Javier Milei resolvió acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia y situó al proyecto entre las prioridades de su política de Defensa. La decisión no crea una iniciativa nueva: reactiva una obra concebida hace más de una década, iniciada formalmente en 2022 y retrasada respecto de sus cronogramas originales. El cambio relevante es político y estratégico: el Gobierno busca convertir una planificación acumulada, hasta ahora fragmentaria, en una capacidad efectiva de presencia argentina en el Atlántico Sur y de apoyo logístico hacia la Antártida.
El Presidente ligó ese impulso a un escenario de competencia creciente por recursos estratégicos, a la cuestión Malvinas y al desarrollo de hidrocarburos en el área próxima a las islas. Su argumento central es que la defensa de intereses nacionales no depende solamente de declaraciones diplomáticas o instrumentos jurídicos, sino también de la posibilidad material de sostener buques, personal, comunicaciones y abastecimientos en una región distante de los principales centros logísticos del país.
Una base pensada para operar, no solo para atracar
El núcleo previsto del complejo es un muelle de gran escala en las proximidades de Punta Oriental, en la bahía de Ushuaia. Los diseños más recientes contemplan unos 15.640 metros cuadrados y cerca de 1.050 metros lineales de atraque, con sectores de entre seis y 16 metros de profundidad. Esa configuración podría permitir el amarre de las principales unidades de superficie de la Armada, incluido el rompehielos ARA Almirante Irízar, siempre que el diseño final incorpore los sistemas de maniobra, defensas, amarre y servicios necesarios.
La dimensión decisiva, sin embargo, está en tierra. La primera etapa incluye urbanización, redes de servicios, edificios marítimos y unos 10.100 metros cuadrados orientados a la logística antártica. Allí se proyectan galpones de carga y maquinaria, talleres, cámaras frigoríficas, depósitos de combustibles líquidos y gases, además de equipos para manipular grandes volúmenes de abastecimiento. En una campaña antártica, esa concentración previa resulta crucial: alimentos, repuestos, combustible, vehículos y materiales científicos deben quedar preparados dentro de una ventana operativa limitada por el clima y la navegación.
La segunda etapa prevé alrededor de 39.000 metros cuadrados para la Base Naval y el Comando del Área Naval Austral, hoy distribuido en distintas instalaciones. Una tercera incorporaría viviendas para personal. Por eso, el proyecto no debe medirse únicamente por la construcción de un puerto. Su valor reside en la integración entre amarre, almacenamiento, mantenimiento, mando, transporte y alojamiento. Sin esa combinación, un muelle profundo puede recibir un buque, pero difícilmente amplía de manera sostenida la autonomía de una fuerza naval.
El eje Ushuaia-Antártida detrás de la obra
La ubicación explica la persistencia del proyecto a través de gobiernos de distinto signo. Ushuaia es la principal plataforma marítima argentina hacia la península antártica y ya alberga al Comando del Área Naval Austral, encargado de vigilancia marítima, búsqueda y rescate, control del tráfico en el canal Beagle y custodia de los pasajes bioceánicos. Su jurisdicción llega hasta el paralelo 60° Sur, precisamente el límite septentrional del área de aplicación del Tratado Antártico.
La Base Naval Integrada pretende escalar esa condición geográfica mediante un eje logístico con la Base Antártica Conjunta Petrel. La lógica es sencilla: Ushuaia funcionaría como nodo continental para concentrar cargas, combustible y personal; Petrel reforzaría la capacidad de recepción y redistribución dentro del continente blanco. El resultado esperado es reducir tiempos de preparación, disminuir la dependencia de infraestructura ubicada mucho más al norte y ofrecer respaldo a las bases argentinas durante campañas prolongadas.
La planificación también contempla prestar servicios a programas antárticos de otros países dentro del marco del Tratado Antártico y de los acuerdos aplicables. Esa posibilidad añade una dimensión económica y diplomática. Un puerto capaz de asistir expediciones internacionales puede generar actividad logística local y reforzar la gravitación argentina en las redes operativas del Sur. Pero ese potencial dependerá de estándares confiables de servicios, disponibilidad de combustible, capacidad de reparación y continuidad de las inversiones, no solo de la cercanía geográfica.
La brecha entre el anuncio y la capacidad real
Los antecedentes muestran por qué el nuevo impulso debe ser evaluado con prudencia. En marzo de 2022 comenzaron obras vinculadas con estudios, nivelación de suelos, fundaciones y primeros galpones, pero el proyecto no alcanzó las etapas que permitirían disponer del muelle principal ni del complejo naval completo. También quedó rezagada la idea de un dique flotante para atender patrulleros oceánicos, avisos y corbetas sin enviarlos miles de kilómetros hacia astilleros del norte.
Esta demora importa porque el objetivo operativo es más ambicioso que ampliar instalaciones existentes. Los patrulleros oceánicos ARA Bouchard, ARA Piedrabuena, ARA Storni y ARA Contraalmirante Cordero son herramientas centrales para vigilar espacios marítimos y recursos en la Zona Económica Exclusiva. Si cuentan con abastecimiento, reparaciones y apoyo más cerca de sus áreas de patrulla, pueden reducir tiempos improductivos de traslado y aumentar su permanencia en el mar. La base, en ese sentido, no reemplaza unidades navales ni resuelve por sí sola las limitaciones de personal y presupuesto; multiplica la utilidad de los medios disponibles.
Una señal geopolítica con límites definidos
La visita de Milei a Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, en abril de 2024 otorgó al proyecto una proyección internacional inmediata. La Casa Rosada vinculó entonces la obra con su acercamiento estratégico a Washington y con la idea de que Argentina y Estados Unidos actúen como puerta de entrada a la Antártida. Esa imagen alimentó interrogantes sobre una eventual presencia estadounidense en la instalación.
El Ministerio de Defensa respondió al Congreso que no existe un acuerdo para construir una base conjunta con Estados Unidos, que no hubo aportes estadounidenses de fondos o materiales y que no se prevé ceder terrenos ni edificios. Más recientemente, sostuvo que el desarrollo, financiamiento y control operativo serán exclusivos del Estado argentino y que la jurisdicción militar nacional será indelegable. Esa precisión busca preservar la autonomía formal del proyecto, en un contexto donde la infraestructura austral es observada por las grandes potencias como un activo sensible.
La apuesta de Milei será relevante si logra cerrar la distancia entre la definición geopolítica y la ejecución concreta. La Base Naval Integrada puede fortalecer el control marítimo, la protección de recursos y el vínculo logístico con la Antártida, pero sus resultados dependerán de obras sostenidas, equipamiento operativo, mantenimiento y una política de Estado que sobreviva a los ciclos de gobierno. En el extremo sur, la presencia no se acredita por la intención: se construye con capacidad de permanecer, abastecer y actuar.
