La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que al menos 51 menores de edad fueron reclutados de manera forzada por grupos armados ilegales entre enero y mayo de 2026. Los datos revelan una persistencia del fenómeno en regiones con alta presencia de estructuras armadas, particularmente en Norte de Santander, Cauca y Antioquia. El organismo detalló que el 65 % de las víctimas son niños y adolescentes varones, mientras que el 35 % son niñas y adolescentes mujeres.
De ese total, el 17 % corresponde a población indígena y el 12 % a comunidades afrocolombianas. El 71 % restante no se identifica con ningún grupo étnico específico. Estas cifras ponen de manifiesto que el reclutamiento afecta de manera desproporcionada a comunidades históricamente vulnerables, aunque también alcanza a sectores urbanos y rurales sin filiación étnica reconocida.
Distribución por grupos armados
El informe identifica cuatro estructuras principales como presuntas responsables. El Estado Mayor de los Bloques y Frentes concentra el 23,5 % de los casos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aparece con idéntico porcentaje. El Estado Mayor Central y otras disidencias de las antiguas FARC suman cada una el 21,6 %. Esta distribución indica que el reclutamiento no se limita a una sola organización, sino que se reproduce en distintas cadenas de mando que operan en territorios estratégicos para el control de rutas y recursos.
Evolución del fenómeno en años recientes
Los datos de la Defensoría muestran un incremento sostenido. En todo 2025 se registraron 410 casos, de los cuales el 57 % correspondían a niños y adolescentes. UNICEF, por su parte, documentó más de 1.200 menores reclutados entre 2019 y 2024, lo que representa un aumento del 300 % en cinco años. Estos números reflejan que las políticas de prevención implementadas tras los acuerdos de paz no han logrado contener el fenómeno en las zonas donde persisten disputas territoriales.
El reclutamiento de menores no constituye un hecho aislado. Forma parte de estrategias más amplias de control social y militar que incluyen extorsión, desplazamiento forzado y uso de explosivos. En junio de 2026, un niño de diez años falleció y otros dos resultaron heridos tras un ataque con dron cargado de explosivos en Tibú, Norte de Santander. Este episodio ilustra cómo la incorporación de tecnologías de bajo costo amplía el alcance de las operaciones y multiplica los riesgos para la población civil más joven.
Impacto en comunidades étnicas y territorios
La presencia de población indígena y afrocolombiana entre las víctimas obliga a examinar las dinámicas específicas de estas comunidades. En muchos casos, los menores son captados en contextos de desplazamiento previo o de debilitamiento de estructuras comunitarias de protección. Las organizaciones armadas aprovechan la ausencia de servicios estatales en educación y salud para ofrecer alternativas de subsistencia que terminan convirtiéndose en vínculos de dependencia.
El patrón geográfico coincide con zonas de alta rentabilidad para economías ilegales. Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, y el suroeste del país, con presencia de cultivos de coca y rutas de tráfico, concentran la mayor cantidad de incidentes. Esta coincidencia sugiere que el reclutamiento funciona como mecanismo de reproducción de estructuras que requieren mano de obra joven para sostener sus operaciones.
Respuestas institucionales y desafíos pendientes
La Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de alerta temprana y de coordinación interinstitucional. Hasta ahora, las respuestas han oscilado entre operativos militares y programas de atención psicosocial, sin que se observe una reducción clara en las cifras. Organismos internacionales como UNICEF han insistido en la importancia de priorizar la restitución de derechos y la reintegración comunitaria, más allá de la mera contención del fenómeno.
El incremento registrado entre 2019 y 2026 plantea interrogantes sobre la efectividad de los marcos normativos existentes. Aunque Colombia cuenta con legislación específica que prohíbe el reclutamiento de menores, su aplicación enfrenta obstáculos logísticos y de seguridad en territorios donde el Estado mantiene presencia limitada. Las cifras actuales evidencian que el problema trasciende la dimensión cuantitativa y exige análisis de las condiciones estructurales que permiten su continuidad.
