Mark Zuckerberg habría expresado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su oposición a la creación de un organismo nacional encargado de regular la inteligencia artificial, según información publicada por Business Insider. La conversación se produjo mientras la Casa Blanca estudia mecanismos para supervisar los riesgos de ciberseguridad asociados con los modelos avanzados sin retrasar su lanzamiento ni comprometer la competencia tecnológica estadounidense frente a China.
El intercambio, que habría tenido lugar después de reuniones informativas con Trump y con empresas como Meta, OpenAI y Anthropic a mediados de agosto, refleja una disputa todavía abierta dentro de la administración. El debate no se limita a decidir si debe existir un supervisor, sino que enfrenta dos concepciones sobre la velocidad con la que deben evaluarse los sistemas de IA y sobre quién debe establecer los criterios aplicables a una industria en rápida expansión.
Una propuesta aún sin definición final
De acuerdo con funcionarios citados por el medio estadounidense, la Casa Blanca considera dos alternativas principales. La primera consiste en crear una entidad independiente inspirada en la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, conocida como FINRA, una organización privada sin fines de lucro que supervisa a las empresas de valores bajo la autoridad de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC.
La segunda opción sería un sistema voluntario de clasificación y autorregulación similar al utilizado por la Motion Picture Association, la asociación que representa a los principales estudios cinematográficos y administra el sistema de calificación de películas en Estados Unidos. En este modelo, las empresas adoptarían normas comunes y someterían sus productos a evaluaciones, pero sin que un organismo gubernamental aprobara necesariamente cada lanzamiento.
La propuesta inspirada en FINRA fue impulsada por Demis Hassabis, científico de Google DeepMind y ganador del Premio Nobel. En un ensayo, Hassabis planteó la creación de un “organismo de normas” capaz de abordar amenazas emergentes de la inteligencia artificial, incluidas aquellas relacionadas con la ciberseguridad. Según un funcionario familiarizado con el proceso, el investigador presentó la idea a representantes de la Casa Blanca.
El desacuerdo de Zuckerberg
Un alto funcionario de la Casa Blanca citado por Business Insider afirmó que Zuckerberg rechazó el plan durante su conversación privada con Trump. Otra persona al tanto del asunto señaló que el director ejecutivo de Meta no pidió al presidente modificar su posición, pero sí sostuvo que cualquier responsable de un eventual organismo debería compartir el enfoque flexible de Trump hacia la inteligencia artificial.
Zuckerberg ya había manifestado públicamente sus reservas frente a una supervisión estricta. En un escrito anterior, argumentó que una política capaz de retrasar siquiera un mes el lanzamiento de un modelo podría añadir “un riesgo significativo” al liderazgo de Estados Unidos frente a China. Su razonamiento parte de que la ventaja tecnológica depende, en buena medida, de la rapidez con que las compañías desarrollan y ponen en circulación nuevas herramientas.
Ese argumento es respaldado por quienes consideran que los controles previos pueden frenar la innovación, aumentar los costos para las empresas y favorecer a competidores extranjeros menos sujetos a restricciones. Sin embargo, los defensores de una supervisión más estructurada sostienen que la velocidad no puede ser el único criterio cuando los modelos pueden utilizarse para automatizar ataques informáticos, generar código malicioso o facilitar operaciones de desinformación a gran escala.
El precedente de FINRA y sus límites
FINRA supervisa a más de 3.000 firmas financieras y alrededor de 630.000 representantes registrados. La organización redacta y aplica normas para sus miembros, se financia mediante cuotas de la industria y opera bajo la supervisión de la SEC. Para algunos funcionarios, ese esquema podría permitir atraer especialistas técnicos, realizar pruebas de seguridad y establecer criterios comparables entre los distintos desarrolladores de modelos.
El paralelismo, no obstante, tiene límites. En el sector financiero, FINRA regula a empresas y profesionales que participan en actividades definidas por un marco legal consolidado. La inteligencia artificial, en cambio, atraviesa industrias muy diferentes y sus riesgos varían según el modelo, el propósito y el contexto de uso. Además, los críticos temen que estándares inicialmente voluntarios y revisiones antes del lanzamiento terminen convirtiéndose en obligaciones legales difíciles de modificar.
La propia función de FINRA tampoco equivale a una autorización general para introducir nuevos productos financieros. Su papel principal consiste en regular a los participantes del mercado y hacer cumplir sus normas. Trasladar ese diseño a la IA exigiría precisar qué modelos quedarían sujetos a supervisión, qué pruebas serían obligatorias y qué autoridad respondería en caso de daños o fallos de seguridad.
La presión por evitar una regulación federal
David Sacks, inversor tecnológico y asesor de la Casa Blanca, también se opone a la creación de un regulador gubernamental. En su pódcast All-In, comparó esa alternativa con un “DMV para la IA”, en el que los modelos tendrían que hacer fila antes de ser evaluados. Sacks defendió un sistema voluntario semejante al de la Motion Picture Association y afirmó que cuenta con el respaldo de Elon Musk.
Según Sacks, la autorregulación de la industria cinematográfica ayudó en el pasado a evitar una intervención estatal más rígida. Sus críticos responden que las calificaciones de películas tienen consecuencias principalmente comerciales y culturales, mientras que los sistemas de IA pueden afectar la privacidad, la seguridad informática, el empleo y procesos sensibles como la atención médica o la administración pública. La comparación, por tanto, no resuelve por sí sola el problema de la responsabilidad.
La influencia de las conversaciones privadas sobre la política tecnológica de Trump también ha quedado expuesta en episodios anteriores. Según POLITICO, Sacks llamó al presidente la mañana en que estaba prevista la firma de una amplia orden ejecutiva sobre inteligencia artificial y consiguió que el acto fuera cancelado. Ese antecedente alimenta la percepción de que las grandes empresas tecnológicas y sus aliados mantienen un acceso directo a la Casa Blanca en un momento decisivo para la regulación del sector.
La administración Trump ha resumido su posición como un intento de equilibrar innovación y seguridad. La propuesta de un nuevo organismo continúa en estudio y todavía no existe una decisión definitiva sobre su estructura, sus competencias o su carácter obligatorio. El resultado dependerá de si la Casa Blanca considera suficiente la capacidad de la industria para fijar y hacer cumplir sus propios estándares o si concluye que los riesgos asociados con los modelos más avanzados requieren una autoridad con facultades formales de supervisión.
