Andean Tower Partners Colombia (ATP) y TV Azteca llegaron a un acuerdo para mantener operativos 419 sitios de infraestructura vinculados al Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El entendimiento despejó el riesgo de una interrupción del servicio de internet fijo que podía afectar a 261 municipios, incluidos territorios con pocas alternativas de conectividad y entidades públicas esenciales para la atención ciudadana.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó que la eventual suspensión de los contratos habría puesto en riesgo 57.780 accesos fijos y cerca de 500 clientes de TV Azteca en Colombia. Dentro de los usuarios afectados se encontraban 245 pequeños proveedores de internet con operaciones en 23 departamentos. En 70 municipios, las conexiones relacionadas con la disputa representaban más de la mitad de la oferta disponible de internet fijo.
Una red crítica para municipios y entidades públicas
El conflicto no se limitaba a una relación comercial entre dos compañías. La infraestructura involucrada sirve de soporte a operadores locales y hace parte de una red de más de 32.000 kilómetros, con presencia en 788 municipios y conexión para cerca de 2.000 instituciones públicas distribuidas en 27 departamentos.
Entre las entidades que podían experimentar dificultades figuraban la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Dane, el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, la Agencia Nacional de Tierras, Invías, la Registraduría Nacional, Medicina Legal y el Banco Agrario. También estaban expuestos establecimientos educativos y centros de salud que dependen de estos enlaces para sus actividades administrativas y de atención.
El departamento del Chocó concentraba una preocupación especial. La red utilizada por TV Azteca estaba relacionada con cerca de 15.000 accesos en ese territorio, que además permanecía bajo emergencia después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. En ese contexto, una interrupción habría añadido presión a los servicios públicos y a las comunicaciones necesarias para la respuesta institucional.
La deuda que originó la disputa
La controversia comenzó después de que ATP notificara la terminación de dos contratos marco de arrendamiento por presuntos incumplimientos de pago. La empresa de infraestructura sostuvo que la deuda de TV Azteca superaba los 10.336 millones de pesos, a los que se sumaban aproximadamente 567 millones por intereses de mora.
Según ATP, la terminación fue comunicada el 24 de julio y obedeció a “graves incumplimientos reiterados y no subsanados”. La compañía afirmó que TV Azteca disponía de 30 días para retirar sus equipos de los sitios arrendados y que había mantenido disponible la infraestructura durante más de cinco meses sin recibir la contraprestación correspondiente, mientras asumía los costos operativos.
La posición de TV Azteca era distinta. La compañía cuestionó tanto la existencia y exigibilidad de la deuda como la validez de la terminación contractual. También planteó que la diferencia debía resolverse dentro de su proceso de reorganización y mediante un arbitraje. En una carta enviada el 18 de agosto al viceministro de Conectividad, Camilo Carrascal Vergel, el representante legal suplente de TV Azteca Sucursal Colombia expuso el impacto que podía tener el conflicto sobre la continuidad de los servicios.
El acuerdo mantiene los 419 sitios
El entendimiento involucra a ATP y a la Unión Temporal Fibra Óptica, representada por TV Azteca Sucursal Colombia. En un comunicado conjunto, las partes señalaron que resolvieron sus diferencias económicas y jurídicas relacionadas con los contratos de arrendamiento de torres y otros puntos de infraestructura.
TV Azteca manifestó su “firme compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas entre las partes”. La principal consecuencia operativa conocida es la continuidad de la relación comercial sobre los 419 sitios, lo que reduce el riesgo inmediato para los usuarios y proveedores que dependían de ellos.
Sin embargo, las empresas no divulgaron el monto final del acuerdo, el calendario de pagos ni las demás condiciones financieras pactadas. Tampoco precisaron si habrá modificaciones en la operación de la red o cuándo se harán públicos los términos económicos. Esa falta de información impide establecer si el pacto resuelve de manera definitiva todas las obligaciones pendientes o si establece compromisos sujetos a cumplimiento posterior.
El alcance territorial explica la intervención regulatoria
La distribución de los nodos muestra por qué la disputa adquirió una dimensión nacional. Boyacá concentraba 72, seguido de Nariño con 47, Cundinamarca con 46 y Santander con 45. La infraestructura restante se repartía en otras zonas, incluidas regiones donde la sustitución de un enlace puede ser técnicamente compleja o económicamente inviable para los operadores locales.
Antes del acuerdo, ATP había extendido hasta octubre de 2026 los plazos aplicables a los sitios ubicados en territorios afectados por el terremoto. La medida buscaba limitar las consecuencias sobre la conectividad durante la emergencia, aunque en las zonas no impactadas la terminación contractual continuaba vigente. La intervención de la CRC reflejó que una controversia privada podía producir efectos sobre servicios de interés público, especialmente cuando los activos arrendados funcionan como infraestructura crítica.
El caso deja una señal relevante para el sector: la continuidad de las redes no depende únicamente de la disponibilidad técnica de la fibra, sino también de la estabilidad jurídica y financiera de los contratos que permiten utilizar torres, nodos y demás puntos de soporte. El acuerdo evita una interrupción inmediata, pero la ausencia de detalles sobre sus condiciones y cumplimiento mantiene abierta la necesidad de seguimiento regulatorio para verificar que los 261 municipios y las instituciones conectadas conserven efectivamente el servicio.
