Miami, 26 jun (EFE).— Migrantes venezolanos y haitianos en Estados Unidos intensificaron este viernes sus gestiones para obtener o mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS) tras los terremotos registrados en Venezuela y la decisión de la Corte Suprema que autoriza la cancelación del beneficio para unos 350.000 haitianos.
La mayor concentración de ambas comunidades se encuentra en Florida, donde organizaciones civiles, líderes locales y funcionarios estatales solicitaron al Congreso y a la Administración Trump medidas que eviten el retorno a países que enfrentan graves crisis humanitarias y de seguridad.
Contexto de la petición venezolana
En Doral, ciudad con la mayor proporción de venezolanos en el país, varias asociaciones recolectaron víveres mientras entregaban una carta al presidente Trump. El documento solicita un nuevo TPS basado en los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles, los más fuertes en un siglo y que han causado al menos 920 muertes según reportes preliminares.
De los aproximadamente 600.000 venezolanos que contaban con TPS, 250.000 perdieron la protección en noviembre pasado y otros 350.000 verán expirar su estatus en octubre. Las organizaciones argumentan que Venezuela no está en condiciones de recibir deportados masivos y que la medida debe responder exclusivamente a razones humanitarias, sin vínculo con decisiones previas.
Como alternativa inmediata, los grupos proponen una acción diferida de 18 meses que suspenda las deportaciones. Esta opción permitiría además la excarcelación de unos 5.000 venezolanos que permanecen en centros de detención migratoria.
Situación de los haitianos tras el fallo judicial
En el barrio de Little Haiti, líderes comunitarios reaccionaron al fallo del jueves de la Corte Suprema, que deja sin efecto la protección temporal para 350.000 haitianos. Casi la mitad reside en Florida y sus permisos de trabajo comenzarán a vencer a partir del 1 de julio.
La empresaria haitiana Farel Auclair, beneficiaria del TPS desde 2005, advirtió que su regreso al país equivaldría a una sentencia de muerte. Haití registró casi 6.000 asesinatos en 2025 según datos de la ONU, en un contexto de violencia generalizada que afecta especialmente a quienes carecen de redes de protección.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó la decisión como inhumana y recordó que muchos haitianos han contribuido durante años a la economía local. Organizaciones ofrecen asesoría legal gratuita para quienes decidan solicitar asilo, aunque advierten sobre la lentitud de ese proceso bajo la actual administración.
Respaldo legislativo y llamados al Senado
Los convocantes instaron al Senado a aprobar el proyecto S.4814, ya respaldado por la Cámara de Representantes en abril con el voto de diez republicanos. La iniciativa extendería tres años el TPS para Haití y cuenta con 19 copatrocinadores. Los senadores por Florida, Rick Scott y Ashley Moody, han sido mencionados reiteradamente como figuras clave para lograr su avance.
El senador estatal Shevrin Jones subrayó que Miami alberga la mayor diáspora haitiana del país y que la comunidad ha participado activamente en la construcción de la ciudad. El coordinador de política migratoria del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH), Steve Forrester, precisó que solo en Florida 158.000 personas dependen del TPS para mantener empleos formales.
Implicaciones para las comunidades y el sistema migratorio
La coincidencia temporal de ambas crisis pone de relieve las limitaciones del TPS como herramienta temporal frente a situaciones prolongadas de inestabilidad. En el caso venezolano, los sismos recientes agravan una crisis económica y política ya existente, mientras que para los haitianos la violencia estructural persiste desde hace años sin visos de resolución inmediata.
Las solicitudes presentadas esta semana buscan equilibrar consideraciones humanitarias con la realidad de que cualquier decisión de protección debe pasar por el Congreso o por acciones ejecutivas que resistan revisiones judiciales posteriores. Las organizaciones han enfatizado la necesidad de evitar promesas de soluciones rápidas que no cuenten con sustento legal sólido.
El desarrollo de estas gestiones dependerá de la respuesta del Ejecutivo y de la capacidad del Senado para avanzar en la legislación pendiente antes de que venzan los permisos de trabajo más cercanos.
