El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que entre los menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado mes de julio habrá casos de niños y adolescentes con derecho a solicitar asilo o que no podrán ser reagrupados con sus familias. En esas situaciones, ha señalado, la legislación impedirá su retorno al país de origen, aunque el objetivo del Gobierno es devolver a quienes no tengan derecho a permanecer en España.
“Habrá quien tenga derecho a asilo y menores que no puedan ser reagrupados”, afirmó Torres este miércoles, 2 de septiembre, en una entrevista en Radio Nacional de España recogida por Europa Press. El ministro recalcó que esas personas no podrán ser devueltas “acorde a ley”, no por una decisión política destinada a favorecer su permanencia, sino por la obligación de respetar las garantías individuales previstas en el ordenamiento jurídico.
El Gobierno sitúa la reagrupación familiar como primera opción
La respuesta del Ejecutivo se articula, según Torres, en torno a dos objetivos simultáneos: facilitar que los menores puedan reunirse con sus familias cuando sea posible y tramitar conforme a derecho la situación de quienes no tengan una vía legal para permanecer en España. La reagrupación familiar dependerá de la identificación de los menores, de la localización y comprobación de sus vínculos familiares y de que el retorno reúna las condiciones exigidas por la normativa.
El ministro no precisó cuántos menores podrían encontrarse en cada una de esas situaciones. Sí sostuvo que la mayoría de las personas que entraron irregularmente en Ceuta serán devueltas porque, previsiblemente, no tendrán derecho al asilo ni a la protección internacional. Al mismo tiempo, insistió en que esa previsión no permite aplicar una devolución automática o colectiva: cada expediente debe analizarse individualmente y tener en cuenta la edad, la situación familiar y las eventuales necesidades de protección.
Una gestión condicionada por los procedimientos legales
Torres ha defendido la actuación del Gobierno desde que fue designado autoridad funcional para coordinar las competencias relacionadas con la crisis en Ceuta. Entre sus responsabilidades ha mencionado la movilización de recursos, la respuesta humanitaria y la recuperación de la normalidad mediante el retorno de las personas que entraron de forma irregular y no tienen derecho a permanecer en territorio español.
El ministro ha recordado que las devoluciones deben llevarse a cabo mediante los procedimientos correspondientes. En este sentido, ha citado precedentes de los años 2002, 2006, 2015 y 2026, bajo distintos gobiernos, para argumentar que este tipo de operaciones no pueden resolverse de un día para otro. “Hay quienes cuando están en la oposición dicen que se puede devolver de la noche a la mañana, pero cuando ellos gobernaban saben perfectamente que eso no es así”, criticó.
Su referencia apunta a la necesidad de abrir expedientes, identificar a las personas afectadas y garantizar sus derechos antes de ejecutar cualquier retorno. Torres también aludió a procedimientos de devolución realizados sin ajustarse a la ley y afirmó que representantes políticos de distintas organizaciones han sido condenados por actuaciones de ese tipo. No ofreció en la entrevista detalles adicionales sobre esos casos, pero utilizó el antecedente para subrayar que la legalidad constituye el límite de la respuesta institucional.
Críticas a las posiciones del PP y Vox
Las declaraciones del ministro se produjeron en un contexto de movilizaciones convocadas en Ceuta. Torres consideró que las manifestaciones celebradas este miércoles no estaban orientadas a defender a la ciudad o a sus habitantes, sino a actuar “contra el Gobierno de España”. El diagnóstico contrasta con el malestar expresado en Ceuta por la presión que supone la llegada de menores y por la necesidad de disponer de más recursos de acogida y protección.
El ministro dirigió parte de sus críticas al Partido Popular y a Vox. Afirmó que ambas formaciones votaron en contra de distribuir por otros territorios españoles a los menores no acompañados que ya se encontraban en Ceuta antes del 30 de julio. Torres recordó que la propuesta contaba con una petición expresa del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y que la ciudad soportaba entonces una “gran presión social”. “No ayudaron a Ceuta, cuando tuvieron que hacerlo”, reprochó.
El PP sostiene, según la posición descrita por Torres, que la gestión debe permitir una respuesta efectiva a la situación de Ceuta, pero el ministro considera que sus dirigentes conocen la existencia de derechos individuales y de determinados trámites administrativos. La controversia política se centra así en dos planos distintos: la exigencia de aliviar la presión sobre la ciudad mediante traslados y retornos, y la obligación de examinar cada caso sin vulnerar las normas de extranjería, asilo y protección de menores.
El desafío de conciliar rapidez y garantías
La situación mantiene abierta una tensión entre la urgencia de las autoridades ceutíes y los tiempos que requieren los procedimientos legales. Para la ciudad, la llegada de menores implica necesidades inmediatas de alojamiento, atención social, educación y tutela. Para el Gobierno central, cualquier decisión sobre su futuro debe distinguir entre quienes pueden ser reagrupados, quienes tienen necesidades de protección internacional y quienes no reúnen los requisitos para permanecer en España.
Torres ha presentado la devolución como una medida prevista por la ley, no como una decisión discrecional del Ejecutivo. Esa distinción será determinante en los próximos pasos: mientras los retornos de adultos o menores sin derecho de permanencia deberán tramitarse conforme a las garantías exigibles, los casos de asilo, riesgo o imposibilidad de reagrupación requerirán una respuesta específica. El resultado dependerá, por tanto, de la documentación disponible, de la evaluación individual y de la cooperación con las familias y las autoridades implicadas.
