La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud del presidente Donald Trump de revisar la sentencia civil que lo obliga a pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación. La decisión, anunciada el lunes sin motivación escrita ni votos disidentes públicos, cierra de manera definitiva el primer proceso judicial derivado de las acusaciones formuladas por Carroll en 2019.
El veredicto original, dictado por un jurado federal en mayo de 2023, estableció que Trump agredió sexualmente a Carroll en un probador de la tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y que posteriormente difamó a la demandante al calificar sus declaraciones como “una estafa total”. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó esa resolución en diciembre de 2024, tras lo cual Trump elevó el asunto al máximo tribunal del país.
Una ley estatal que amplió el plazo para demandar
El caso llegó a los tribunales gracias a una ley aprobada por el estado de Nueva York en 2022 que permitió, durante un año, presentar demandas por agresiones sexuales aunque hubiera prescrito el plazo ordinario. Carroll, de 82 años, presentó su demanda dentro de ese período excepcional. Trump ha cuestionado repetidamente la constitucionalidad de esa norma, argumentando que se diseñó específicamente para permitir acciones en su contra. Sin embargo, los tribunales inferiores rechazaron esa línea de defensa y la Corte Suprema no consideró necesario intervenir.
Evidencia presentada y argumentos de la defensa
Durante el juicio, el jurado escuchó el testimonio de dos mujeres adicionales que relataron agresiones similares por parte de Trump, así como el fragmento de la grabación del programa Access Hollywood en el que el entonces candidato presumía de tocar a mujeres sin consentimiento. Los abogados de Trump sostuvieron que esas pruebas eran antiguas, no verificadas y ajenas al caso concreto, y que su admisión vulneró el derecho a un juicio justo. Tanto el tribunal de primera instancia como la corte de apelaciones consideraron que la evidencia era pertinente para establecer un patrón de conducta y que no alteró el resultado del proceso.
Reacciones y declaraciones posteriores
Tras conocerse la decisión, Trump publicó en redes sociales que se trataba de “un caso falso” y anunció que continuaría litigando el segundo juicio, en el que un jurado le impuso en enero de 2024 una indemnización de 83,3 millones de dólares por difamación posterior al primer veredicto. Carroll, por su parte, celebró el fallo en su cuenta de Substack con las palabras “¡Ganamos! Esta victoria es para todas las mujeres del mundo”. Su abogada, Roberta Kaplan, señaló que la resolución “confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado”.
Un segundo caso aún pendiente
Los abogados de Trump han manifestado su intención de solicitar también la revisión del segundo fallo por parte de la Corte Suprema. Ese proceso, derivado de declaraciones realizadas por Trump en 2019 después de que Carroll lo acusara de violación, sigue su curso independiente. La decisión de la Corte Suprema sobre el primer caso no determina automáticamente el resultado del segundo, aunque comparte el mismo núcleo fáctico y muchas de las mismas pruebas.
Contexto más amplio de las apelaciones presidenciales
La negativa del máximo tribunal se produce en un momento en que Trump ha enfrentado varios reveses judiciales relacionados con su ejercicio del poder, incluida una decisión de febrero que limitó su capacidad para imponer aranceles mediante facultades de emergencia. Aunque el presidente ha criticado públicamente a algunos magistrados, la Corte Suprema ha mantenido una postura de no intervención en este asunto civil, lo que refuerza la independencia del sistema judicial frente a intentos de revisión política de veredictos de jurado.
El fallo definitivo en el primer caso deja en pie la obligación de Trump de abonar los cinco millones de dólares más intereses acumulados. Más allá del resultado económico, la resolución consolida un precedente sobre la admisibilidad de evidencia de conducta previa en litigios civiles por agresión sexual y sobre los límites de las apelaciones presidenciales en asuntos que no involucran inmunidad oficial.
