Ana Patricia “Ana Paty” Peralta, alcaldesa con licencia de Benito Juárez, rechazó que Estados Unidos haya cancelado su visa y la de integrantes de su familia. En un mensaje difundido el 1 de septiembre en Instagram, sostuvo que la información publicada sobre ella es falsa y aseguró que su documentación está en orden.
La respuesta ocurrió después de que El Financiero reportó, con base en fuentes conocedoras del caso, una presunta revocación de visas para Peralta, su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero. Hasta ahora no existe una confirmación pública de autoridades estadounidenses ni se han informado las causas de una eventual medida migratoria.
Señalamientos sin confirmación oficial
En paralelo, reportes periodísticos señalan que la Fiscalía General de la República tendría líneas de investigación relacionadas con el entorno de la funcionaria: posible uso de recursos municipales con fines políticos, operaciones ligadas al llamado huachicol fiscal y eventuales contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. La FGR no ha anunciado una indagatoria formal contra Peralta, por lo que esos señalamientos no acreditan responsabilidad penal.
Una de las vertientes revisaría si personal, fondos o estructuras del Ayuntamiento de Benito Juárez fueron utilizados para favorecer a Rafael Marín Mollinedo, también mencionado en la competencia interna de Morena por la gubernatura de Quintana Roo. Marín ha negado actos de corrupción y afirma que la Agencia Nacional de Aduanas detectó y denunció irregularidades durante su gestión.
La controversia adquiere peso político porque Peralta participa en el proceso rumbo a 2027 y ha solicitado dos licencias al cargo desde junio. La ausencia de resoluciones oficiales mantiene el caso en el terreno de versiones contrapuestas: la alcaldesa niega los hechos, mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses no han fijado públicamente una postura que permita establecer el alcance real de las acusaciones.
