Veracruz registró en 2024 un salto de 145 a 852 adolescentes imputados por delitos, según datos del Inegi. Esta cifra representa un incremento de casi seis veces en un solo año y coloca al estado, gobernado por la morenista Rocío Nahle, como la entidad con el mayor crecimiento nacional en justicia penal para adolescentes. A nivel país, 35 mil 193 menores fueron registrados como imputados, con un aumento general del 7.1 por ciento respecto a 2023.
De los 852 casos veracruzanos, 553 corresponden a hombres, 102 a mujeres y 197 permanecen sin identificación de género. El delito de lesiones desplazó al robo como principal ilícito entre menores a partir de 2022, mientras que en los centros de internamiento el narcomenudeo, el homicidio y el robo lideraron los ingresos durante 2024.
Causas estructurales detrás del aumento
El crecimiento exponencial en Veracruz no puede explicarse únicamente por un repunte delictivo. La entidad presenta altos índices de deserción escolar secundaria y preparatoria, junto con una presencia consolidada de grupos dedicados al narcomenudeo en zonas urbanas y semiurbanas. Estos factores generan entornos donde los adolescentes de 14 a 17 años son reclutados como distribuidores de bajo nivel o participan en confrontaciones que derivan en lesiones. La falta de programas de prevención focalizados en este rango de edad amplifica la exposición al sistema penal.
Además, la reforma al sistema de justicia penal para adolescentes implementada años atrás mejoró los registros, pero también incrementó la visibilidad de casos que antes quedaban en la opacidad municipal. Esto sugiere que parte del aumento refleja mejor captación de información más que un incremento proporcional de conductas delictivas.
Impacto en el sistema penitenciario y familiar
El incremento genera presión inmediata sobre los centros de internamiento estatales, que en 2024 operaron con una ocupación del 24 por ciento de su capacidad instalada a nivel nacional. Aunque Veracruz no rebasó ese límite, el flujo de nuevos ingresos reduce los recursos disponibles para atención psicológica y educativa. Los adolescentes que ingresan por primera vez enfrentan mayor riesgo de reincidencia cuando las medidas no privativas de libertad carecen de seguimiento efectivo.
En el ámbito familiar, el estigma asociado a un proceso penal afecta la reinserción escolar y laboral. Madres y padres de adolescentes imputados reportan dificultades para mantener empleos estables debido a comparecencias judiciales y visitas a centros de internamiento. Este círculo impacta directamente la economía de hogares de bajos ingresos, donde la ausencia de un ingreso juvenil puede agravar la vulnerabilidad.
Perspectivas de actores involucrados
Desde la óptica gubernamental, las autoridades estatales destacan que el aumento refleja mayor eficiencia en la investigación de delitos cometidos por menores. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionan la ausencia de políticas integrales de prevención y señalan que el endurecimiento de medidas puede criminalizar conductas asociadas a contextos de pobreza. Los defensores de menores argumentan que muchos casos de lesiones derivan de riñas escolares o conflictos vecinales que podrían resolverse mediante mecanismos restaurativos en lugar de procesos penales formales.
Los operadores del sistema de justicia, por su parte, enfrentan sobrecarga de carpetas de investigación. La proporción de adolescentes sin resolución al cierre de 2024 alcanzó el 33.1 por ciento a nivel nacional, el nivel más alto desde 2017. Esta demora prolonga la incertidumbre tanto para las víctimas como para los imputados y dificulta la aplicación oportuna de medidas socioeducativas.
Tendencias proyectadas y riesgos latentes
Si las condiciones actuales persisten, el número de adolescentes imputados en Veracruz podría estabilizarse en niveles elevados durante los próximos dos años. La combinación de narcomenudeo como delito principal de internamiento y la alta proporción de hombres entre 14 y 17 años sugiere que las estrategias de contención deben enfocarse en zonas de alta incidencia delictiva y en programas de desenganche de redes criminales.
Un riesgo significativo radica en la posible saturación de los mecanismos de justicia restaurativa. Si el sistema prioriza el internamiento sobre las medidas alternativas, aumentará la probabilidad de reincidencia y se elevará el costo social a largo plazo. Otro escenario preocupante es la expansión del reclutamiento de menores por grupos delictivos ante la percepción de impunidad derivada de procesos lentos o resoluciones inconsistentes.
La evolución de estos indicadores dependerá de la capacidad estatal para articular políticas educativas, laborales y de salud mental dirigidas específicamente a la población adolescente en riesgo. Sin intervenciones coordinadas, el incremento observado en 2024 podría convertirse en un nuevo piso estructural en lugar de un pico aislado.
