El hijo de seis años del músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, permanece bajo resguardo de las autoridades estatales luego del ataque en el que fueron asesinados el artista, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar en un domicilio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el menor recibirá apoyo institucional a través de la Comisión de Víctimas del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Explicó que estos mecanismos se activan de manera automática cuando se identifica a una persona menor de edad como víctima indirecta o sobreviviente de un delito grave.
“Se dará todo el apoyo a la familia y al menor”, afirmó la funcionaria durante una conferencia en Zacatecas. Rodríguez agregó que existe disposición para ampliar la asistencia en caso de que la familia requiera medidas adicionales, aunque no detalló quién asumirá de manera permanente el cuidado del niño ni cuánto tiempo continuará bajo protección estatal.
El ataque ocurrió la noche del 1 de septiembre
De acuerdo con la información expuesta por las autoridades, el 1 de septiembre Jonathan Meléndez comunicó a un amigo que se reuniría con un socio con quien mantenía diferencias. El músico pidió que se alertara a las autoridades si perdía el contacto, una advertencia que ahora forma parte de la línea de investigación sobre el crimen.
Durante la tarde, dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron observados cuando ingresaban al domicilio. La hipótesis de los investigadores es que ambos habrían sometido a los integrantes de la familia y a Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba en la vivienda, antes de cometer los asesinatos.
El reporte policial se recibió cerca de la medianoche. Agentes de la Policía Municipal de Atizapán acudieron al inmueble y localizaron sin vida a Jonathan Meléndez; a su esposa, Ana Paola, quien estaba embarazada; a su hija Sofía, de tres años; y a Aleyda Romero. El niño de seis años fue encontrado ileso y quedó a disposición de las instancias de protección correspondientes.
La supervivencia del menor convierte la atención institucional en un componente central del caso. Además de garantizar su seguridad inmediata, las autoridades deberán determinar su situación familiar, asegurar atención psicológica especializada y evitar que su intervención en la investigación implique una exposición innecesaria. Cualquier decisión sobre su cuidado debe considerar tanto la protección frente a posibles riesgos como la preservación de sus vínculos familiares y su estabilidad emocional.
Detenciones y posible móvil económico
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que en menos de 12 horas fueron detenidos los principales sospechosos del multihomicidio. Según su versión, uno de los presuntos agresores mantenía una “relación comercial” con el músico y habría exigido dinero antes de que ocurriera el ataque.
“Estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, declaró García Harfuch. La autoridad no presentó públicamente todos los elementos de prueba ni precisó el monto de la supuesta exigencia económica, por lo que el móvil deberá ser acreditado ante el Ministerio Público y posteriormente ante un juez.
Versiones difundidas por el medio La Crónica señalan que Diego “N” habría tenido negocios con Jonathan relacionados con la renta de viviendas vacacionales mediante la aplicación Nomad. Esa posible relación comercial coincide con la explicación oficial sobre una disputa económica, aunque hasta ahora se mantiene como una hipótesis de investigación y no como una conclusión judicial.
La Fiscalía deberá establecer el grado de participación de cada detenido, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existieron otros involucrados. La identificación de los sospechosos durante su ingreso al domicilio, los mensajes previos del músico y los registros de comunicación o actividad financiera podrían ser relevantes para corroborar la acusación y aclarar las circunstancias del ataque.
Protección para las víctimas y proceso pendiente
El caso reúne varias dimensiones de atención pública: la investigación de un homicidio múltiple, la protección de un menor que perdió a buena parte de su familia y el acompañamiento a los deudos de las víctimas. La Comisión de Víctimas y las instituciones de protección infantil tienen la responsabilidad de coordinar apoyos que no se limiten a la asistencia inmediata, sino que incluyan seguimiento médico, psicológico, jurídico y social.
Rodríguez evitó adelantar detalles sobre el futuro del niño y se refirió a la intervención de las instancias estatales competentes. Esa reserva resulta relevante mientras se define su entorno de protección, debido a que la divulgación de información sobre su identidad, ubicación o rutina podría aumentar su vulnerabilidad.
Mientras continúan las diligencias, los dos detenidos conservan su derecho a la presunción de inocencia. La detención anunciada por el gobierno representa un avance en la investigación, pero la responsabilidad penal solo podrá establecerse mediante el proceso correspondiente y con pruebas presentadas ante la autoridad judicial. La prioridad inmediata, según lo informado, es mantener a salvo al menor y garantizar que reciba el respaldo necesario tras el asesinato de su familia.
