El abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzain reclamó poner fin a la impunidad de los dirigentes que, según sostiene, integran el grupo que denomina “socialismo del siglo XXI”, “castrochavismo” o “comunismo del siglo XXI”. En un artículo publicado el 31 de agosto de 2026, afirmó que la permanencia de estructuras de poder en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela impide, a su juicio, consolidar la libertad y la seguridad en las Américas.
Sánchez Berzain atribuyó a ese grupo más de 25 años de corrupción, narcoterrorismo, violaciones de derechos humanos, masacres, torturas, asesinatos, persecución política, migraciones forzadas, tráfico de personas, abuso de menores y terrorismo de Estado, entre otros delitos. Las acusaciones forman parte de su argumentación política y jurídica, y no aparecen acompañadas en el texto por un expediente judicial único que las reúna.
Como fundamento, citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo. El artículo 2, inciso a, define como grupo delictivo organizado a una estructura de tres o más personas que actúa concertadamente durante cierto tiempo para cometer delitos graves con el objetivo de obtener beneficios económicos o materiales.
El autor sostuvo que esa definición se aplicaría al grupo que, según su versión, fue organizado y ampliado públicamente desde 1999 por Hugo Chávez, Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva. También vinculó con ese proyecto a los gobiernos de Venezuela durante las administraciones de Chávez y Nicolás Maduro, Nicaragua bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo, Bolivia durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, y Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa.
En el resto de la región, mencionó a gobiernos y dirigentes que calificó de “paradictatoriales”, entre ellos los Kirchner en Argentina, Alejandro Toledo en Perú, Fernando Lugo en Paraguay, Gabriel Boric en Chile, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, y Gustavo Petro en Colombia. Según el articulista, estas estructuras modificaron constituciones, leyes, códigos, procedimientos e instituciones, y colocaron operadores o cómplices en áreas públicas y judiciales.
Entre los elementos que presentó como indicios incluyó la situación de “narcoestados” que atribuye a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador; la presencia de territorios afectados por el narcotráfico en México, Argentina, Colombia y Brasil; y el caso Lava Jato, que describió como un sistema criminal financiado con fondos federales brasileños y relacionado con el eje La Habana-Caracas-Brasilia.
El texto también citó a presos y exiliados políticos, personas despojadas de sus bienes y asesinatos selectivos, como los de Fernando Villavicencio en Ecuador y el teniente Ronald Ojeda en Chile. Como avances recientes, Sánchez Berzain mencionó la captura de Nicolás Maduro, el incremento de las acciones contra el narcoterrorismo, la presión para extraditar criminales y una mayor coordinación internacional contra las estructuras que identifica como narcoestados.
Sin embargo, afirmó que la jefatura del grupo permanece intacta en Cuba, mientras opera libremente en Nicaragua, conserva estructuras en Bolivia y resiste en Venezuela. Sánchez Berzain, director del Interamerican Institute for Democracy, concluyó que “con impunidad no hay democracia” y pidió que los responsables de esas estructuras sean sometidos a procesos que pongan fin a su inmunidad política.
