A 15 años del incendio del Casino Royale en Monterrey, los familiares de las 52 víctimas mortales, incluidas dos mujeres embarazadas, denuncian que la justicia sigue incompleta. De 25 personas investigadas, únicamente dos han recibido sentencia firme: una por la causa principal y otra por causas acumuladas. El colectivo 52+2 exige información clara sobre cada expediente y presentó una iniciativa para coordinar la atención institucional en macroprocesos judiciales.
El 25 de agosto de 2026, durante el aniversario, Samara Pérez Muñiz, madre de Brad Xavier Muraira, de 18 años, acudió al Congreso de Nuevo León antes de encabezar el acto en el memorial instalado en el antiguo predio del casino. Allí entregó la propuesta de Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derechos en Macroprocesos Judiciales, dirigida a que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía estatal concilien sus datos y den a cada familia una explicación verificable sobre su caso.
La falta de información es parte central del reclamo. Según Pérez Muñiz, las familias todavía no conocen con precisión el estado de los 25 procesados: cuatro expedientes permanecen en instrucción, seis tienen reposición de procedimiento, 11 cuentan con sentencias apeladas y dos procesos concluyeron tras la muerte de los acusados. La causa principal, identificada como 203/2011, acumula otras 14 causas.
El ataque de 2011
El 25 de agosto de 2011, alrededor de las 15:00 horas, entre 13 y 16 integrantes de Los Zetas llegaron en camionetas al Casino Royale, en la avenida San Jerónimo, con bidones de gasolina. Rociaron combustible en la entrada, bloquearon los accesos y prendieron fuego mientras había cerca de 150 personas dentro. Las autoridades confirmaron durante la madrugada siguiente un saldo de 52 muertos y 11 lesionados. La versión oficial señaló que el ataque respondió a la negativa del propietario a pagar una extorsión de aproximadamente 130 mil pesos.
En octubre de 2011 fue detenido Carlos Alberto Oliva Castillo, alias La Rana, identificado como autor intelectual. En marzo de 2015, fuerzas federales capturaron en San Pedro Garza García a Omar Treviño Morales, el Z-42, señalado como principal responsable del incendio. Con el paso de los años, Jesús Alejandro García González recibió una pena de 218 años por homicidio calificado y asociación delictuosa, mientras que Baltasar Saucedo Estrada, El Mataperros, fue sentenciado a 135 años en julio de 2025.
El 17 de agosto de 2026, días antes del aniversario, fue sentenciado otro involucrado, aunque la vocera indicó que las autoridades no le informaron la identidad ni la pena impuesta. También permanece en revisión ante un Tribunal Colegiado un amparo promovido por las familias contra el intento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de concluir su recomendación sobre el caso.
El memorial 52+2, inaugurado en agosto de 2024, conserva cruces y placas con los nombres de las víctimas, incluidos los dos bebés no nacidos. Aunque autoridades federales y locales ofrecieron una disculpa pública el 31 de agosto de 2022, los familiares sostienen que su reclamo seguirá mientras los procesos penales permanezcan abiertos y no reciban información completa sobre cada caso.
