Las familias tijuanenses con hijas e hijos nacidos en Estados Unidos podrán aprovechar durante septiembre una campaña de doble nacionalidad que elimina, de manera temporal, la exigencia de apostillar el acta de nacimiento estadounidense. La medida está dirigida a menores de cero a 17 años que tienen padre o madre mexicanos, pero aún no cuentan con registro de nacimiento mexicano ni Clave Única de Registro de Población (CURP).
El alcance inmediato del programa es administrativo, pero su efecto puede ser determinante para miles de familias transfronterizas: obtener el registro mexicano permite acreditar formalmente la identidad del menor ante instituciones nacionales y abre la puerta a posteriores trámites, incluido el pasaporte mexicano. La campaña se realizará en las 11 oficialías del Registro Civil de Tijuana y también habrá atención en la explanada del Palacio Municipal.
Un trámite concentrado en documentos esenciales
El secretario de Gobierno Municipal, Ramón Vázquez Valadez, explicó que las familias deberán presentar el acta de nacimiento estadounidense del menor, así como las actas actualizadas de los padres mexicanos, identificaciones oficiales y CURP certificadas. También se solicita un comprobante de domicilio en Tijuana con antigüedad máxima de tres meses.
La exención de la apostilla es el cambio operativo más relevante de la jornada. Este sello certifica, para fines internacionales, la autenticidad de un documento expedido en otro país. Obtenerlo puede exigir gestiones ante autoridades estadounidenses, pagos, traslados o intermediarios, obstáculos particularmente complejos para hogares que viven entre ambos lados de la frontera o que no pueden desplazarse con facilidad al estado donde nació el menor.
Al retirar ese requisito durante septiembre, el municipio reduce una barrera que no depende de la voluntad de los padres ni de la situación jurídica del niño o adolescente, sino de la disponibilidad de tiempo, dinero e información para completar un procedimiento extranjero. No significa que el registro carezca de controles: la documentación será revisada y verificada antes de avanzar con el procedimiento en coordinación con el Gobierno del Estado.
La identidad mexicana antes de que surja la urgencia
La campaña busca evitar que la falta de documentos se convierta en un problema visible sólo cuando la familia necesita resolver una inscripción escolar, una atención institucional, un traslado o un trámite de viaje. Un menor nacido en Estados Unidos de padres mexicanos puede tener derecho a la nacionalidad mexicana, pero ese derecho necesita traducirse en un registro y en documentos utilizables para operar plenamente en la vida cotidiana del país.
La diferencia entre tener un acta estadounidense y contar además con un registro mexicano no es meramente simbólica. La primera acredita el nacimiento en el país vecino; la segunda permite integrar al menor a los sistemas documentales mexicanos. Sin CURP y sin acta mexicana, cada gestión posterior puede requerir explicaciones adicionales, requisitos extraordinarios o demoras que afectan de forma desproporcionada a familias en movilidad.
Vázquez Valadez planteó que la regularización permitirá a los menores mantener completa su información para cuando requieran un trámite mexicano, incluso un pasaporte. El énfasis en resolver el registro antes de una necesidad concreta refleja una lógica preventiva: la documentación suele ser sencilla de posponer, pero se vuelve urgente cuando está ligada a una fecha límite o a un derecho que no admite espera.
Una respuesta a la dinámica de una ciudad fronteriza
Tijuana concentra una realidad familiar distinta a la de muchas ciudades del país. La cercanía con Estados Unidos favorece que numerosos hogares mantengan vínculos laborales, escolares y familiares a ambos lados de la frontera. En ese contexto, el nacimiento de un hijo en territorio estadounidense no necesariamente implica que su vida se desarrollará fuera de México; muchos menores residen, estudian o se trasladan de forma habitual en Baja California.
Por ello, la doble nacionalidad no debe leerse únicamente como una facilidad para viajar. Es una herramienta de certeza jurídica para menores cuya experiencia cotidiana puede estar distribuida entre dos países. La falta de registro mexicano puede volver más frágil esa condición transfronteriza, porque deja a la familia con un documento válido en un país pero insuficiente para ciertos procedimientos del otro.
La previsión de miles de trámites durante la campaña muestra que no se trata de casos aislados. También revela una acumulación de registros pendientes que probablemente responde a la complejidad del requisito de apostilla, al desconocimiento de los procedimientos o a la prioridad que las familias suelen dar a necesidades más inmediatas. Una ventanilla temporal puede destrabar esa acumulación, siempre que la información llegue a quienes la necesitan y que la capacidad de atención sea suficiente.
El reto comienza después del registro
El éxito de la campaña no debería medirse sólo por el número de actas expedidas en septiembre. Su valor real estará en que los menores puedan utilizar su nueva documentación sin obstáculos en escuelas, servicios, programas y futuras gestiones oficiales. Para ello, la coordinación entre Registro Civil, Gobierno del Estado y dependencias que utilizan la CURP resulta tan importante como la recepción inicial de papeles.
También será relevante que las familias revisen con anticipación la vigencia y consistencia de sus documentos. Errores en nombres, fechas o datos personales pueden retrasar procesos posteriores, aun cuando el registro se haya realizado. La campaña reduce una exigencia clave, pero no sustituye la necesidad de presentar información completa y verificable.
Al facilitar el registro de menores nacidos en Estados Unidos, Tijuana convierte una condición frecuente de su frontera en una política de acceso a derechos. La medida no modifica la nacionalidad por sí sola, sino que acerca a las familias al reconocimiento documental de un vínculo que ya les corresponde. En una ciudad marcada por la movilidad, asegurar esa identidad desde la infancia reduce incertidumbres y ofrece una base más estable para ejercer derechos en ambos países.
