América Latina ha ampliado de forma significativa el acceso de su población a los servicios financieros, pero todavía no ha conseguido convertir esa primera puerta de entrada en financiamiento estable para hogares y pequeños negocios. Cerca del 70% de los adultos de la región tenía una cuenta bancaria, financiera o de dinero móvil en 2024, frente al 39% registrado en 2011, según la base Global Findex 2025 del Banco Mundial. El avance es relevante, aunque revela una nueva frontera: la inclusión financiera ya no se mide únicamente por el número de cuentas abiertas, sino por la capacidad de esas cuentas para generar crédito, inversión y mayor bienestar.
La expansión de las billeteras digitales, los pagos electrónicos y las transferencias gubernamentales permitió incorporar a millones de personas al circuito formal. El dinero móvil también ganó terreno con rapidez: su utilización pasó del 22% al 37% entre 2021 y 2024. Sin embargo, tener una cuenta no garantiza que una familia pueda financiar una emergencia, que un micronegocio compre inventario o que una pequeña empresa invierta para crecer. El acceso inicial puede quedarse en una relación transaccional limitada si no está acompañado por productos de ahorro, seguros y crédito diseñados para realidades económicas más inestables.
El salto pendiente entre la cuenta y el financiamiento
La distancia entre bancarización y crédito se explica por una combinación de riesgos. Los trabajadores informales suelen carecer de comprobantes de ingresos y muchas microempresas no cuentan con estados financieros confiables. A ello se suman bajos ingresos, escasa educación financiera, instituciones débiles y la falta de activos que puedan ofrecerse como garantía. Para las entidades tradicionales, estas condiciones elevan el costo de evaluar a los clientes y dificultan recuperar el dinero en caso de incumplimiento.
El problema se vuelve más visible durante las recesiones. Las familias de menores ingresos y las micro y pequeñas empresas son normalmente las primeras en sufrir la caída de las ventas, el desempleo o el encarecimiento del crédito. Si los bancos expanden rápidamente sus préstamos hacia segmentos históricamente excluidos sin contar con modelos adecuados de evaluación y seguimiento, la morosidad puede aumentar. Por eso, ampliar el crédito no consiste simplemente en relajar requisitos: exige medir mejor el riesgo y construir mecanismos que permitan absorberlo.
Una referencia útil para observar la profundidad del sistema es el crédito al sector privado como proporción del producto interno bruto. América Latina apenas supera el 50% del PIB regional, mientras que en Asia Oriental los niveles se ubican entre 150% y 200%, y en la Unión Europea alcanzan entre 85% y 90%. La brecha no implica que la región deba replicar sin matices la intensidad crediticia de otros mercados, pero sí muestra cuánto espacio existe para financiar vivienda, capital de trabajo, infraestructura productiva y emprendimientos.
India demuestra que la infraestructura puede cambiar los incentivos
La experiencia de India ofrece una lección especialmente útil porque no se limitó a digitalizar servicios existentes. En 2014, el gobierno puso en marcha el programa Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, cuyo objetivo era que cada familia tuviera al menos una cuenta bancaria. El plan simplificó los requisitos de apertura, eliminó costos mínimos y se apoyó en una arquitectura formada por cuentas bancarias, identidad digital biométrica y telefonía móvil.
La infraestructura adquirió verdadera relevancia cuando comenzó a utilizarse para entregar subsidios, pensiones y salarios públicos directamente en cuentas vinculadas con la identidad digital. De esa manera, la inclusión dejó de depender exclusivamente de la voluntad de los usuarios o de la estrategia comercial de los bancos. Las transferencias públicas generaron motivos concretos para abrir y utilizar una cuenta, redujeron intermediarios y ayudaron a formalizar parte de la actividad económica.
Desde 2014 se han abierto más de 500 millones de cuentas bancarias en India, mientras que el sistema de pagos instantáneos UPI convirtió al país en uno de los mayores mercados digitales del mundo. La experiencia también expuso límites que América Latina deberá considerar: conectividad insuficiente, educación financiera, privacidad y ciberseguridad. La tecnología puede reducir barreras, pero no elimina por sí sola la desigualdad territorial ni garantiza que los productos ofrecidos sean adecuados para los usuarios.
Los datos pueden convertirse en el nuevo colateral
En América Latina, la siguiente etapa dependerá menos de abrir cuentas y más de aprovechar la información que generan las transacciones cotidianas. Pagos móviles, transferencias, recargas telefónicas, ventas en plataformas digitales y pagos recurrentes pueden revelar patrones de ingresos y gastos incluso cuando el cliente no tiene historial crediticio o empleo formal.
Los modelos alternativos de evaluación, apoyados en inteligencia artificial y análisis de datos, pueden estimar la capacidad de pago de personas y empresas que hoy quedan fuera de los sistemas tradicionales. En lugar de exigir únicamente una nómina o una propiedad como garantía, las entidades podrían observar la estabilidad de las ventas, la regularidad de los cobros y el comportamiento de los pagos. El desafío consiste en hacerlo sin convertir la falta de historial en una penalización automática ni reproducir sesgos contra trabajadores informales.
Brasil representa el caso regional más avanzado con PIX, que aceleró la digitalización de pagos y facilitó la entrada de millones de personas y pequeños comercios al sistema formal. La plataforma ya supera los 160 millones de usuarios, más del 90% de los adultos del país. Chile combina una mayor profundidad financiera con avances tempranos en open finance. México, Colombia, Perú y otros mercados también impulsan la interoperabilidad y las billeteras digitales, aunque con escalas y resultados desiguales.
La velocidad desigual puede ampliar la brecha
Los contrastes regionales muestran que la innovación no avanza en un terreno homogéneo. El crédito al sector privado ronda el 80% del PIB en Chile y el 71% en Brasil, pero se mantiene entre 35% y 40% en Colombia, México y Perú. Argentina apenas alcanza el 11%, afectada por la inestabilidad macroeconómica y la pérdida de confianza en el sistema. En Centroamérica y República Dominicana, la dependencia de las remesas y las limitaciones de infraestructura digital dejan a amplios sectores con baja bancarización y escaso uso de pagos electrónicos.
La banca de desarrollo puede ayudar a cerrar estas diferencias mediante garantías, fondos de cobertura y programas que compartan parte del riesgo con las instituciones privadas. Esa intervención resulta más eficaz cuando se combina con regulación proporcional, protección de datos, educación financiera y sistemas de pagos interoperables. El objetivo no debe ser aumentar el endeudamiento a cualquier precio, sino crear condiciones para que el crédito llegue a actividades productivas y pueda sostenerse durante los ciclos económicos adversos.
La gran prueba para América Latina será demostrar que la inclusión financiera produce oportunidades duraderas y no únicamente una mayor cantidad de usuarios registrados. Las cuentas digitales han construido la infraestructura; el crédito responsable, respaldado por mejores datos y políticas públicas bien diseñadas, determinará si esa infraestructura se traduce en crecimiento, resiliencia y movilidad económica. La región ya sabe cómo incorporar personas al sistema. Ahora debe aprender a financiar su progreso sin volver a excluirlas cuando aumente el riesgo.
