El anuncio de nuevas obras de infraestructura vial por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió una discusión más amplia sobre la conectividad regional en Colombia. Las empresas de transporte intermunicipal respaldaron la intervención de vías rurales y los proyectos estratégicos presentados por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, pero advirtieron que mejorar las carreteras no garantiza, por sí solo, que las comunidades puedan desplazarse de manera regular y segura.
La Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans), la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) y el Consejo Superior del Transporte (CST) plantearon que la política de conectividad debe incluir decisiones sobre la operación diaria de los buses. Para los gremios, una vía renovada solo cumple su propósito si existen empresas capaces de utilizarla, rutas sostenibles y condiciones que permitan mantener el servicio aun cuando surjan bloqueos o problemas de seguridad.
Una agenda que va más allá del pavimento
La posición empresarial surgió después del llamado de la ministra Noguera a mantener un diálogo permanente con el sector. En respuesta, los transportadores presentaron una agenda con medidas orientadas a convertir los anuncios generales de conectividad regional en acciones administrativas y regulatorias concretas.
El primer punto es la reducción de trámites. Las compañías sostienen que las exigencias acumuladas para operar, reportar información y cumplir controles han incrementado los costos y han dificultado la gestión, especialmente para las empresas pequeñas. Su propuesta no implica eliminar la supervisión, sino revisar si los procedimientos actuales son proporcionales, claros y uniformes para todos los operadores.
En esa discusión se encuentran los sistemas de control y reporte exigidos por la Superintendencia de Transporte. Según los gremios, estas obligaciones han creado cargas adicionales que afectan la capacidad financiera de algunas empresas. Por ello, solicitaron evaluar los mecanismos existentes y determinar cuáles pueden simplificarse sin debilitar la vigilancia sobre el servicio ni la protección de los pasajeros.
La regulación, en el centro de la conversación
Los empresarios también propusieron una reforma integral del Decreto 1079 de 2015, considerado el reglamento único del sector transporte en Colombia. La norma reúne disposiciones aplicables a los servicios terrestre, marítimo, fluvial, férreo y aéreo, y establece reglas sobre la habilitación de empresas, la homologación de vehículos, las tarjetas de operación y las inspecciones técnicas.
El decreto también contempla obligaciones para propietarios y conductores. Los transportadores consideran que varios de sus artículos deben actualizarse para responder a las condiciones económicas y tecnológicas actuales. Su planteamiento apunta a reducir exigencias administrativas que califican como innecesarias y a agilizar procedimientos que, en su opinión, pueden retrasar la operación sin aportar mejoras equivalentes en seguridad o calidad.
La reforma solicitada plantea un dilema habitual de la política pública: simplificar la operación sin disminuir los controles. Para el sector, una regulación más moderna podría mejorar la eficiencia y facilitar la recuperación de compañías afectadas por el terremoto. Para que esa actualización resulte viable, el Gobierno tendría que definir qué trámites son redundantes, cuáles protegen directamente a los usuarios y cómo se verificará el cumplimiento de las obligaciones esenciales.
Seguridad y continuidad frente a los bloqueos
La seguridad de los corredores viales es otra de las prioridades de Asotrans, Aditt y el CST. Los gremios señalaron que la conectividad regional no puede medirse únicamente por la existencia o el estado físico de una carretera. También debe considerar la posibilidad real de que los buses circulen y de que los pasajeros lleguen a sus destinos cuando se presentan bloqueos u otras situaciones que interrumpen la movilidad.
Esta preocupación tiene un impacto directo sobre la población. Las rutas intermunicipales permiten llegar a centros de estudio, lugares de trabajo, servicios médicos y mercados donde se comercializan productos. Cuando una operación se suspende, las consecuencias no recaen únicamente sobre las compañías: también afectan a quienes dependen del transporte colectivo para mantener sus actividades cotidianas y sus vínculos económicos entre municipios.
Los empresarios no detallaron un mecanismo específico para garantizar la continuidad del servicio durante las interrupciones, pero pidieron que el asunto haga parte de la conversación con el Ministerio de Transporte. La definición de protocolos, la coordinación institucional y las condiciones de seguridad en los corredores serán elementos determinantes para que las inversiones viales produzcan resultados visibles en las regiones.
El reto de convertir el diálogo en decisiones
El Gobierno ha presentado las obras rurales y los proyectos estratégicos como instrumentos para fortalecer la conexión territorial. Los transportadores, aunque respaldan esas intervenciones, buscan que la política no quede limitada a la construcción o rehabilitación de carreteras. Su argumento es que la infraestructura genera capacidad física, pero el servicio de transporte es el que transforma esa capacidad en desplazamientos concretos para los ciudadanos.
La discusión también expone la necesidad de coordinar áreas que suelen avanzar por separado. Una carretera puede estar terminada, pero si los costos regulatorios presionan a las empresas, las rutas no son rentables o existen riesgos que impiden operar, la conexión seguirá siendo incompleta. Del mismo modo, una simplificación normativa requerirá controles claros para evitar que la reducción de trámites afecte la seguridad vial o las garantías de los pasajeros.
La apertura del diálogo anunciada por la cartera de Transporte ofrece un espacio para revisar esas dificultades con participación del Gobierno y de los operadores. El sector espera que las conversaciones deriven en cambios verificables sobre trámites, regulación, seguridad y atención de bloqueos. La expectativa gremial es que las obras anunciadas se acompañen de decisiones que permitan sostener las rutas intermunicipales y que la conectividad regional se traduzca en viajes seguros, continuidad del servicio y menores obstáculos para las empresas que enlazan a las comunidades.
