones afganas, la tentación de responder con mayor fuerza militar aumenta. Esta dinámica de seguridad regional dificulta que organismos multilaterales como la UNAMA logren acceso sostenido a las zonas de conflicto para verificar bajas civiles.
Tendencias futuras y riesgos de escalada
La decisión pakistaní de intensificar las deportaciones a partir de julio podría generar un flujo de retorno de hasta varios cientos de miles de personas en los próximos meses. Este movimiento coincide con la temporada de cosecha en Afganistán, lo que podría agravar la inseguridad alimentaria en las provincias receptoras. Al mismo tiempo, la experiencia histórica muestra que los retornos masivos sin reintegración económica suelen alimentar el reclutamiento de grupos insurgentes.
El patrón observado desde febrero de 2026 —declaración de “guerra abierta”, bombardeos cruzados y treguas de corta duración— sugiere que el conflicto entrará en una fase de baja intensidad prolongada. Esta modalidad permite a ambos gobiernos mantener presión sin asumir el costo político de una guerra declarada. Sin embargo, el riesgo principal radica en un incidente aislado que provoque represalias desproporcionadas, especialmente si un nuevo atentado en territorio pakistaní es atribuido a combatientes afganos.
La ausencia de mecanismos de verificación independientes y la creciente politización de las cifras de víctimas reducen el margen para una desescalada negociada. Mientras Pakistán priorice operaciones de “precisión” y Afganistán mantenga su negativa a cooperar en la extradición de sospechosos, la frontera permanecerá como un foco de inestabilidad crónica que afecta tanto a las poblaciones locales como a la seguridad regional más amplia.
