Más de cien venezolanos deportados desde Estados Unidos llegaron el 24 de junio a La Guaira y fueron alojados en un hotel que colapsó horas después por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. Desde entonces, decenas permanecen desaparecidos y las autoridades ofrecen información contradictoria sobre su paradero.
Melany Toyo, familiar de uno de los afectados, relató en la morgue de Bello Monte que su primo Víctor Guanipa Toyo, de 32 años, llegó al país y solo pudo avisar a su madre antes de perderse todo contacto. Las respuestas oficiales varían entre 16 sobrevivientes o únicamente mujeres rescatadas, sin datos verificables que permitan a las familias saber si sus parientes están vivos, hospitalizados o fallecidos.
Fallas de coordinación expuestas
El caso revela una brecha crítica entre los protocolos de repatriación y la respuesta ante desastres. Los deportados fueron llevados directamente a un hotel sin que se activaran sistemas de registro inmediato ni planes de evacuación prioritaria para este grupo vulnerable. La ausencia de listados públicos actualizados impide que las familias ejerzan un seguimiento efectivo y genera desconfianza en las cifras oficiales.
Contexto de la tragedia mayor
Los sismos han dejado al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos según datos oficiales, que aún no actualizan el número total de desaparecidos. En este marco, la situación de los repatriados añade una capa de complejidad: personas que regresaban tras procesos migratorios forzados quedan atrapadas en la misma infraestructura que falló durante la emergencia, sin que exista un mecanismo claro de identificación y atención diferenciada.
La falta de respuestas precisas prolonga el sufrimiento de madres e hijos que esperan información definitiva. Mientras no se establezca un protocolo unificado de búsqueda y comunicación, estos casos seguirán evidenciando las limitaciones del Estado para gestionar simultáneamente deportaciones masivas y catástrofes naturales.
