Ocho personas fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuya privación de la libertad ocurrió el 26 de junio en la carretera Tulancingo-Huauchinango, en los límites de Puebla e Hidalgo. La decisión judicial abre un proceso penal contra Anaid N, Xóchitl N, Luis N, Carlos N, Moisés N, Jesús N, Valeria N y Litzi N.
Las víctimas realizaban reparaciones
De acuerdo con la investigación, Sarmiento García y López Saldaña se encontraban reparando un vehículo cuando fueron interceptados. El hecho se registró sobre la vía que comunica Tulancingo con Huauchinango, en una zona cercana a la frontera estatal entre Puebla e Hidalgo. La indagatoria se centra en la privación de la libertad de ambos trabajadores y en la probable participación de las ocho personas ahora imputadas.
Dos días después de que comenzó la búsqueda, las camionetas en las que se trasladaban los trabajadores fueron localizadas abandonadas en un paraje del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. Ese hallazgo forma parte de los antecedentes de la investigación federal, aunque la información disponible no precisa el estado ni la ubicación posterior de las víctimas.
Cateos y órdenes de aprehensión
Como parte de las diligencias, las autoridades federales realizaron análisis de información financiera y de comunicaciones. También ejecutaron cateos en cinco inmuebles, donde fueron detenidas las ocho personas señaladas, en cumplimiento de órdenes de aprehensión. Las acciones permitieron al Ministerio Público Federal reunir los datos de prueba que fueron presentados ante un juez.
Tras valorar los elementos expuestos por la fiscalía, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los imputados por secuestro agravado. La vinculación no define de manera definitiva su responsabilidad penal: el caso continuará bajo investigación y será durante el procedimiento judicial cuando se determine la situación jurídica de cada una de las personas acusadas.
