La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa de reforma constitucional para impedir que una persona con doble nacionalidad pueda aspirar a la Presidencia de la República o a una gubernatura, salvo que renuncie a su segunda nacionalidad y sea mexicana por nacimiento. El anuncio, hecho mientras hablaba del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, abrió cuestionamientos sobre el alcance jurídico y político de una medida cuyos requisitos ya tienen antecedentes en la Constitución.
Los artículos 32 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contienen disposiciones sobre el acceso a determinados cargos públicos por parte de mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad. Tras el anuncio presidencial, el área jurídica del gobierno precisó que el propósito de la reforma sería exigir la renuncia a la segunda nacionalidad a quienes busquen la Presidencia o una gubernatura.
Cuestionamiento por normas privativas
El constitucionalista Elisur Arteaga Nava considera que la propuesta sería “privativa” y “excluyente” al dirigirse a un grupo específico de ciudadanos mexicanos. En entrevista con Proceso, sostuvo que las leyes privativas están prohibidas por la propia Constitución y advirtió que una modificación de este tipo podría plantear asuntos de retroactividad.
Para Arteaga Nava, maestro de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Autónoma Metropolitana, el debate no se limita al requisito para dos cargos. Señaló que, si se reforman varias disposiciones constitucionales, el criterio podría extenderse a otros puestos de representación y de gobierno. Entre los artículos que mencionó están el 55, relativo al Congreso de la Unión; el 82, sobre la Presidencia; el 93, vinculado con secretarios de Estado; y los artículos 102, 116 y 122, relacionados con autoridades judiciales, fiscalías y cargos locales.
El trasfondo político señalado por el especialista
El jurista afirmó que la iniciativa tendría el efecto de reducir el número de adversarios políticos con posibilidades de competir por cargos relevantes. Según su interpretación, la medida no estaría orientada de manera general contra personas con distintas nacionalidades, sino principalmente contra mexicanos que también tienen ciudadanía estadounidense.
Arteaga Nava pidió cuestionar desde ahora una posible reforma de carácter restrictivo. A su juicio, permitir que se acumulen medidas de exclusión podría facilitar nuevas restricciones a los derechos políticos de sectores de la ciudadanía. También señaló que, aunque una disposición llegue a incorporarse al texto constitucional y sea formalmente válida, la prohibición de normas privativas forma parte de principios reconocidos en el sistema jurídico universal.
Soberanía y contexto del anuncio
Sheinbaum ha presentado el tema bajo el argumento de la soberanía nacional. Arteaga Nava calificó esa explicación como un “buen pretexto” y sostuvo que podría colocar en desventaja a mexicanos que buscan ejercer derechos políticos pese a contar con otra nacionalidad.
El anuncio ocurre mientras integrantes y figuras cercanas al partido gobernante enfrentan señalamientos procedentes de Estados Unidos. La nota menciona acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico que alcanzan a Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y a funcionarios y exfuncionarios de su administración. También alude a la cancelación de visas estadounidenses a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, y a Andrés Manuel López Beltrán, quien aspira a una diputación federal.
Al referirse a otros asuntos políticos, como el ingreso de agentes estadounidenses a operativos contra el narcotráfico en Chihuahua o el desafuero del priista Alejandro Moreno, Arteaga Nava consideró que el gobierno busca distraer la atención. La iniciativa anunciada aún tendría que ser presentada formalmente, discutida y votada por el Congreso antes de que pudiera modificar el marco constitucional.
