El empresario venezolano Alejandro Betancourt ha pasado a ocupar un lugar central en el acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela, una posición que modifica de forma notable su perfil público y político. La compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), que dirige, afirma haber alcanzado un entendimiento con autoridades estadounidenses para ampliar de manera significativa la producción de crudo venezolano. El caso concentra, al mismo tiempo, una oportunidad energética de gran escala y una controversia ligada al pasado empresarial del magnate.
La relevancia de Betancourt no deriva solo de su capacidad corporativa. Según versiones recogidas por medios estadounidenses, su participación habría servido de puente entre Washington y Caracas en un momento de reordenamiento político tras la crisis venezolana. La Administración de Donald Trump habría considerado que su conocimiento del sector, sus vínculos empresariales y su capacidad para operar en el país lo convertían en un socio útil para promover intereses estadounidenses en la industria petrolera.
La aparición de un empresario privado en una negociación de esta magnitud revela que el petróleo venezolano vuelve a ser tratado como un asunto de seguridad económica y geopolítica, no únicamente como un negocio comercial. Para Estados Unidos, asegurar participación en la recuperación productiva de Venezuela permitiría reducir incertidumbres de suministro y ganar influencia en una industria que durante años estuvo condicionada por sanciones, deterioro operativo y conflictos institucionales.
Un acuerdo con ambiciones de gran escala
De acuerdo con un comunicado de NABEP, la empresa tendrá control operativo sobre sus negocios en Venezuela, mientras el Gobierno estadounidense conservaría derechos sobre una participación de 35 % y acceso preferencial al 20 % de la producción a precio de costo. La fórmula sugiere una estructura híbrida: la ejecución quedaría en manos de una firma privada, pero Washington buscaría resguardar una cuota directa de los beneficios estratégicos del proyecto.
NABEP sostiene que controla derechos de comercialización sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas P1 y que pretende expandir rápidamente sus actividades en el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco. Su objetivo declarado es superar el millón de barriles diarios. La cifra debe leerse con cautela: disponer de reservas no equivale automáticamente a producirlas. Alcanzar ese volumen exigiría inversiones sostenidas, recuperación de infraestructura, equipos especializados, servicios petroleros y reglas estables para comercializar el crudo.
La empresa se presenta como la segunda mayor productora de Venezuela, con más de 200.000 barriles diarios, detrás de Chevron. Si esos niveles y sus planes de crecimiento se consolidan, NABEP podría adquirir una influencia inusual sobre una parte sustancial de la cadena petrolera venezolana. Por ello, el acuerdo no solo plantea una discusión sobre producción, sino también sobre quién administra los activos, cómo se reparten las rentas y qué margen conserva el Estado venezolano sobre una industria históricamente vinculada a la soberanía nacional.
El respaldo político que cambió su posición
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido públicamente la elección de Betancourt al señalar que NABEP tiene un historial de producción petrolera y que el empresario ha sido investigado por las autoridades de Estados Unidos. Rubio también recordó que Betancourt habría apoyado a sectores de la oposición venezolana en 2019, cuando Juan Guaidó se proclamó presidente interino. Según esa lectura, el empresario habría quedado enfrentado con Nicolás Maduro, circunstancia que ahora facilitaría su incorporación a una nueva etapa de negociaciones.
Axios indicó que Betancourt habría desempeñado un papel crucial en conversaciones entre Delcy Rodríguez y Rubio tras una operación militar estadounidense en Venezuela. Más allá de las circunstancias específicas descritas por ese medio, el punto político relevante es que el empresario aparece como un actor capaz de comunicarse con centros de poder antes enfrentados. Esa condición puede acelerar acuerdos, pero también desplaza decisiones de interés público hacia negociaciones donde la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas resultan decisivos.
El origen de las dudas sobre su trayectoria
La controversia que acompaña a Betancourt precede ampliamente el actual acuerdo petrolero. El empresario ganó notoriedad durante el Gobierno de Hugo Chávez como cofundador, junto con Pedro Trebbau, de Derwick Associates, una firma energética relacionada con la construcción de 11 plantas termoeléctricas en Venezuela. También tuvo participación en Petrozamora, operadora en el lago de Maracaibo que, según The New York Times, se convirtió en la base de NABEP y elevó su producción desde 2024.
Reuters ha informado que autoridades estadounidenses y europeas investigaron transacciones vinculadas a contratos para centrales eléctricas venezolanas valorados en unos 2.000 millones de dólares. Las pesquisas examinaban presuntos sobreprecios, proyectos no concluidos y posibles delitos de blanqueo de fondos o sobornos. La Fiscalía venezolana también mencionó a Derwick Associates en una investigación anunciada en 2017 sobre supuestos sobreprecios en contratos petroleros. No obstante, las investigaciones y acusaciones reportadas no equivalen a una condena: hasta ahora no se han comunicado fallos judiciales contra Betancourt.
Su abogado, Thomas Clare, ha negado que su cliente participara en sobornos, manipulación de licitaciones, comisiones ilegales u otras conductas ilícitas, y ha rechazado que Derwick dejara sin completar sus proyectos energéticos. Esa defensa adquiere importancia ante el contraste entre el respaldo político expresado por Rubio y los reportes de Reuters sobre investigaciones federales en Nueva York y Florida. También se ha informado de dos detenciones de Betancourt en Londres en 2025, vinculadas con órdenes procedentes de España y Suiza, tras las cuales quedó en libertad.
La prueba real será institucional
El acuerdo puede representar una vía para reactivar campos petroleros que necesitan capital, tecnología y capacidad de gestión. Sin embargo, su viabilidad no dependerá solamente de la reputación de un empresario ni de la voluntad política de Washington. Requerirá contratos verificables, controles sobre la asignación de ingresos, claridad sobre las reservas y garantías de que la expansión productiva beneficie a la economía venezolana más allá de los actores que negocian hoy.
La trayectoria de Betancourt resume una paradoja de la actual recomposición petrolera: figuras antes cuestionadas por su cercanía con el poder venezolano pueden convertirse en interlocutores valiosos precisamente por conocer las redes, activos y obstáculos del sistema. Esa utilidad práctica no elimina los interrogantes sobre su pasado. Al contrario, eleva el estándar de transparencia que debería exigirse a cualquier acuerdo que combine recursos públicos venezolanos, intereses estratégicos estadounidenses y empresas privadas con antecedentes bajo escrutinio.
