El grupo de personas afectadas por el llamado “cártel inmobiliario” en Torreón volvió a colocar el caso ante la Presidencia Municipal con una exigencia inmediata: que se revise el nombramiento de Evelyn Hernández Tovar como directora de la Unidad Catastral Municipal. Para los manifestantes, la designación no es un asunto administrativo aislado, sino una decisión que puede debilitar la confianza de las víctimas en el esclarecimiento de un fraude que, aseguran, afectó a cientos de familias laguneras.
Encabezados por Alfonso Serrano Facuseh, los inconformes acudieron este viernes también para pedir avances en la denuncia presentada contra Gustavo Muñoz López y Gabriela Ávila, exfuncionarios de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. El grupo sostiene que ambos habrían facilitado trámites relacionados con operaciones mediante las cuales se vendieron terrenos y viviendas de forma fraudulenta. Estas acusaciones corresponden a la versión de los afectados y deberán ser determinadas por las instancias competentes.
La demanda rebasa la separación de exfuncionarios
El punto central de la movilización es que, para las víctimas, la baja de servidores públicos no resuelve por sí misma posibles responsabilidades. Muñoz López, exdirector general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, y Ávila, exsubdirectora, fueron separados de sus cargos durante la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís, de acuerdo con lo expuesto por los manifestantes. Sin embargo, el grupo considera indispensable que la investigación administrativa avance hasta establecer si hubo omisiones, irregularidades o participación directa en los hechos denunciados.
Serrano Facuseh informó que la síndica Natalia Fernández citó a los afectados para revisar la denuncia ante la Contraloría Municipal, luego de una reunión celebrada esta semana. Ese encuentro abre una ruta institucional relevante: la Contraloría puede revisar la actuación de funcionarios municipales y definir, en su ámbito, si existen elementos para procedimientos de responsabilidad. No sustituye una investigación penal, pero puede ayudar a reconstruir qué controles administrativos funcionaron, cuáles fallaron y quiénes tenían obligaciones específicas dentro de los trámites cuestionados.
La insistencia de los afectados responde a la dimensión que atribuyen al caso. Su vocero lo ha calificado como el fraude más cuantioso en la historia de Torreón. Aunque esa valoración requeriría una cuantificación oficial y expedientes consolidados para ser confirmada, refleja la escala social del conflicto: no se trata únicamente de disputas individuales por una propiedad, sino de familias que afirman haber perdido patrimonio, certeza jurídica y capacidad de planear su futuro.
El nombramiento que reabre la desconfianza
La inconformidad contra Hernández Tovar se origina en su paso previo por la oficina estatal del Registro Público de la Propiedad en Torreón. Los manifestantes sostienen que durante su gestión ocurrieron casos vinculados al fraude inmobiliario y que su actuación, por desinformación, omisión, complicidad o algún otro motivo, habría contribuido a que las irregularidades alcanzaran una mayor dimensión. No se ha informado de una resolución oficial que establezca responsabilidad de la actual directora catastral por esas acusaciones.
El cuestionamiento adquiere peso porque el Registro Público de la Propiedad y Catastro cumplen funciones distintas, pero complementarias, dentro de la seguridad jurídica inmobiliaria. El primero da publicidad y certeza a actos inscritos sobre bienes; el segundo concentra información territorial y fiscal que incide en la identificación de predios, propietarios y características de los inmuebles. Cuando una misma crisis afecta la confianza en ambos espacios, las víctimas perciben que el circuito institucional de protección patrimonial puede quedar comprometido.
Los manifestantes llevaron documentos que, según dijeron, incluyen códigos QR alterados y capturas de pantalla de personas que trabajaron en la dependencia estatal. También acusaron que más de 40 por ciento de los documentos permaneció sin digitalizar durante la gestión de Hernández Tovar. Tales elementos deberán ser verificados por autoridades técnicas y jurídicas. Su valor no depende sólo de que existan, sino de que pueda establecerse su autenticidad, su relación con expedientes concretos y la cadena de decisiones que permitió utilizar o tolerar documentos presuntamente irregulares.
Digitalización y control: el problema detrás del expediente
La referencia a documentos no digitalizados revela una dimensión menos visible del conflicto. La digitalización no es una garantía automática contra el fraude, pero reduce zonas de opacidad cuando se acompaña de controles de acceso, trazabilidad de cambios, validación documental y auditorías. Un archivo incompleto, disperso o difícil de consultar puede prolongar los litigios y hacer más costosa la defensa de quienes necesitan demostrar la historia jurídica de un inmueble.
Por ello, la discusión no debería agotarse en la permanencia o remoción de una funcionaria. El gobierno municipal necesita explicar con claridad los criterios del nombramiento, las facultades de la Unidad Catastral y los mecanismos de prevención que estarán vigentes. Una respuesta institucional sólida requeriría separar dos planos: respetar la presunción de inocencia de las personas señaladas y, al mismo tiempo, atender el conflicto de confianza que surge cuando una designación recae sobre alguien cuestionado por quienes fueron afectados por fallas del sistema inmobiliario.
Una prueba para la reparación y la confianza pública
El caso pone a Torreón frente a una prueba de gestión pública que va más allá de resolver expedientes individuales. Las víctimas han pedido castigo para quienes resulten responsables, mientras que el Municipio ha expresado disposición para escuchar a los afectados y valorar la reparación del daño. Para que esa disposición sea creíble, debe traducirse en seguimiento verificable de las denuncias, comunicación clara sobre los avances y medidas que impidan repetir esquemas similares.
La confianza en la propiedad depende de que las familias puedan creer que un trámite, una inscripción o un dato catastral tiene respaldo institucional. Cuando esa certeza se rompe, el daño se extiende al mercado de vivienda, a la inversión familiar y a la relación entre ciudadanía y autoridades. La protesta de este viernes no sólo cuestiona un nombramiento; exige que las instituciones encargadas de resguardar la tierra y la vivienda demuestren que pueden investigar sus fallas, corregirlas y proteger a quienes dependen de ellas.
