Donald Trump abrió un nuevo conflicto entre la política ganadera y la conservación al ordenar la revisión de las protecciones federales del lobo mexicano en Estados Unidos. Durante un acto con productores en la Casa Blanca, el presidente planteó si los ganaderos podían disparar contra los animales “desde hoy”. La respuesta legal es no: la orden ejecutiva no habilita la matanza inmediata ni generalizada de esta subespecie, que sigue amparada por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
Una revisión con plazo de 90 días
La orden, denominada Supporting America’s Ranchers, da 90 días al secretario del Interior, Doug Burgum, para determinar si el lobo gris y el lobo mexicano cumplen las condiciones para reducir o retirar su protección. Ese eventual cambio exige evaluación científica, procedimientos administrativos y justificación jurídica; no depende de una declaración presidencial. Matar un lobo mexicano sin autorización continúa siendo un delito federal.
El gobierno busca facilitar controles letales en casos de ataques comprobados al ganado, agilizar investigaciones, revisar indemnizaciones y promover cambios en las normas estatales. Ya existen mecanismos para retirar ejemplares vinculados con depredaciones verificadas, pero se aplican como último recurso, tras evaluar el riesgo de nuevos ataques y medidas preventivas. La diferencia clave es que Trump pretende rebajar esa barrera operativa en respuesta a productores afectados por costos crecientes y una menor disponibilidad de ganado bovino.
La recuperación sigue incompleta
El lobo mexicano, Canis lupus baileyi, estuvo al borde de desaparecer tras campañas de exterminio ligadas a la expansión ganadera. Su reintroducción comenzó en Arizona y Nuevo México en 1998, con una población fundadora de apenas siete animales. El conteo invernal de 2025 registró al menos 317 lobos en libertad en Estados Unidos, una cifra relevante pero insuficiente para declarar recuperada a la subespecie.
El plan binacional exige que Estados Unidos sostenga un promedio mínimo de 320 lobos durante ocho años y que México alcance 200 en el mismo periodo, además de asegurar diversidad genética y dos poblaciones viables. El rezago mexicano impide cumplir esas metas. Por ello, flexibilizar la eliminación letal antes de consolidar la recuperación podría afectar animales reproductores y agravar la fragilidad genética de una especie cuya supervivencia depende de una población todavía pequeña y transfronteriza.
