La alerta emitida por Estados Unidos a sus ciudadanos ante posibles amenazas contra edificios gubernamentales en Mexicali detonó incertidumbre durante la noche del lunes 24 de agosto y la madrugada del martes. La información circuló inicialmente entre usuarios y creadores de contenido en redes sociales, mientras las autoridades estatales y municipales tardaron en fijar una posición pública sobre el riesgo reportado.
La directora del portal MF Noticias Mexicali, autora del texto original, cuestionó la respuesta institucional ante una situación que derivó en especulaciones sobre posibles acciones de grupos criminales contra objetivos oficiales en la capital de Baja California. Según su recuento, la conversación digital alcanzó su mayor intensidad alrededor de las 23:30 horas del lunes, entre versiones no verificadas, publicaciones de perfiles anónimos y opiniones difundidas en Facebook.
El silencio oficial fue interrumpido esa misma noche con un boletín que, de acuerdo con la autora, no logró despejar las dudas de la población. La crítica se centró en que no se explicó con claridad qué información tenían las autoridades, qué medidas se aplicaban ni cuáles eran los alcances concretos de la amenaza.
En los días posteriores, el director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan, reconoció que no conocían plenamente lo que estaba ocurriendo, según la columna. Por su parte, el responsable de la seguridad estatal aceptó que no se informó oportunamente a la ciudadanía. Para la autora, ambas circunstancias plantean cuestionamientos sobre la capacidad de reacción y la comunicación de crisis de los distintos niveles de gobierno.
La Embajada de Estados Unidos en Tijuana difundió su aviso antes de que el Gobierno de Baja California ofreciera una explicación pública. La administración estatal salió a informar poco antes de las 7:00 horas del martes 25 de agosto que la situación estaba bajo control, después de que se esperaba algún posicionamiento desde temprano. El gobierno municipal, señala el texto, siguió la ruta marcada por la autoridad estatal sin emitir una comunicación propia y detallada.
La columna también sostiene que trabajadores de dependencias ubicadas en inmuebles identificados como posibles objetivos no recibieron mensajes directos ni circulares sobre cómo actuar. Ante la falta de información oficial, usuarios de redes sociales intercambiaron expresiones de preocupación, incredulidad y respaldo mutuo. La autora concluyó que la respuesta pública no contuvo la angustia generada por la alerta y pidió que las autoridades revisen su manejo de futuras situaciones similares.
