La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno logró que un juez vinculara a proceso a cuatro servidores públicos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y a una particular por la firma irregular de contratos por más de 11 millones de pesos. Los hechos ocurrieron entre abril y junio de 2018, cuando los funcionarios celebraron convenios con una empresa registrada en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Según la investigación, los contratos correspondieron a servicios de electromiografía y material de curación de alta especialidad. La empresa contratada carecía de capacidad legal para prestar esos servicios, lo que derivó en la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. El órgano jurisdiccional consideró que existen elementos suficientes para continuar el proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el Código Penal Federal.
Contexto de los contratos y las medidas cautelares
Las personas vinculadas a proceso son José Alfredo “N”, entonces director del centro médico; Javier “N”, coordinador; Ma. Dolores “N”, subdirectora, y Rodrigo “N”, también subdirector. A todos se les impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. La representante legal de la empresa, Cecilia Guadalupe “N”, enfrenta el mismo delito federal.
El monto total de los tres contratos asciende a 11 millones 147 mil 692 pesos. Las indagatorias revelaron que la empresa formaba parte del catálogo de EFOS desde años previos, lo que implica que ya existían alertas sobre posibles operaciones simuladas. Aun así, los servidores públicos autorizaron los pagos sin verificar la situación fiscal del proveedor ni la efectiva prestación de los servicios.
Implicaciones del uso de empresas EFOS en el sector salud
La utilización de empresas fantasma en el sector salud no es un fenómeno aislado. Diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación han documentado casos similares en institutos nacionales de salud durante administraciones anteriores. Estos esquemas generan un doble daño: por un lado, desvían recursos públicos destinados a pacientes; por otro, erosionan la confianza institucional en un sector que requiere alta especialización y controles estrictos.
En este caso concreto, la decisión judicial de vincular a proceso marca un avance en la investigación iniciada por la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, corresponde ahora al Ministerio Público Federal acreditar ante el tribunal que los servicios no se prestaron o que los contratos se celebraron con conocimiento de la irregularidad fiscal de la proveedora. Hasta el momento, las personas imputadas conservan la presunción de inocencia.
El marco legal y el combate a la corrupción
El delito de uso indebido de atribuciones y facultades sanciona a los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, otorgan contratos sin cumplir los requisitos legales. La pena puede incluir prisión, inhabilitación y reparación del daño. La inclusión de una particular como coimputada refleja la intención de la autoridad de perseguir también a los beneficiarios privados de estas operaciones.
El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas sigue abierto para que cualquier persona reporte irregularidades similares. Las autoridades han reiterado que la participación ciudadana resulta indispensable para detectar esquemas de corrupción que, de otra forma, permanecerían ocultos dentro de la compleja estructura de compras públicas en el sector salud.
El proceso penal continúa su curso. Las partes tendrán oportunidad de aportar pruebas adicionales durante la etapa de investigación complementaria. Mientras tanto, el caso ilustra los desafíos que enfrenta México para garantizar que los recursos destinados a servicios médicos de alta especialidad lleguen efectivamente a los pacientes y no se pierdan en esquemas de facturación simulada.
