El Tribunal de Cuentas ha revelado que una de cada diez ciudades grandes fiscalizadas prorrogó de forma ilegal los contratos de abastecimiento de agua potable durante 2023. Además, una de cada cinco lo hizo una vez vencido el plazo legal. Estas prácticas afectan a municipios de entre 50.000 y 75.000 habitantes con gestión indirecta del servicio.
Hallazgos clave del informe
El organismo detectó modificaciones sustanciales en uno de cada cuatro contratos sin seguir los trámites exigidos para garantizar interés público. En la retribución mediante tarifa, el beneficio industrial ligado a los costes genera un desincentivo para la eficiencia. Solo un tercio de las entidades realizó controles financieros específicos y ninguna publicó el contrato en su portal de transparencia.
Implicaciones para la gestión pública
Estas irregularidades evidencian debilidades estructurales en el control de servicios esenciales. La ausencia de supervisión y transparencia aumenta el riesgo de sobrecostes para los ciudadanos y debilita los principios de contratación pública. El informe subraya la necesidad de reforzar mecanismos de fiscalización para evitar que la prórroga de contratos se convierta en práctica habitual sin justificación legal.
El Tribunal de Cuentas también identificó problemas en la liquidación de cánones y revisiones tarifarias, lo que apunta a una gestión económica poco rigurosa en un servicio básico como el agua.
