El Hospital Universitario del Valle atraviesa una de las etapas más tensas de los últimos años. La combinación de una demanda que supera con creces su capacidad instalada y un flujo financiero irregular ha llevado al servicio de urgencias a registrar una ocupación del 130 %. Esta cifra, confirmada por la gerencia de la institución, refleja tanto el volumen de pacientes que llegan sin remisión como las limitaciones estructurales que enfrenta la red de salud del Valle del Cauca.
Capacidad rebasada y tiempos de atención
El gerente Irne Torres explicó que el hospital pasó de operar con 120 camillas a 150, mientras mantiene solo diez consultorios para triage y atención inicial. En condiciones normales, un proceso de clasificación debería resolverse en quince a treinta minutos; actualmente, muchos usuarios esperan entre cuatro y cinco horas. Esta dilatación no responde únicamente al aumento de consultas, sino a que más del 60 % de quienes llegan lo hacen por iniciativa propia, sin que otra institución los haya derivado. El centro, diseñado para patologías de alta complejidad, termina absorbiendo casos que podrían resolverse en niveles de menor complejidad, lo que satura los recursos destinados a traumas mayores y enfermedades coronarias.
La ocupación en hospitalización también se mantiene en el 100 %. Torres recordó que hace tres semanas llegaron a registrarse más de quince ambulancias estacionadas en el exterior con pacientes en espera, mientras la sala de urgencias seguía recibiendo personas con afecciones que no requerían ese nivel de atención. El hospital ha optado por no cerrar servicios, lo que lo convierte en destino final para usuarios que no encuentran respuesta en otros centros.
Consulta externa y represamiento de citas
El desbordamiento se extiende a los servicios ambulatorios. El HUV cuenta con capacidad para atender cerca de 8.000 pacientes mensuales en consulta externa, pero recibe alrededor de 15.000 solicitudes. Como resultado, los tiempos de espera, que antes oscilaban entre quince días, ahora alcanzan entre 60 y 90 días. Este represamiento evidencia el deterioro progresivo de la red departamental: cuando los centros de menor complejidad derivan pacientes o no resuelven sus casos, la presión se concentra en los hospitales de referencia.
Deuda acumulada y dependencia de pagos de EPS
El panorama financiero agrava la situación operativa. Las deudas totales con el hospital ascienden a 700.000 millones de pesos, de los cuales casi la mitad corresponde a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. Emssanar adeuda más de 210.000 millones; Nueva EPS, 110.000 millones; Asmet Salud, 60.000 millones; y Coosalud, 45.000 millones. Aunque el ejercicio contable pueda arrojar resultados positivos, la falta de liquidez inmediata compromete la capacidad de mantener personal, insumos y equipos en condiciones óptimas. Torres señaló que varias de estas entidades no realizan pagos regulares, lo que dificulta la planeación a mediano plazo.
Contexto del sistema y responsabilidades compartidas
La crisis del HUV no puede leerse como un fenómeno aislado. Forma parte de un patrón recurrente en el que los hospitales de alta complejidad terminan supliendo las deficiencias de la red primaria y secundaria. La ausencia de mecanismos efectivos de remisión y la demora en los pagos por parte de las EPS generan un efecto dominó: los pacientes acuden directamente a las puertas que permanecen abiertas, saturando los recursos destinados a casos que realmente requieren atención especializada. El hospital ha insistido en que su misión no incluye atender gripas o uñas encarnadas, sin embargo, la realidad de la demanda obliga a destinar camillas y personal a estos casos mientras se acumulan pacientes con patologías que sí justifican su nivel de complejidad.
Las intervenciones gubernamentales sobre algunas EPS buscan estabilizar el sistema, pero sus efectos sobre la liquidez de los hospitales tardan en materializarse. Mientras tanto, el HUV continúa operando al límite, recibiendo pacientes de todo el departamento y manteniendo servicios abiertos pese a las restricciones financieras. La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo que concentra la atención de alta complejidad en pocos centros sin garantizar flujos de pago oportunos ni una distribución equilibrada de la demanda.
