El expresidente José María Aznar ha fijado en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum un requisito claro para cualquier alternativa al actual Ejecutivo: la mayoría capaz de derribar a Pedro Sánchez debe ser nacional o no existirá. La afirmación llega en un momento en que el Congreso registra mayorías puntuales para reprobar al Gobierno, pero carece de la cohesión necesaria para una moción de censura constructiva. Aznar describe esa mayoría como una alianza amplia y centrada, con capacidad de convocatoria tanto a derecha como a izquierda, orientada a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
La intervención de Aznar no se limitó a la aritmética parlamentaria. Subrayó que las próximas elecciones generales no se medirán por su fecha de convocatoria, sino por su significado: serán, según sus palabras, las más importantes de la historia democrática española. En juego estaría el cambio de sistema, la supervivencia de los principios implícitos en la nación constitucional y la igualdad ante la ley. Esta lectura sitúa el debate más allá de la coyuntura y lo proyecta sobre la arquitectura institucional del país.
El significado de la plurinacionalidad
Aznar acusó directamente a Junts de utilizar las peticiones de dimisión como mera táctica para presionar al PSOE. El objetivo real, sostuvo, sería sustituir a Sánchez por otro líder dispuesto a cumplir los compromisos pactados: otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía. Esta lectura introduce un matiz relevante sobre la dinámica de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Moncloa, afirmó, funciona como una delegación madrileña del secesionismo, mientras el Gobierno permanece como rehén voluntario de sus apoyos.
La advertencia de Aznar encuentra respaldo en la evolución de la legislatura. Desde la investidura de Sánchez, las concesiones territoriales han ido más allá de la amnistía inicial, incluyendo negociaciones sobre el reconocimiento de Cataluña como nación. Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran que el apoyo a la independencia en Cataluña se mantiene estable en torno al 38-42 % desde 2022, sin que las medidas adoptadas hayan generado un efecto de integración. Este estancamiento alimenta la tesis de que cualquier ampliación de la amnistía podría reforzar, más que desactivar, la demanda independentista.
Impacto en el Partido Popular y el espacio centrista
La intervención de Aznar tiene consecuencias directas sobre la estrategia del PP. Al presentar a Ester Muñoz, portavoz del grupo popular en el Congreso, el expresidente reforzó la necesidad de que el principal partido de la oposición construya una oferta que trascienda la suma aritmética de escaños. La idea de una mayoría centrada apela a votantes moderados que, según encuestas del Instituto 40dB, representan entre el 28 y el 32 % del electorado y que en las últimas elecciones se fragmentaron entre PP, PSOE y formaciones territoriales.
Un primer efecto observable es el endurecimiento del discurso del PP sobre la igualdad territorial. La referencia a la “liquidación de los supuestos implícitos a la nación constitucional” proporciona un marco argumental que permite al partido criticar las reformas del sistema de financiación autonómica sin caer en posiciones maximalistas. Esta posición puede atraer a votantes del centro-derecha que valoran la estabilidad institucional, pero también genera tensión con sectores del propio PP que prefieren un acercamiento más pragmático a los nacionalistas periféricos.
Perspectivas de los distintos actores
Desde el Gobierno, la respuesta previsible es que Aznar representa una visión recentralizadora que ignora la pluralidad territorial reconocida en la Constitución. Fuentes socialistas consultadas señalan que las mayorías actuales responden a la necesidad de garantizar la gobernabilidad tras el bloqueo de la legislatura anterior. Sin embargo, esta defensa choca con el desgaste acumulado: el barómetro de julio del CIS refleja que el 54 % de los encuestados considera que la situación política es “mala” o “muy mala”.
Entre los independentistas catalanes, la lectura es distinta. Junts interpreta las palabras de Aznar como una confirmación de que cualquier cambio en la Moncloa sin ampliación de la amnistía resultará insuficiente. Esta postura reduce el margen de maniobra del PSOE para negociar con el PP, ya que una aproximación a la oposición podría interpretarse internamente como traición a los acuerdos firmados. El resultado es un bloqueo estructural que dificulta tanto la moción de censura como una legislatura estable.
Riesgos y escenarios futuros
La exigencia de una mayoría nacional conlleva riesgos evidentes. Si el PP no logra articular esa coalición amplia, la alternativa podría ser una legislatura prolongada con apoyo externo de formaciones nacionalistas, lo que reforzaría la percepción de que el sistema se aleja de los principios de igualdad territorial. Un segundo riesgo es la radicalización del debate público: encuestas del Real Instituto Elcano indican que el 41 % de los españoles considera que la convivencia territorial ha empeorado en los últimos dos años, un porcentaje que podría aumentar si las próximas elecciones se plantean en términos de “supervivencia de la nación”.
A medio plazo, la tesis de Aznar apunta a una reconfiguración del sistema de partidos. Si las próximas elecciones se convierten en un referéndum sobre el modelo territorial, es probable que se produzca una mayor concentración del voto en torno a los dos grandes partidos estatales, reduciendo el peso de las formaciones territoriales. Esta dinámica ya se observó parcialmente en las elecciones europeas de 2024, donde PP y PSOE sumaron más del 65 % de los votos. El escenario más estable sería aquel en que la mayoría nacional que Aznar reclama se materialice no solo en el Congreso, sino también en un pacto de Estado sobre financiación autonómica y reconocimiento simbólico de la diversidad territorial sin alterar la igualdad jurídica de los ciudadanos.
