La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la compra de dos departamentos por un valor conjunto de 22.4 millones de pesos, realizada de contado por Carlos Ulloa, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), se efectuó conforme a la ley. La declaración presidencial se produjo después de que se difundieran detalles sobre las operaciones inmobiliarias y los viajes internacionales registrados por el funcionario.
Durante una actividad pública en Cuernavaca, Morelos, al término del primer acto de su gira nacional para informar sobre los avances de su administración en el marco de su II Informe de Gobierno, la mandataria fue cuestionada directamente sobre las adquisiciones. “Todo es legal”, respondió al preguntársele si Ulloa ya le había informado sobre la compra de los inmuebles.
Ante la insistencia sobre si también era legal que las operaciones se hubieran realizado en efectivo, Sheinbaum contestó que la información se encontraba incluida en la declaración patrimonial del funcionario. La respuesta coloca el expediente en el terreno de la revisión administrativa y fiscal: la existencia de una declaración pública constituye un elemento de transparencia, pero no sustituye por sí misma una verificación sobre el origen de los recursos, la valuación de los bienes o el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Dos operaciones por 22.4 millones de pesos
De acuerdo con la información divulgada, Carlos Ulloa reportó la adquisición de dos departamentos entre 2020 y 2023, aunque el detalle patrimonial citado ubica una de las compras en 2020 y otra dos años después. El primer inmueble habría tenido un valor de 7.4 millones de pesos y fue pagado de contado. La segunda operación, también liquidada en efectivo, ascendió a 15 millones de pesos.
El monto acumulado equivale a una operación patrimonial relevante para un servidor público, especialmente porque ambas adquisiciones se efectuaron sin recurrir a un crédito hipotecario, al menos según los datos conocidos. Esa característica no determina por sí sola la existencia de una irregularidad, pero sí incrementa la importancia de que las autoridades puedan acreditar la procedencia lícita del dinero y la correspondencia entre los ingresos declarados, los ahorros, las inversiones y las obligaciones financieras del funcionario.
Ulloa ocupó anteriormente el cargo de secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y actualmente encabeza Birmex, empresa pública vinculada con la adquisición, distribución y administración de medicamentos y productos biológicos. Por la naturaleza estratégica de la institución, cualquier señalamiento relacionado con el patrimonio de su director puede adquirir una dimensión política adicional y afectar la percepción pública sobre los controles internos del gobierno.
La defensa presidencial y el estándar de transparencia
Sheinbaum también afirmó, durante el acto público, que en su gobierno “no hay corrupción y hay honestidad”. La declaración forma parte del eje discursivo con el que la administración busca diferenciarse de prácticas de gobiernos anteriores y sostener que la austeridad, la rendición de cuentas y la vigilancia patrimonial son principios centrales del servicio público.
Sin embargo, la discusión sobre los departamentos no se limita a determinar si los bienes aparecen o no en un formato oficial. Una revisión completa tendría que considerar la fecha exacta de cada compra, el precio declarado, la forma concreta de pago, los ingresos percibidos por Ulloa durante esos años y las eventuales fuentes adicionales de financiamiento. También sería necesario establecer si las operaciones fueron notificadas conforme a las reglas aplicables y si los valores reportados coinciden con los registros notariales y fiscales correspondientes.
La diferencia entre “estar declarado” y “estar plenamente esclarecido” es relevante. Las declaraciones patrimoniales permiten identificar movimientos significativos y sirven como punto de partida para una auditoría, pero la transparencia efectiva depende de que la información sea verificable y de que existan mecanismos capaces de detectar inconsistencias. En ese sentido, la respuesta presidencial ofrece una posición política clara, aunque no aporta detalles técnicos sobre las operaciones.
Los viajes internacionales añaden presión al caso
La información difundida también señala que, con base en registros migratorios, el titular de Birmex realizó 19 entradas y salidas del país durante los últimos cuatro años. Entre los destinos mencionados se encuentran Nueva York y Miami, en Estados Unidos; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia.
La movilidad internacional, por sí misma, no constituye evidencia de una conducta indebida. Los viajes pueden responder a motivos laborales, familiares o personales y no existe, con los datos disponibles, una relación demostrada entre esos desplazamientos y la compra de los departamentos. No obstante, la incorporación de esta información amplía el escrutinio público sobre el patrimonio y el estilo de vida del funcionario, sobre todo cuando coincide con adquisiciones inmobiliarias de alto valor pagadas de contado.
Para que ese dato tenga relevancia administrativa, tendría que vincularse con información adicional: la finalidad de los viajes, quién cubrió los gastos, si fueron reportados cuando correspondía y si existe alguna relación con proveedores, contratistas o actividades bajo la responsabilidad de Birmex. Sin esos elementos, los registros migratorios funcionan como contexto, pero no como prueba concluyente.
Qué puede definir la controversia
El caso podría perder fuerza si la documentación patrimonial, notarial y fiscal confirma que las adquisiciones fueron realizadas con recursos declarados y compatibles con los ingresos del funcionario. En cambio, cualquier diferencia entre las cifras reportadas, los documentos de compraventa y la capacidad económica acreditada podría abrir la puerta a revisiones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, del Servicio de Administración Tributaria o de otras instancias competentes.
La reacción del gobierno también será observada por el mensaje que envíe a otros servidores públicos. Una defensa basada únicamente en la legalidad formal puede resultar insuficiente para una ciudadanía que exige explicar no solo qué se declaró, sino cómo se obtuvo el dinero y bajo qué condiciones se concretaron las operaciones. La exigencia central no es impedir que un funcionario adquiera bienes, sino garantizar que esas adquisiciones sean trazables, justificables y ajenas a conflictos de interés.
Por ahora, Sheinbaum sostiene que las compras de Carlos Ulloa fueron legales y que están asentadas en su declaración patrimonial. El siguiente punto de verificación será la disponibilidad de información detallada y la eventual intervención de las autoridades fiscalizadoras, cuya revisión determinará si se trata de operaciones patrimoniales debidamente sustentadas o de un asunto que requiere aclaraciones adicionales.
