El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó este domingo el fin de las conversaciones que el Gobierno mantenía con tres grupos armados ilegales: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). El mandatario sostuvo que no encontró una voluntad “real y verificable” de paz, de reinserción a la vida civil ni de sometimiento serio a la justicia que justificara mantener abiertas esas mesas.
La confirmación llegó dos días después de que De la Espriella revocara, el viernes, los nombramientos de los representantes gubernamentales y los reconocimientos de los delegados de las organizaciones en esos diálogos. Con esa decisión administrativa, el Ejecutivo retiró la representación formal que sostenía los procesos heredados de la política de “paz total” del anterior Gobierno.
En su alocución, el jefe de Estado cuestionó el funcionamiento de las negociaciones y afirmó que no permitirá que la palabra paz sea utilizada como una excusa para la impunidad. Según dijo, las mesas no podían convertirse en un refugio para grupos que siguieran vinculados a la violencia y la criminalidad. “Se acabaron las mesas sin resultados y beneficios, sin que haya contraprestaciones reales”, afirmó.
Las divisiones previas entre las disidencias
El EMBF había formado parte del Estado Mayor Central (EMC), considerado la principal disidencia de las antiguas FARC. En 2024 se separó de esa estructura después de que el EMC se negara a continuar las conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. La escisión pasó a integrar uno de los procesos que ahora han quedado terminados.
La CNEB también surgió de una ruptura interna, en este caso dentro de otra disidencia conocida como Segunda Marquetalia. Está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera. Junto con el EMBF y las ACSN, grupo paramilitar que opera en la Sierra Nevada, fue incluida en las mesas que el Gobierno actual decidió desactivar.
El antecedente de la “paz total”
Los diálogos cancelados hacían parte de la estrategia de “paz total”, eje de la administración de Petro para negociar con guerrillas y disidencias de las FARC, además de buscar el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. La propuesta también contempló contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central.
Sin embargo, las conversaciones con el ELN y con el EMC ya habían sido suspendidas durante el Gobierno anterior, que alegó falta de voluntad de paz de esas estructuras. La política también incluía la posibilidad de que bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país según la información conocida, se sometieran a la justicia, pero los resultados fueron limitados.
De la Espriella señaló que quienes persistan en las armas y el crimen enfrentarán “toda la capacidad legítima del Estado”. Su definición de paz, añadió, se basa en la aplicación de la fuerza legítima de las armas y de las leyes de la República, bajo el Estado de derecho.
