El Batallón Tenerife del Ejército, ubicado en el Huila, es objeto de una investigación disciplinaria tras la divulgación de informes internos y testimonios que describen fiestas, consumo de licor, relaciones inapropiadas entre mandos y soldados, presuntos abusos de poder y episodios de violencia intrafamiliar. Los hechos se conocieron mientras las disidencias de las Farc ampliaban su presencia en sectores del Huila y el Tolima.
De acuerdo con documentos reservados del Ejército revelados por Semana, la indisciplina dentro de la guarnición llevó a prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el minimarket como una medida urgente. Uno de los reportes señala que el comandante de la unidad “ha encauzado la disciplina prohibiendo la venta de licor en el minimarket”.
Los testimonios recogidos por la institución describen encuentros frecuentes entre oficiales, suboficiales y soldados. Una cabo tercero afirmó que el coronel acostumbraba beber con integrantes del batallón en su vivienda, en espacios públicos, oficinas y eventos. Otra uniformada aseguró que existía un supuesto “catálogo de soldados” y relató que algunas fiestas terminaban en relaciones entre miembros de la unidad.
Varias mujeres militares también hablaron de un ambiente marcado por borracheras, conflictos extramatrimoniales y agresiones. Una de ellas declaró que un capitán presentaba moretones en los brazos y una marca visible en el rostro después de una pelea con su esposa dentro del batallón. El informe incluye estos relatos como parte de las denuncias que son objeto de revisión institucional.
Denuncias de favores y acoso dentro de la unidad
En los documentos aparecen acusaciones según las cuales algunos oficiales habrían utilizado su rango para obtener beneficios personales. Una uniformada sostuvo que a una soldado la retiraban de su alojamiento para que se reuniera con mandos y que podía salir los fines de semana sin la autorización correspondiente debido a esas relaciones. Las salidas, según el testimonio, incluían visitas a discotecas y hoteles, algunas registradas en fotografías.
La misma declaración menciona que la soldado administraba el dinero relacionado con el supuesto catálogo, que posteriormente habría dejado de existir. Además, una cabo tercero denunció a dos coroneles por comentarios inadecuados, insinuaciones y amenazas. Dijo también que otras compañeras habrían vivido situaciones similares, pero no las denunciaron por temor a consecuencias negativas para sus carreras.
La situación interna del batallón coincidió con un deterioro de las condiciones de seguridad en la región. En 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 022 para Neiva y municipios cercanos por el riesgo derivado de la presencia de disidencias armadas. Durante ese periodo, los alcaldes de Garzón, Baraya y Hobo reportaron amenazas e intimidaciones atribuidas a grupos ilegales.
En 2025, la Defensoría informó que en La Plata se produjo el cierre de comercios y la restricción de movilidad para unas 16.000 personas, en un episodio considerado de confinamiento masivo. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, señaló que la falta de presencia militar en parte de la región permitió que los grupos armados impusieran reglas de convivencia y actuaran como si fueran la única autoridad.
El Ejército informó que adoptó medidas administrativas, entre ellas el retiro de personal y acciones disciplinarias, aplicadas por las autoridades competentes con respeto al debido proceso y a la reserva legal. La institución confirmó que la averiguación disciplinaria por los hechos del Batallón Tenerife continúa en curso.
