Álvaro Uribe Vélez negó cualquier responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, cometidas en Antioquia en 1997 y 1996, y en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998. Antes de comparecer ante la Fiscalía, el expresidente aseguró: “No he sido asesino” y sostuvo que enfrenta una persecución política.
La diligencia formaliza su vinculación a una investigación que examina presuntos nexos con estructuras paramilitares durante su gestión como gobernador de Antioquia. La Fiscalía busca establecer si Uribe facilitó o promovió las operaciones de esos grupos, que dejaron decenas de campesinos asesinados, viviendas incendiadas y bienes saqueados.
Una investigación con antecedentes judiciales
Testigos han afirmado que un helicóptero de la Gobernación sobrevoló El Aro mientras paramilitares actuaban en la zona. El expediente también incluye la presunta utilización de la finca Las Guacharacas como centro de operaciones. La relevancia del proceso radica en que intenta determinar si la responsabilidad estatal fue solo omisiva o si existieron apoyos concretos desde el poder regional.
La investigación llega después de que la Corte Interamericana condenara al Estado colombiano por omisiones en las masacres y por la ejecución extrajudicial de Valle. Además, Santiago Uribe, hermano del exmandatario, fue condenado en 2025 por liderar a Los 12 Apóstoles. Aunque una condena previa contra Álvaro Uribe por soborno fue revocada, esta nueva indagatoria mantiene bajo examen judicial uno de los capítulos centrales de la violencia paramilitar en Antioquia.
