La violencia obstétrica continúa siendo un problema estructural en México pese a un mayor reconocimiento legal, con una incidencia especialmente alta entre mujeres jóvenes, con discapacidad y de menores ingresos, según el informe La Violencia Obstétrica en Tres Dimensiones: Datos, Voces y Prácticas. El estudio fue elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El documento combina estadísticas de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), expedientes acompañados jurídicamente por GIRE y testimonios de personal sanitario. Sus hallazgos señalan que las sanciones legales, por sí solas, no han eliminado prácticas relacionadas con la atención del embarazo, parto y posparto.
La ENDIREH 2021 registró que 31.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 experimentaron alguna forma de violencia obstétrica. En el periodo de 2011 a 2016, la proporción fue de 33.4%, una reducción limitada. La incidencia alcanzó 39.8% entre usuarias del IMSS y 38.57% entre mujeres sin pareja.
Las diferencias se amplían según edad, ingresos y condición de discapacidad. En los deciles de ingreso más bajos, el registro fue de 35%, frente a 18.4% en el decil más alto. Entre mujeres con discapacidad, 43.9% reportó violencia obstétrica en su último parto, mientras que la proporción fue de 30.4% entre quienes no tenían discapacidad ni limitaciones. En adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad, el porcentaje llegó a 55.4%.
El informe también identifica un aumento de la presión para aceptar métodos anticonceptivos o esterilizaciones: esta práctica pasó de 27.7% en 2016 a 31.5% en 2021. La esterilización forzada presentó el mayor incremento entre las formas documentadas. A la vez, la proporción de cesáreas subió de 42.8% en el periodo 2011-2016 a 47.4% entre 2016 y 2021; para 2021, la tasa fue de 49.1%, por encima del rango de 10% a 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Expedientes documentan fallas de atención y acceso a la justicia
El componente cualitativo revisó 64 casos acompañados jurídicamente por GIRE. En esos expedientes se describen deficiencias en la comunicación clínica, decisiones tomadas sin información suficiente, trato degradante y demoras en la atención. También se reportan pérdidas de expedientes, desplazamiento de responsabilidad hacia las pacientes o sus familias y presiones para aceptar versiones institucionales de los hechos.
Los casos de mujeres indígenas presentaron condiciones más graves: en todos se documentó una respuesta clínica tardía y en 88% fue necesario un traslado por falta de infraestructura. El desplazamiento de culpa institucional apareció en 88% de esos casos, mientras que solo 63% obtuvo algún reconocimiento de responsabilidad. En 12 expedientes relacionados con mortalidad materna, 75% mostró infraestructura insuficiente y 67% una valoración inadecuada del riesgo.
En un taller realizado en junio de 2025 con 39 profesionales de salud, las y los participantes atribuyeron el problema a fallas de formación, sobrecarga laboral, carencia de insumos y equipos, confusión de funciones y una gestión enfocada en el volumen de atención. El informe recoge propuestas para incorporar parto humanizado, derechos reproductivos, violencia de género y bioética en la formación profesional, además de capacitación en consentimiento informado, protocolos homologados y evaluaciones de calidad que consideren la experiencia de las usuarias.
