Unas 3,9 millones de niñas y mujeres de Centroamérica contrajeron matrimonio o iniciaron una unión antes de cumplir 15 años entre 2000 y 2022, según datos regionales de UNICEF. La cifra equivale al 4 % de las mujeres de 20 a 24 años. En el mismo período, 16,4 millones estuvieron casadas o unidas antes de los 18 años, el 20 % de ese grupo etario.
Las cifras cobran relevancia mientras persisten las uniones informales y forzadas pese a las prohibiciones legales en varios países. El reciente rescate en Perú de una niña de 10 años que iba a ser entregada como esposa a un hombre de 50 años, en un caso investigado como posible trata para matrimonio servil, volvió a poner atención sobre una práctica que también afecta a Centroamérica.
Los registros disponibles muestran diferencias nacionales y corresponden a años distintos. En El Salvador, hasta 2021, 199.700 niñas y mujeres se casaron antes de los 15 años y 720.300 antes de los 18. En Costa Rica, con datos de 2018, las cifras fueron de 60.800 y 370.200, respectivamente. Honduras reportó hasta 2019 unos 334.000 matrimonios o uniones antes de los 15 años y 1,2 millones antes de los 18.
Nicaragua registró en 2012 que el 10 % de las mujeres se había casado antes de los 15 años y el 35 % antes de los 18; Panamá reportó en 2013 proporciones de 7 % y 26 %. Guatemala concentró los mayores números absolutos de los países citados: en 2015, 565.300 niñas y mujeres se habían unido antes de los 15 años y 2,1 millones antes de los 18, equivalentes al 6 % y 30 %, respectivamente.
Escolaridad y violencia en Guatemala
Un estudio global de Plan International realizado en 2025 indicó que el 63 % de las adolescentes guatemaltecas sometidas a uniones forzadas no estudia ni trabaja. El 45 % se unió con hombres al menos cinco años mayores y solo entre 35 % y 36 % permanecía escolarizada al momento de la unión. Además, el 13 % reportó haber sufrido algún tipo de violencia dentro de la relación.
Antonio Gutiérrez, representante de país de Plan International en Guatemala, señaló que el abandono escolar priva a las menores de un espacio protector y limita sus oportunidades de desarrollo. Según explicó, muchas adolescentes asumen tareas domésticas, enfrentan maternidad temprana y quedan en condiciones de dependencia económica. La organización advierte que, en situaciones extremas, algunas jóvenes pueden morir durante el parto si no obtienen autorización de su esposo para acudir a un hospital.
Gutiérrez atribuyó la persistencia del problema a patrones tradicionales de crianza, a la presión por preservar el llamado honor familiar y a la falta de campañas masivas sobre la prohibición legal. En áreas rurales, afirmó, es frecuente que niñas de siete u ocho años queden a cargo de hermanos menores, una carga que refuerza roles de cuidado desde edades tempranas.
En Guatemala, el matrimonio y las uniones con personas menores de edad están totalmente prohibidos desde la reforma del Código Civil de 2017. Sin embargo, no existe un registro oficial actualizado sobre uniones forzadas, debido a que ocurren fuera de la formalidad legal y muchas familias no las denuncian. Entre 2015 y 2017, antes de la prohibición total, el Registro Nacional de las Personas contabilizó 3.400 matrimonios de niñas menores de edad.
Plan International estima, a partir de su experiencia comunitaria, que más de la mitad de los casos no se reporta. La dependencia económica, el desconocimiento de los mecanismos de protección y las relaciones de poder familiares o comunitarias dificultan las denuncias. La organización trabaja con autoridades, docentes, familias y redes comunitarias para promover la permanencia escolar, prevenir la violencia sexual y canalizar los casos hacia instancias estatales y municipales, incluida la Oficina Municipal de la Mujer.
